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El Estado elevará el coeficiente de fondos públicos para sufragar la reconstrucción del País Vasco

El Ministerio de Economía y Hacienda aprobará una orden por la que se eleva el coeficiente de fondos públicos en torno a medio punto, con el fin de obtener los fondos necesarios -50.000 millones de pesetas- para cumplir los compromisos asumidos por el Gobierno para la reconstrucción del País Vasco, tras la riada sufrida en los últimos días de agosto.La decisión es consecuencia de la negativa general de la banca privada y de las cajas de ahorro no vascas a suscribir títulos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por ese importe. Por otra parte, para hoy, viernes, está prevista la firma del aseguramiento de una emisión de 3.000 millones de pesetas de deuda pública del País Vasco por parte de la gran banca y las cajas de ahorro de la zona.

En la actualidad, el coeficiente de fondos públicos alcanza al 13% del pasivo de la banca privada y al 26,75% de las cajas de ahorro.

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La banca privada y las cajas aseguran una emisión de deuda del País Vasco

Viene de la primera página

Los siete grandes bancos nacionales -Central, Banesto, Hispano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular-, a los que se suman el Guipuzcoano y el Industrial de Guipúzcoa, las seis cajas de ahorro vascas, además de la Caja Laboral y la Rural de Vizcaya, firmarán hoy el compromiso de aseguramiento de una emisión de 3.000 millones de pesetas de deuda pública de la comunidad autónoma vasca a tres años de amortización, con un tipo de interés del 12,75% y la posibilidad de acogerse a la desgravación fiscal del 15%. La comisión que percibirán las instituciones financieras por asegurar esta emisión es del 2,5%.

El Banco de Bilbao asegura 278 millones de pesetas y el Vizcaya 256 millones. El Balico Central, Banesto y el Hispano han asumido un compromiso de 136 millones, casi misma cantidad que el Guipuzcoano; el Santander y el Popular se han quedado con 118 millones. Las cajas de ahorro vascas aseguran en conjunto 1.350 millones de pesetas, mientras que la Caja Laboral se encarga de 270 millones y la Rural de Vizcaya, de los 30 millones restantes. La decisión de la banca privada y'de las cajas de ahorro de no suscribir los pagarés del ICO en las condiciones ofrecidas por la Administración muestra, en opinión de algunos sectores oficiales, que las instituciones financieras prefieren que se tomen medidas de elevación de los coeficientes antes que la consecución de acuerdos más o menos voluntarios entre las partes.

La negativa de la banca privada y de las cajas de ahorro a aceptar la propuesta inicial, forzando a la elevación del coeficiente de fondos públicos, se interpreta en algunos medios oficiales como una decisión de esas entidades para que el Gobierno cargue con el previsible coste político que implica una postura de este tipo. A cambio, recibirán por estos nuevos recursos cautivos del sistema financiero una remuneráción algo menor que la que habrían conseguido si se hubiera logrado un acuerdo.

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