Las anunciadas medidas laborales

Las medidas anunciadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social buscan ampliar las posibilidades de traslado de los trabajadores de un lugar geográfico a otro distinto, o de cambio de la función para la que fueron contratados. Por otra parte, se prevé la reducción, para determinados casos, del seguro de desempleo. Así, mientras hoy la percepción máxima está concretada en un 220%, del salario mínimo interprofesional, lo que supone unas 70.000 pesetas al mes, se pretende su reducción al 15,0% de dicho salario, lo que supondría un cobro máximo de 50.000 pesetas mensuales.El mismo ministro ha dicho también que el prometido adelanto de la jubilación a los 64 años no es un tema urgente ni prioritario y que, por lo tanto, cuando menos por el momento, no se modificará en este sentido la legislación laboral.

Casi al mismo tiempo en que se producían tales declaraciones, confirmación de otras anteriores efectuadas por miembros del Gobierno, se anuncian severas medidas en el mismo campo laboral. Se han concretado en el despido de varias decenas de miles de trabajadores para lograr, como única medida posible, la rentabilidad de empresas del sector público. O en la reducción de salarios, con igual finalidad, en una concreta e importante empresa con capital público mayoritario. La misma reciente ley de jornada de 40 horas -por excepción progresiva es interpretada por el Gobierno de forma sumamente restrictiva a través de una circular interna.

Las reformas y medidas apuntadas tienen, como, fundamento, la pretensión de paliar la actual crisis económica mediante la limitación, reducción o anulación de importantes derechos y condiciones de los trabajadores, en el marco de las relaciones laborales.

Algunos de los derechos cuya eliminación se pretende, tienen carácter histórico en el mundo del trabajo y son considerados como básicos y fundamentales por los trabajadores. Su concreción, en mayor o menor medida, la encontramos ya en la Ley de Contrato de Trabajo de 1931, promovida, como es sabido, por el socialista, Largo Caballero.

Se trata de unas reformas y medidas propias de un Gobierno con servador y, por lo tanto, impropias de un partido socialista y obrero. Se trata de medidas que conducen a un mayor y grave desnivel en las ya injustas y desiguales relaciones entre el mundo empresarial y el del trabajo. Con las mismas, los mayores costes de la crisis seguirán repercutiendo, casi exclusivamente, en los trabajadores. El mismo Fraga Iribarne ha tenido que admitir, esta vez con razón, que los socialistas en el Gobierno se están aproximando al programa económico-social de la derecha.

En marzo de 1980 le promulgó el Estatuto de los Trabajadores, obra del Gobierno de UCD. En aquél, al mismo tiempo que se reconocían los derechos democráticos fundamentales, en el orden laboral se limitaban muy notablemente derechos de los trabajadores.

El Gobierno socialista, en lugar de recuperar -o incluso ampliar- tales derechos, amplía y extiende el camino iniciado por el Gabinete anterior, adoptando una reforma y unas medidas que ni la misma derecha quiso -o pudo- llevar a la práctica.

Variar el rumbo

El partido socialista ha logrado sintonizar con los intereses populares mayoritarios en algunas cuestiones de trascendencia. Han merecido especial aprobación, por parte de amplios sectores, importantes medidas de todo orden en contra de la corrupción, incluida la practicada en el campo laboral por algunos funcionarios, y empresarios. Pero todo ello resulta muy insuficiente si no va acompañado de una política, en lo económico y social, progresiva, que atienda los intereses de los trabajadores y, en definitiva, menos temerosa frente a los poderes fácticos empresariales. De no variar el actual rumbo, que se manifiesta con las reformas y medidas laborales anunciadas, a nadie podrá sorprender que se extienda y generalice la conflictividad obrera. es abogado laboralista.