Los ecologistas temen que las autonomías no puedan resolver los problemas ambientales

La conservación de la naturaleza en España está en uno de sus momentos más críticos debido al proceso de transferencias de las competencias medioambientales a las comunidades autónomas, ya que en la mayoría de las administraciones autonómicas no existen ni cuadros ni estructuras capaces de asumir y solucionar los problemas que plantea la gestión de la naturaleza. Esté es el sentimiento dominante de los naturalistas españoles más comprometidos en ta defensa del equilibrio ecológico, reunidos los pasados días 29 y 30 de octubre en la localidad segoviana de La Granja de San Idelfonso.

Los asistentes a esta reunión, que contaba con el apoyo del ayuntamiento de la localidad y de la Fundación Hogar del Empleado, denunciaron el hecho de que los intereses corporativistas de determinados profesionales que controlan los departamentos relacionados con la gestión del medio ambiente estén frenando, e incluso boicoteando, tanto la creación de un nuevo organismo de la Administración estatal, que debería asumir las competencias medioambientales dispersas por numerosos ministerios y realizar una política de unidad de gestión, como los proyectos de la ley Básica del Medio Ambiente, la ley de Protección de la Naturaleza y la ley de Aguas, entre otras normativas que pueden dar un marco legal a la conservación del entorno.La mayoría del medio centenar de expertos reunidos en La Granja a título particular -desde el subdirector general de Medio Ambiente, Fernando Gionzález, hasta el director general de la Junta de Andalucía, Tomás Azcárate, pasando por Fernando Palacios, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias- consideran que el Gobierno socialista no está dando al medio ambiente la importancia que se anunciaba en su programa electoral. Su mayor preocupación estriba en que la Administración estatal se desentiende de los problemas ambientales aduciendo que las competencias en estas materias están, ya transferidas o lo estarán en breve.

Apoyo a la investigación

En las conclusiones de la reunión de La Granja se pide al Gobierno una reforma urgente de la Administración estatal con competencias en la gestión de la naturaleza; un mayor apoyo a la investigación científica de los problemas de la naturaleza y del medio ambiente, de modo que la gestión de los recursos naturales se base eriun profundo conocimiento de los procesos ecológicos; y una mayor atención a la educación ambiental, tanto en los programas de enseñanza escolar y universitaria como en la formación de la opinión pública en general.Todas las intervenciones realizadas por los conservacionistas presentes en La Granja, entre los que se encontraban naturalistas de gran prestigio y altos funcionarios de la Administración procedentes de las filas ecologistas, coincidieron en señalar que las actuaciones del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) y del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) son, junto con las de algunos departamentos del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, las que más gravemente contribuyen a la destrucción del medio natural.

Incluso se llegó a pedir el cese inmediato de todos los jefes provinciales del Icona conocidos por sus actuaciones contrarias a la conservación de la naturaleza, y se hizo una dura crítica de la actividad del IRYDA, especialmente de la delegación de este organismo en Sevilla, al que se acusa de ser el culpable de la destrucción de las marismas que configuran el Parque Nacional de Doñana y de boicotear todas las medidas encaminadas a paliar los problemas hídricos de este espacio natural.

La remodelación de estos organismos fue una de las reivindicaciones más urgentes entre las reclamadas en La Granja.