El 'pastel' de Royuela

En los engorrosos, complejos y escasamente transparentes procedimientos de subasta suceden auténticos milagros. Éste que hoy se relata por ejemplo. ¿Error? ¿Descuido? ¿Y si no? El conocido ultraderechista y profesional de las subastas Alberto Royuela Fernández se benefició, en este caso, de una transmutación en los papeles de una subasta instada por la Magistratura Especial de Barcelona. Donde se registraba una simple cortadora de pastelería, se apareció un obrador entero, que finalmente quedó convertido en 23 máquinas. Todo era sobre el papel. Un papel -y es sólo uno de los papeles- que permitió al adjudicatario de la subasta multiplicar por 20 su inversión. Esta historia ejemplar demuestra la eficacia del actual sistema de subasta como método de cobro de los impagados a la Seguridad Social.

Una serie de documentos oficiales relacionados con las subastas convocadas por la Magistratura Especial de Ejecuciones de la Seguridad Social han desvelado la existencia de evidentes irregularidades en un procedimiento de embargo dirigido contra la prestigiosa pastelería-charcutería barcelonesa, Sercobesa, antes llamada Mora-2 y posteriormente Noguera-3.Los documentos, claves para la investigación de las actividades de los subasteros, permanecen desde hace un año y medio en las dependencias del Juzgado de Instrucción número 11 y forman parte de las diligencias previas nº 1.675/82 que se iniciaron a raíz de una querella presentada por coacciones y robo a consecuencia de otra subasta instada por la Recaudación de Tributos del Estado.

Estas diligencias abiertas, que aún no han motivado ningún procesamiento, forman parte del núcleo de expedientes judiciales seguidos por varios Juzgados de Instrucción de Barcelona para perseguir las presuntas conductas delictivas de un conocido grupo de individuos que monopolizan las subastas de la Magistratura de Trabajo. Pese a que hace más de un año el Consejo General del Poder Judicial ordenó la investigación de los hechos, hasta el momento sólo el Juzgado de Instrucción número 9, donde se encuentra la pieza principal, ha decretado procesamientos.

La desorganización, complejidad y rutinas que caracterizan el funcionamiento de muchos departamentos de la Seguridad Social han facilitado todo tipo de irregularidades. Es difícil para los no avezados entrar y comprender los complicados caminos que siguen los expedientes. Todo facilita el oscurantismo y la incomprensión. Pero, curiosamente, esta profusión de trámites implica también la existencia de múltiples documentos, que deben mantener un rigurosa concordancia en todo el expediente. En este caso, algunos papeles que servían de instrumento para amañar las operaciones, se han vuelto ahora contra sus autores.

Donde dije cortadora, digo obrador

Tres documentos expedidos por el secretario de la Magistratura número 5, Francisco José Bover Belenguer, han sido suficientes para transformar una subasta de cuatro objetos concretos de una pastelería en la de un obrador entero integrado por más de 23 aparatos y valiososa maquinaria industrial de pastelería. La operación se hizo con extrema rapidez, pues había que adelantarse a otra subasta instada por los trabajadores para cobrar deudas salariales y sólo tres días después de otra promovida por Hacienda para intentar cobrar deudas fiscales.

Fueron precisas varias etapas. El 14 de diciembre de 1981, el magistrado Vicente Uríos Camarasa ordena la extracción y embargo de bienes de Sercobesa para saldar deudas pendientes de la Seguridad Social. Una semana más tarde, se traba el embargo formal y se describen así los bienes afectados: una cortadora de pastelería, una cocina a gas de dos fuegos, horno y plancha marca Passani, una nevera de tres puertas para compresor y una máquina cortafiambrera marca Dina". Simultáneamente se nombra depositario de los bienes a Alberto Royuela Fernández. Los mismos bienes son los descritos en el edicto de subasta de 12 de enero de 1982, publicado dos días después en el Boletín Oficial de la Provincia, con una valoración de 546.000 pesetas.

