Iglesia rica, curas pobres

Las retribuciones de los sacerdotes se complementan con lo obtenido en los cepillos o con las limosnas y estipendios que los fieles entregan a los ministros del culto como contraprestación de los actos litúrgicos, a pesar de que los aranceles quedaron suprimidos hace años y, en teoría, todos los servicios eclesiales son gratuitos. La emotividad de un bautizo, de un casamiento o de una defunción encauza muchas veces los sentimientos religiosos por la vertiente de la generosidad económica hacia quien dispensa bienes espirituales tan apreciados.Depende de cada caso concreto que el sacerdote aplique los resultados financieros de esas efusiones religiosas a mejorar su patrimonio personal o a satisfacer necesidades de la feligresía o de los prójimos. De todos modos, como la Iglesia tiene respuesta para todo y uno de sus axiomas es que "la caridad bien entendida empieza por uno mismo", la situación de pobreza formal en que la Conferencia Episcopal mantiene a sus ministros constituye una tentación permanente -en la que seguramente no cae ningún sacerdote con sentido evangélico- de convertir en fuente personal de ingresos la devoción de los fieles. Unos sueldos dignos y suficientes, sufragados y controlados por la comunidad parroquial, y la prohibición absoluta de complementar la retribución con ningún tipo de limosna, ayuda o estipendio, contribuiría a la dignificación de los sacerdotes, en opinión de muchos cristianos de base.

En contraste con esa carencia de sus ministros, la Iglesia funciona, a efecto de transacciones exteriores y de movimiento de divisas, según fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, como una multinacional. La Conferencia Es pañola de Religiosos y Religiosas (Confer), por ejemplo, cuenta con un cupo anual de salidas de divisas superior a los 1.000 millones de pesetas, que se incrementa cada año según el aumento del índice de precios al consumo. La Iglesia ha solicitado reiteradamente que se levante este techo. Otra vía de salida de divisas es el cupo de la propia Conferencia Episcopal. La necesidad de no sobrepasar el cupo de 1982 fue la razón de que el sobrante de lo recogido con motivo de la visita del Papa se entregara como donativo a un diario madrileño.

"Pobres, pero no míseros"

El obispo de Vallecas, Alberto Iniesta, no cree que los sueldos del clero sean tan escasos. Él, que ha renunciado a su retribución de obispo ("yo parto de la idea de que el estómago de todos es igual") y cobra como un presbítero más asegura: "Vivimos con sobriedadcomo consecuencia de una pobreza aceptada voluntariamente y que en ningún caso debe confundirse con una situación de miseria". Añade que la falta fe cargas familiares y lasventajas de la casaparroquial o el ahorro de la vida en común de varios sacerdotes aminoran notablemente las necesidades.Alberto Iniesta acepta que hay sacerdotes que se vean obligados a acudir a la limosna de los fieles aunque a él no se le ocurre cobrar por los servicios religiosos. "Si los seglares vienen a misa gratis ¿cómo voy a cobrar yo por participar en la celebración eucarística?". En su opinión, no hay gran diferencia entre unos y otros curas -los párrocos cobran igual que los coadjutores, excepto la diferencia de trienios-, ni entre los de Vallecas y, por ejemplo, los de zonas ricas comoel madrileño barrio de Salamanca: "Creo que en este aspecto se aplica la filosofía de la comunicación de bienes. Existe una caja de compensación, a la que todas las parroquias aportamos lo que podemos, y después pedimos según las necesidades de nuestras feligresías. Lo que sobra a unos se entrega a otros. Puede haber algún caso de ahorrar pensando en la vejez, pero creo que esas situaciones son las menos".

Según datos facilitados a este periódico por el sacerdote Bernardo Herráez, encargado de las finanzas de la Iglesia espailola, las percepciones de los obispos y sacerdotes, incrementadas para 1984 en el 6,5% respecto a las del año anterior -de forma paralela a las remuneraciones de los funcionarios y de acuerdo con el incremento de la dotación presupuestaria real¡zada por el Estado-, son, en términos globales, las siguientes: los obispos perciben un sueldo rriensual de 65.604 pesetas y los sacerdotes de 27.690 pesetas.

Aunque estas cantidades sólo se perciben las 12 mensualidades ordinarias y las dos pagas extraordinarias son algo más reducidas, en el cuadro adjunto se ha calculado a razón de 14 pagas del mismo importe. Igualmente, aunque entre los 91 obispos y los 23.500 sacerdotes con que cuenta la Iglesia española algunos están jubilados y perciben cantidlades inferiores en concepto de pensiones, en el cuadro se han unificado todas las percepciones, de acuerdo con el criterio de Herráez, según el cual "en cantidades tan pequeñas, poco se puede reducir". La Conferencia Episcopal se ahorra también los sueldos de los sacerdotes que perciben en nómina, por otras ocupaciones, cantidades superiores a las 40.000 pesetas mensuales. "A éstos sólo se les paga una gratificación de 2.000 pesetas", informa Herráez.

