Nadie cobrará una pensión superior a 187.950 pesetas, según una enmienda del Congreso

El grupo socialista introdujo ayer dos enmiendas de gran repercusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1984, que hoy terminará de ser dictaminado en comisión y el próximo martes pasará al Pleno del Congreso de los Diputados. Si esas modificaciones prosperan en los siguientes trámites parlamentarios, la Seguridad Social no pagará a ninguna persona más de 187.950 pesetas mensuales, por una o varias pensiones. Asimismo, integrará a todos los montepíos o cajas de empresas con mayoría pública. Para miles de jubilados y empleados de bancos oficiales, Tabacalera, Telefónica o Campsa, por ejemplo, ello supone fuertes recortes de ingresos. Hay pensiones superiores a 350.000 pesetas.

La oposición conservadora, que argumentó extensamente en contra del tope, apenas expresó interés en la enmienda verbal socialista que pretende la integración de dichas cajas de pensiones en la Seguridad Social. El asunto, sin embargo, se perfila como uno de los temas estelares del pleno, junto a los relativos a impuestos, reparto del dinero para ayuntamientos y autonomías, y distribución de la subida salarial para funcionarios.Tanto el Grupo Popular como la Minoría Catalana habían presentado enmiendas escritas contra la propuesta gubernamental que originó luego la enmienda socialista: el paso a la Seguridad Social dela Mutualidad de Previsión, cuya crisis necesitará este año ayudas estatales por unos 9.000 millones de pesetas, pese a que sus 13.000 pensionistas reciben al mes como promedio 130.000 pesetas, según fuentes del PSOE. La pensión media en la Seguridad Social no llega a las 40.000 pesetas.

Frente al proyecto gubernamental, contestado por la oposición, el grupo socialista hizo sentir en conversaciones previas "el peso de los 10 millones de votos", en expresión de uno de sus miembros, y quiso al principio incluir también a toda la banca oficial. Pero el grupo que mantiene al Gobierno fuer ayer más allá y presentó de viva voz, por boca de Alejandro Cercas, una enmienda que extiende el proyecto a todas las empresas con mayoría pública que actualmente funcionan con sistemas de pensiones sustitutorios alos de la Seguridad Social.

Triple objetivo

La intención era impedir que el aumento de jubilados en relación con el número de trabajadores cotizantes plantee en dichos montepíos o cajas situaciones como la registrada en la Mutualidad de Previsión, donde las cotizaciones de los 20.000 funcionarios que hoy la soportan resultan ya insuficientes para pagar a los 13.000 jubilados.Según dijo fuera de la comisión Alejandro Cercas, se persigue un triple objetivo: que el Estado no financie desde ahora ningún déficit de dichos sistemas sustitutorios; que al integrarse a la Seguridad Social ésta sólo preste sus coberturas generales con el dinero que le pasen los respectivos montepíos; y que cada una de estas cajas sólo complemente las pensiones de la Seguridad Social en la medida de sus posteriores disponibilidades. Mientras en la Seguridad Social las pensiones iniciales se calculan por el 60% del sueldo de los dos últimos años, en tales montepíos suele cubrirse el 100%. del último sueldo, que por lo general es elevado al procederse a ascensos con motivo de la jubilación.

Aunque la oposición no se pronunció sobre las novedades anteriores, es previsible que extienda contra ellas los argumentos utilizados frente al tope de 187.950 pesetas en todas las pensiones a la hora de su acumulación o revalorización: el mantenimiento de los derechos adquiridos. El argumento socialista es que no se puede hablar de derechos adquiridos cuando paga la gente que trabaja.

También hubo debate animado en torno a la incompatibilidad de cualquier pensión de la Segurídad Social con sueldos de administraciones u organismos públicos, introducida por el proyecto de presupuestos. Sin que fuera desmentido, el diputado conservador Juan Ramón Calero se refirió a que un gobernador civil socialista cobra pensión.