La subasta se señala para el día 26 del mismo mes y en ella se adjudican los bienes al que ya era su depositario, Alberto Royuela, por un total de 50.000 pesetas. El error o descuido se efectúa dos días después, concretamente el 28 de enero, fecha en que el secretario de la magistratura expide un certificado en el que los bienes adjudicados en la subasta aparecen con la siguiente descripción."un obrador de pastelería, una cocina a gas y plancha, tres neveras y una batidora de pastelería". En suma, por arte de birlibirloque, en lugar de reseñar una cortadora de pastelería se menciona un obrador de pastelería. La diferencia es evidente, como lo prueba un posterior documento de la comisión judicial en el que "a solicitud de Alberto Royuela se pasan a relacionar los bienes que bajo la denominación genérica de obrador fueron embargados en el presente expediente". Y seguidamente se describen 23 aparatos entre los que se encuentran congeladores, batidoras, balanzas, estufas y demás útiles industriales propios de un obrador de pastelería.

Evidentemente, como el cambio se verificó después de la adjudicación de los bienes, se realizó por el mismo precio, es decir, por 50.000 pesetas. Tan sólo un mes más tarde, concretamente, el 4 de marzo de 1982, Alberto Royuela consiguió vender los mismos bienes al nuevo titular de la empresa, el popular pastelero Jesús Farga Muntó, por un millón de pesetas. Por supuesto que se trataba de un beneficio mutuo, ya que el valor de los bienes era muy superior.

Negocio multiplicado por 20

Precisamente, por la desaparición de estos bienes no embargados y de otros de la misma empresa adjudicados un mes y medio antes, en otra subasta en la que también intervino Royuela, se ha presentado un escrito que se adjunta a una querella inicial en Ia que se piden 30 millones de pesetas. Es evidente, pues, que el sistema de subastas resulta un tanto ineficaz como método de cobro de los impagados a la Seguridad Social. Parece más un mecanismo en beneficio de los subasteros, ya que por cada peseta que recibe el Estado, ellos se quedan con 20.

Quizá la verdadera causa de tantas confusiones está relacionada con las circunstancias que concurrieron en la subasta del 26 de enero. En realidad y según afirma el letrado José Agustín, Villamor, en aquella ocasión no hubo tal adjudicación de los bienes, ni el obrador ni la cortadora, pues Royuela se levantó, y le dijo al magistrado Vicente Uríos que "estos bienes ya me los adjudiqué yo en la subasta de Hacienda" lo que colorea aún más el peculiar sistema de adjudicación.

En realidad, Royuela se había hecho con muchos de los bienes; aquella noche aciaga del 18 de diciembre, el mismo día en que se le habían adjudicado los bienes en la subasta de Hacienda. En aquella ocasión el subastero se presentó en la pastelería con un grupo de policías nacionales a los que había convocado previamente con una llamada al 091, relatan fuentes jurídicas. A su llegada, les exhibió el documento de adjudicación, alegando estar autorizado por la magistratura. Royuela desalojó a clientes y trabajadores del local y procedió a cambiar las cerraduras.

Paralelamente, el secretario Francisco José Bover y otro funcionario dela Magistratura apellidado Bru han prestado declaración en el Juzgado de Instrucción número 9 en relación con un asunto similar, que motivó tres procesamientos el pasado verano.

Especialmente, perjudicados en estos expedientes son los trabajadores de las empresas afectadas. Tal es el caso de 23 obreros de Chimenos, SA, que suscribieron un escrito a la Tesorería del INS S de Barcelona en el que se informaba de la presunta manipulación en una subasta sobre por la Magistratura Especial. La respuesta de la Tesorería fue escueta: "...entendemos que debemos informarles de que conforme a la Ley Orgánica 1/80 de 10 de Enero, es función del Consejo General del Poder Judicial todo lo relativo al régimen disciplinario sobre Jueces y Magistrados