El Estado asumirá deuda amortizable de las eléctricas como pago por la nacionaliación de la red de alta tensión

El Estado asumirá una parte de la deuda amortizable de las compañías eléctricas -estimada en más de 2,2 billones de pesetas- como pago por la nacionalización de la red de alta tensión decidida el pasado mayo por el Gobierno. Por otro lado, un 97% de la red de 400 y 200 kilovoltios, incluida la red actualmente en contrucción, se verá afectada por la nacionalización, así como 5 subestaciones, 29 parques y los equipos interruptores de línea. Todo esto pasará a ser el patrimonio de la que, por ahora, se conoce en los documentos de trabajo del sector y del Gobierno en Empresa Mixta de Transporte e Interconexión de Energía Eléctrica, que formarán el Estado, con un 51%, y las compañías privadas, con un 49%.

El ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, y los más altos responsables de las empresas eléctricas del país han llegado ya a un acuerdo en este sentido, en las conversaciones mantenidas en los últimos meses, una vez que se firmara el protocolo de nacionalización de la red de alta tensión, el pasado mayo. Aunque aún quedan algunos asuntos por solventar, está ya muy avanzado el proceso de identificación, valoración y financiación del citado protocolo, proceso que puede concluir en un acuerdo público en el curso de las próximas semanas.La parte más resaltable del acuerdo que se ha alcanzado es quizá el financiero, referido concretamente a la valoración y pago de la red en alta por parte del Estado. El criterio principal ya acordado para este abono es que "no genere ni beneficios ni pérdidas para el conjunto de empresas afectadas y que se realice en plazos de tiempo y a tipos de interés que eviten quebrantos a las empresas".

En este sentido, fuentes participantes en las negociaciones señalan que la fórmula que se estudia, ya acordada en principio, es que el Estado asuma deuda amortizable a plazo de las empresas, previsiblemente deuda exterior, al efecto de contribuir al común propósito de sanear el sector. Esta fórmula está siendo sometida a un intenso estudio, con el objetivo de comprobar sus efectos, tanto para las sociedades como para elEstado.

En algunos medios se piensa que la fórmula pasará por la asunción directa por el Estado de deuda previamente avalada por él, con unos plazos de amortización que sean equivalentes al proceso de amortización de las instalaciones afectadas por la nacionalización.

Valoración

Hasta la fecha, sin embargo, si no se ha llegado todavía a un acuerdo sobre la valoración exacta de la red ha sido quizá por falta de tiempo, aunqué, como sucede en el tema del pago, sí se han establecido los principios que la regirán. Se seguirá un proceso racionalizador de identificar el valor de los activos una vez que "se hayan regulado los activos de las empresas y se hayan homogeneizado los correspondientes activos", a fecha del 31 de diciembre de 1983. Es lógico pensar que, con el propósito de buscar espacio común de entendimiento, se encarguen unas auditorías independientes, similares a las realizadas recientemente para establecer criterios uniformes sobre costes, que traten de establecer los costes financieros que ha originado la construcción de la red.El proceso de nacionalización en sí constará de dos fases. En la primera, las empresas privadas del sector eléctrico aportarán activos hasta completar el 49% que les corresponde en el capital social de la sociedad mixta. Por su parte, el sector público aportará su parte de red de alta tensión y tendrá que adquirir a algunas empresas públicas el resto hasta completar el 51% que le corresponda. Es previsible, tal como se desarrollan las conversaciones, que el sector público aporte deuda como contravalor, hasta llegar a ese 51%.

La segunda fase consistirá en el pago por la sociedad mixta, tanto a las empresas públicas como a las privadas, de estos activos, bajo el principio de que se respeten plazos de amortización y tipos de interés, de forma que los plazos sean equivalentes al proceso de amortización de las instalaciones afectadas.

Una vez completada la operación, queda por dilucidar el coste o precio de los servicios que prestará esta sociedad mixta a sus accionistas. Lo que algunos llaman el precio del control" se dilucidará por medio de un canon que cubra el coste de los servicios y con el que se obtenga un beneficio equivalente al medio del sector. El servicio que la sociedad mixta prestará será el del transporte y distribución de la energía desde los centros de producción a los de distribución.

En cuanto a los activos que se verán afectados por la nacionalización, según han informado a este periódico, serán los siguientes: cinco subestaciones de 400 kilovoltios (más preciso es hablar de 380 Kv, aunque la terminología usada por los negociadores es la otra), que son Grijota, Barcina, Hernani, Almazán y Aragón. Asimismo, se nacionalizarán 29 parques de 400 Kv de otras tantas subestaciones. Como se desprende, aquí se nacionalizarán algunas de las instalaciones de las subestaciones, en lo que afecta al transporte y control de la energía.

Asimismo, la sociedad mixta se hará cargo de 15 instalaciones más, que hacen la función de interruptores de líneas.