Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

¿El fin de la política en el País Vasco?

EL SECUESTRO de José Cruz Larrañaga, industrial de Beasain, y el asesinato de un camarero en Bilbao disipan cualquier duda acerca de la impermeabilidad de las bandas armadas ante las condenas de las fuerzas políticas o el anuncio por el Gobierno de un reforzamiento, en los ámbitos penal, procesal y penitenciario, de las medidas antiterroristas. Hace días, José María Benegas, candidato del PSE-PSOE a la presidencia del Gobierno vasco en las próximas elecciones autonómicas, logró transmitir en Televisión Española el drama que significa para los propios vascos ese clima cotidiano de violencia y de intolerancia.La intervención del diputado guipuzcoano fue convincente al evocar la escalada de asesinatos y atentados que endurecen y degradan la sensibilidad moral de la ciudadanía. Sin embargo, el acierto de Benegas al esbozar el panorama del País Vasco no se extendió al análisis de los problemas y a la propuesta de las soluciones. Nadie duda de que un Estado democrático debe poner en práctica una estrategia eficaz para combatir y anular al terrorismo. Las dificultades surgen, empero, a la hora de comprender la naturaleza del fenómeno terrorista y de aplicar las fórmulas adecuadas para su erradicación.

Al replicar a quienes postulan el carácter indisociable de las medidas policiales y de las medidas políticas, el Gobierno realiza a veces una descalificación caricaturesca de sus críticos. No basta con proclamar la necesidad de la acción policial, desarrollada dentro del marco del ordenamiento constitucional y basada en buenos servicios de información, para erradicar el terrorismo. Hay que reconocer también que esa labor, pese al sacrificio. de tantos miembros de las fuerzas de orden público, ha carecido hasta ahora de la planificación y la eficacia necesarias para hacer frente a ese formidable desafío. Las voces que, dentro o fuera del partido del Gobierno, reclaman procedimientos de guerra sucia no sólo están invitando a la democracia española a renunciar a sus principios y a practicarse la eutanasia, sino que también están renunciando por anticipado al objetivo de dotar a nuestro país de una eficaz policía democrática. No se trata de matar a los etarras, como algunos miembros de la mayoría aconsejan en voz baja, sino de conseguir que los etarras dejen de matar. La llamada guerra sucia, además de destruir jurídicamente al Estado de derecho y degradar moralmente a los titulares de sus órganos, reproduciría, en el nivel político, los mismos mecanismos que llevaron antaño a sectores significativos de la sociedad vasca a dar su apoyo a ETA.

La ilegalización expresa de Herri Batasuna y de los partidos que forman esa coalición o el cierre de la Prensa simpatizante con sus opciones no parecen decisiones adecuadas para conseguir el aislamiento social de los terroristas. Entre otras cosas, Herri Batasuna, que obtuvo 140.000 votos en las últimas elecciones municipales de la comunidad autónoma, no es un bloque monolítico compuesto por secuaces de la violencia, sino un complejo movimiento populista. La manifestación del pasado sábado en Bilbao mostró que detrás de ese movimiento hay una organización y una disciplina políticas y que la calle puede ser movilizada en muchas direcciones. Resulta seguramente desagradable la admisión de estos hechos, pero si se quiere recorrer el camino de la paz en Euskadi es necesario partir de su existencia.

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La declaración del estado de excepción en el País Vasco, posibilidad no descartada totalmente en Televisión Española por José María Benegas, no sólo resultó ineficaz durante el anterior régimen, sino que contribuyó decisivamente a ampliar los apoyos sociales de ETA bajo el franquismo. El nuevo director general de la Guardia Civil, que desempeñó el cargo de delegado del Gobierno en el País Vasco hace tres años, se ha pronunciado claramente en contra de esa eventualidad. Aparte de ello, los terroristas han demostrado su capacidad para actuar en el resto del territorio nacional, lo que podría conducir, siguiendo la misma lógica, a extender el ámbito de la excepcionalidad a toda España.

En su intervención en el Congreso, el presidente González consideró clausurada la etapa de las medidas políticas, tal vez por identificarlas exclusivamente con el traspaso de competencias a la comunidad vasca. Ahora bien, hacer política no es algo que pueda circunscribirse a las actuaciones administrativas. La reciente respuesta del Gobierno ante la sostenida ofensiva terrorista es también una contestación política, que incluso prevé la eventualidad de medidas tan escasamente policiales como son la ilegalización de partidos y el cierre de periódicos. Pese al lento socavamiento de su base social, ETA cuenta todavía con apoyos significativos en el País Vasco. ¿Servirán, tal vez, las medidas policiales o las medidas políticas de signo meramente represivo para mermar ese soporte social? ¿O es que el rechazo de otra política posible, como la que permitió el desarme y la disolución de ETA-VII Asamblea, responde sólo a un agotamiento de la imaginación del Gobierno?

El Gobierno de la comunidad autónoma vasca, por su parte, ha respondido a los requerimientos del presidente González con la petición de que sea transferida al Ejecutivo de Vitoria la coordinación policial para combatir el terrorismo. La falta de confianza mutua entre el Gobierno de la nación y las instituciones autonómicas vascas hace, hoy por hoy, muy difícil que esa propuesta sea admitida. Además de que la estrategia antiterrorista también tiene que desplegarse fuera del territorio de la comunidad autónoma, no parece que las redes de información del Ministerio del Interior pudieran ser entregadas actualmente al Gobierno de Vitoria.

Benegas aludió en Televisión Española a las negativas repercusiones que han tenido sobre las relaciones entre las fuerzas políticas vascas la multiplicación de convocatorias ante las urnas (cinco entre diciembre de 1978 y marzo de 1980) y la expectativa de los inminentes comicios autonómicos. El electoralismo puede producir sus mayores estragos precisamente allí donde las ambigüedades programáticas y doctrinales de los partidos son un reflejo de sus bases sociales. Las críticas dirigidas contra la ambigüedad del PNV no carecen de fundamento. Sin embargo, la equivocidad pertenece al lenguaje de casi todos los políticos, incluidos los socialistas, y cumple la función -más allá de la eventual hipocresía de quienes emiten los mensajes- de conseguir la adhesión de votantes con lealtades divididas, sentimientos confusos o emociones contradictorias. Los esfuerzos por arrinconar al PNV y por situar contra las cuerdas al Gobierno vasco nos siguen pareciendo una estrategia desacertada, electoralista y recusable en el conjunto de las medidas políticas que los socialistas pueden tomar para contribuir a la pacificación de Euskadi.

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