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TRIBUNALES

Protestas feministas contra la sentencia del alto tribunal

La Comisión Pro-Derecho al Aborto de Madrid expresó ayer su indignación al conocer la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que modifica la anterior decisión de la Audiencia Provincíal de Bilbao sobre las procesadas acusadas de prácticas abortivas.En un comunicado, dicha comisión puso de relieve que la sentencia del Supremo rechaza la eximente de estado de necesidad y condena a mujeres a meses de cárcel y, en el caso concreto de Julia Navarro, a cuatro años, "por haber ejercido el derecho a interrumpir un embarazo no deseado, dadas las condiciones económicas en que vivían".

"Con el proyecto presentado por el Gobierno", dice la nota, "casos como éste se van a seguir repitiendo, ya que condena a las mujeres al aborto clandestino, a ser sometidas a juicios, a ser condenadas a cárcel y, en definitiva, sólo soluciona el problema a, un 3% de las mujeres que tienen que abortar".

La ahogada Cristina Almeida quien manifestó no haber leído la decisión del Supremo, dijo que esta sentencia "demuestra ir siempre a la zaga de la realidad del país, sin admitir siquiera la controversia del tímido proyecto de despenalización propuesto por el Gobierno". "Me parece una actitud", añadió, "más cerrada que la posibilidad legislativa aprobada por el Congreso e, incluso, un cierto recorte de presión contra la misma".

"Cuando vi la sentencia de la Audiencia de Bilbao", siguió Cristina Almeida, "me pareció que, incluso ateniéndose a la Constitución y a las leyes vigentes, interpretaba la situación de las mujeres que habían tenido que abortar y esa interpretación era la que justificaba el mantenimiento del aborto como delito en el Código Penal, porque las condiciones que valoraba no están, en absoluto, entre los supuestos despenalizadores del proyecto del Gobierno, excepto el caso de alguna mujer que ya había tenido hijos con malformaciones". "Aquella sentencia", siguió la abogada, "atendía al estado de necesidad y daba una interpretación progresiva. Cargar de culpabilidad a las mujeres que han tenido que abortar es un reproche penal que ninguna se merece".

Carmen Roney, miembro del Comité Central del PCE y responsable de los temas de la mujer en este partido, afirmó que la sentencia del Supremo "pone en entredicho la propuesta del PSOE. Dado que este juicio lleva muchos años rodando, podrían haber esperado a que estuviera aprobada la reforma. Me parece una postura de enfrentamiento".

"En definitiva", explicó Roney, "hay una legislación inadecuada y, mientras ésta continúe, seguirán produciéndose sentencias condenatorias y el aborto clandestino seguirá siendo una realidad. La propuesta socialista no acaba con el aborto clandestino. Habrá más condenas y creo que el partido del Gobierno podría mejorar el proyecto con dos añadidos mínimos: introducir las indicaciones sociales y establecer que la Seguridad Social cubra los gastos de las interrupciones voluntarias del embarazo previstas en la reforma".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de octubre de 1983