Una larga lista de subastas irregulares

Una larga lista de subastas con irregularidades ha aparecido en los medios infórmativos desde agosto de 1982 en que este tipo de actividades fueron desveladas en las páginas de este periódico. El número de casos acumulados excede sobremanera la mera anécdota. Sorprende la incapacidad del Estado para impedir esta dinámica de la que resultan especialmente perjudicados las empresas, los trabajadores y la Seguridad Social y cuyos únicos beneficiarios son los llamados subasteros.La trascendencia del asunto motivó una resolución de la Junta de Magistrados de Trabajo de Barcelona, en mayo pasado, por la que se acordó por unanimidad de sus 17 miembros, solicitar información a todas las personas que se considerasen perjudicadas. La información se dirigía a facilitar las investigaciones iniciadas por el Juzgado número 9 de Barcelona.

Previamente, el Consejo General del Poder Judicial había solicitado información a los Magistrados de Barcelona al tener las primeras noticias de las irregularidades. Fruto de todas estas indagaciones fue la larga de lista de irregularidades que han ido apareciendo posteriormente en las que se destacaban las múltiples fórmulas utilizadas por los subasteros para conseguir el monopolio de esta mercado de ventas públicas.

Entre los casos más singulares cabe mencionar las dificultades impuestas a los particulares que intentan acudir y participar en las subastas y que ven imposibilitados el ejercicio de sus derechos por el misma dinámica del funcionamiento. En numerosas ocasiones son nombrados depositarios los mismos subasteros, lo que supone ya un clara ventaja al tener un mejor conocimiento de los bienes.

Son frecuentes también las desapariciones de bienes embargados, incluso en locales precintados por la propia Magistratura. En algunos casos, los objetos que han sido distraídos del lugar donde se hallaban depositados han superado los 12.000 kilos de peso y volúmenes considerables.

A resultas de todas las actuaciones son varios los juzgados Barceloneses que instruyen diligencias contra los subasteros de las magistraturas. Las diversas diligencias no han sido acumuladas, aunque las investigaciones generales han sido confiadas por el Magistrado instructor a la policía judicial y a la Guardia Civil. El presunto delito que podría imputarse a los subasteros en el expediente general está tipificado en el Código Penal y castigado sólo con una mul ta que oscila entre el 10% y el 50% del valor da lo subastado, sin que en ningún caso la sanción exceda de 20.000 pesetas. No se prevén inhabilitaciones ni tampoco penas de privación de libertad.

Los jueces confían más en la reforma del sistema de cobro de estos impagados de la Seguridad Social que en un endurecimiento del arsenal jurídico.