A pesar de despreciar estas cantidades deducibles y de haber realizado los cálculos y los redondeos, como el del importe de la Seguridad Social, al alza, la distribución de la asignación estatal para el clero que proyecta realizar la Conferencia Episcopal para 1984 arroja un sobrante superior a los 58 millones de pesetas. Hay que tener en cuenta que la dotación que el Estado transfiere actualmente de forma global a la Conferencia Episcopal sustituye a las dotaciones que tradicionalmente pagaba el Ministerio de Justicia individualizadamente a cada obispo o sacerdote, quienes seguramente saldrían beneficiados si se volviera a esta forma de retribución directa.

El 'sobrante' y los 'agujeros'

Por supuesto que ese sobrante no es tal en cuanto la Iglesia tiene numerosos agujeros donde echar cualquier excedente de dinero. Se gún el propio Herráez, en 1983 se dedicaron 224 millones de pesetas a la Confer, Universidad Pontificia de Salamanca y Conferencia Episcopal; 134 millones para las universidades eclesiásticas; 490 millones para actividades pastorales, y 177 millones de pesetas para gastos patrimoniales. En 1984, estas cantidades serán similares. Por otra parte, los casi 45 millones de pesetas que aporta el Estado para conservación de templos son a todas luces insuficientes, "con unas iglesias", dice Herráez, "que se están cayendo". Hay que sacar dinero de otros sitios para que los templos se mantengan en pie.Pero ése es un problema de la Iglesia, que también cuenta con fuentes de recursos propias. La Conferencia Episcopal recibió de las diócesis, para 1983, una aportación de unos 900 millones de pesetas, y para el próximo año esta aportación probablemente superará los 1.000 millones, sin contar otros rendimientos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Iglesia. Bernardo Herráez se negó a facilitar otros datos del presupuesto para 1984 o de los criterios de constitución y distribución del fondo común interdiocesano, que a partir de mañana, lunes, comenzarán a ser estudiados por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. "Lo que hay ahora es un proyecto que debe ser conocido, debatido y aprobado por los obispos antes de que yo pueda decir nada sobre su contenido a la prensa", dijo.

En todo caso, lo que al ciudadano le importa es qué se hace con su dinero, esto es, con las pesetas que el Estado entrega a la Iglesia para el sostenimiento del clero y de los templos, en sustitución de las transferencias "por piezas eclesiásticas" que realizaba la antigua Dirección General de Asuntos Eclesiásticos antes de 1978. Como explica el actual director general de Asuntos Religiosos, Gustavo Suárez Pertierra, desde la vigencia de los acuerdos con la Santa Sede, suscritos en 1979, la filosofía con que se realiza la consignación global elimina la vieja concepción del Concordato de 1953, que justificaba la dotación económica en el pago de la desamortización y la establecía como fórmula provisional "hasta tanto se pudiera reconstruir el patrimonio eclesiástico".

El 'impuesto religioso', inédito

En los acuerdos con la Santa Sede se especifica que "el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas contraídas en el pasado". Los acuerdos prevén un proceso hacia la auto financiación de la Iglesia que pasa por un período transitorio de tres años -en principio, 1980, 1981 y 1982-, durante los cuales el Estado "podría" asignar a la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, mediante la manifestación expresa de cada contribuyente sobre el destino deseado para dicho porcentaje. En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente se destinaría a otros fines.El importe obtenido por este procedimiento, mal llamado impuesto religioso, aminoraría la aportación global del Estado a la Iglesia hasta tanto la sustituyera totalmente. Ni los Gobiernos centristas ni el Gobierno socialista han puesto en marcha estas previsiones de los acuerdos con la Santa Sede. En este momento están muy avanzados los trabajos de los departamentos de Justicia y Hacienda, pero, según el director general de Asuntos Religiosos, "se trata de una decisión política que el Gobierno no ha considerado oportuno adoptar todavía".

Para Bernardo Herráez, la razón de la no implantación del impuesto religioso reside en la falta de un acuerdo gubernamental con las otras confesiones religiosas. Precisamente el próximo día 5 de diciembre la Comisión Asesora de Libertad Religiosa -integrada por expertos gubernamentales y representantes de la Iglesia católica y de las confesiones israelí, evangélica, musulmana y ortodoxa- estudiará el concepto "notorio arraigo en España", exigido le almente para que el Estado establezca acuerdos con las confesiones religiosas.

El problema de la posible inconstitucionalidad de una declaración fiscal que conculcaría el derecho a no declarar sobre la ideología, religión o creencias no es considerado un obstáculo serio por el Gobierno. Suárez Pertierra recuerda que lo que la Constitución impide es obligar a declarar, pero no hacerlo voluntariamente. Asimismo, estima que la solución alternativa ofrecida, consistente en exenciones fiscales a los miembros de las confesiones con las que pactara el Estado, presenta el mismo riesgo de la constancia oficial de la religión profesada. El valor del impuesto religioso residiría en que ofrecería una radiografla religiosa de la sociedad española. "Sería un test colectivo que a lo mejor nos proporcionaba muchas sorpre sas", manifiesta el obispo Iniesta.