A medianoche expiró el ultimátum dado por los secuestradores, del que hacían depender la vida del capitán Alberto Martín

A las cero horas de hoy expiraba el plazo dado por ETApm-VIII Asamblea para que se cumplieran las exigencias de que hacía depender la vida del capitán de Farmacia del Ejército Alberto Martín, secuestrado por la organización terrorista la semana pasada.

"Que nadie ponga en duda nuestra amenaza. Nosotros asumimos la responsabilidad que nos corresponde en esta acción, pero los demás deberán también asumir la suya", advirtieron los terroristas en una llama al diario Deia, al que previamente había remitido un escrito en el que se contenía el ultimátum. El texto también fue recibido en el diario Egin, que ayer lo reproducía íntegramente.Un portavoz polimili, que telefoneó a la redacción del diario Egin para confirmar la recepción del ultimátum, aseguró que "ya no habrá más comunicados", dado que el asunto se encuentra "en su recta final". El portavoz, según la información facilitada ayer por Egin, recalcó que "de no cumplirse las dos condiciones procederemos a ejecutar al capitán". El escrito enviado a Egin y Deía comienza señalando que el secuestrado ha sufrido "un fuerte derrumbe moral al sentirse abandonado a su suerte por la jerarquía del Ejército y el Gobierno del Estado", y en particular al ver que se "rebajaban hasta extremos absurdos las funciones militares que desempeñaba", por lo que "finalmente accedió a responder al cuestionario que se le presentó".

Según el comunidado, los polimilis han obtenido del capitán "dos revelaciones de especial importancia": la "existencia de un infiltrado de los servicios de información del Ejército español entre los aspirantes a la nueva promoción de mandos para la Ertzaina" (policía autónoma vasca), y que la operación de terroristas arrepentidos organizada por Barrionuevo y Bandrés no va a ser aceptada por la jerarquía militar".

A continuación, el escrito marca un plazo de 36 horas a partir de mediodía del jueves 13 para el cumplimiento de las condiciones de que hacen depender la vida del secuestrado: lectura del comunicado enviado días atrás a TVE en los telediarios de las tres (le la tarde y de las nueve de la noche, y un "posicionamiento claro y concreto de las instituciones y fuerzas políticas vascas" sobre el carácter militar del juicio de Berga, la negativa a aplicar a los encausados la legislación sobre libertades provisionales y el papel de las Fuerzas Armadas en el "panorama político actual".

Los partidos se pronuncian

En relación a la primera exigencia, el portavoz del Gobierno vasco, Pedro Miguel Etxenike, expresó su opinión, "que no es de ahora", favorable a la "unidad de jurisdicciones" y a que la "jurisdicción castrense quede reservada, con un criterio muy restrictivo, a casos muy específicos". Etxenike añadió que tal opinión nada tiene que ver con las razones aducidas por los polimilis para justificar el secuestro. "Para derecho conculcado", dijo, "el derecho a la libertad atropellado por quien secuestra a alguien".

Xabier Arzallus, del PNV, considera que "lo ideal es que se vaya normalizando este tipo de juicios y que pasen todos ellos a la jurisdicción civil", pero añadió que ello no justifica el secuestro.

Enrique Casas, senador socialista, se negó a opinar "sobre un proceso que está subjúdice". Florencio Aróstegui, de AP, dijo que en la exigencia de los secuestradores hay un equívoco, consistente en dar por supuesto que todos los partidos tenemos que estar de acuerdo con su planteamiento sobre el juicio, que desde luego es inaceptable". Por su parte, Mario Oriaíndía, de Euskadiko Ezkerra, consideró un abuso "tanto los años que pide el fiscal como el carácter militar del juicio, pero no menos abusivo que alguien pretenda denunciar ese carácter militar mediante, justamente, una intervención militar realizada a punta de pistola". Para José Luis Cereceda, dirigente de Herri Batasuna, "éste es un juicio más contra los luchadores vascos, y en éste también tendría que ser el pueblo vasco quien decidiera si son culpables o no".