La jubilación forzosa de los funcionarios

Ello choca más en un Gobierno socialista, pues tal filiación le exige una mayor atención hacia lo social. Parecería que nuestros socialistas en el poder tienen de la sociedad el mismo concepto que del Estado puso en boga Hegel, hipostasiando su existencia ideal y olvidándose de que lo importante en la sociedad y en el Estado son los seres humanos que los forman.Ahora, con la imposición del adelanto de la jubilación de los funcionarios a los 65 años, el Gobierno vuelve a las andadas: acierta en su objetivo, pero yerra en la forma de llegar a él.

La jubilación anticipada es hoy uno de los medios que se utilizan en todos los países para combatir el paro.

Pero esta medida suele ser el resultado de un pacto, y no una imposición legal. Se propone -no se obliga- a los que están en edad cercana al límite laboral que pasen a la situación de retirados mediante una compensación económica.

Ciertamente, muchos se preguntarán por qué la jubilación es acogida por los funcionarios con escaso júbilo y cómo es que desean prolongar su vida de, trabajo hasta una edad tan avanzada como son los 70 años. Pueden estar seguros de que no es por alguna especial afección a la función pública; sencillamente, porque las pensiones de jubilación de los funcionarios son, desde tiempo inmemorial, mezquinas.

Cicatería del Estado

Lo normal y lo justo sería que la pensión de quien culmina toda una vida dedicada al -trabajo fuera lo suficiente para que pudiera disfrutar hasta el fin de sus días de una situación económica sin lujos pero holgada.

Para un funcionario, por el contrario, representa ver reducidos sus ingresos a la mitad, o a una tercera parte si pertenece a algún cuerpo superior. Ello es consecuencia de la cicatería tradicional del Estado respecto a sus funcionarios, cicatería que se remonta a tan pretéritos tiempos que sería injusto pretender que el actual Gobierno solucionara tan gran problema de un año para otro.

El hecho es que el Estado deja mucho que desear corno patrono y que suele ser bastante remiso en cumplir ciertas obligaciones laborales que, sin embargo, impone a sus administrados. El hacer girar los porcentajes de jubilación solamente sobre el sueldo base, trienios y grado, como si el resto de las remuneraciones se produjeran por alguna actividad esotérica o inconcrecta ajena al cargo que se desempeña, supone una especie de estafa artera y subrepticia que el Estado practica sobre los ingresos de sus funcionarios con vista a un futuro ahorro en las pensiones de jubilación.

El resultado práctico es que estas pensiones se encuentran en evidente e injusta desventaja respecto a las de la empresa privada, e incluso paraestatal. Puede decirse, en números redondos, que el funcionario jubilado percibe una pensión que está entre el 40% y el 60% de la que disfruta un empleado de su misma categoría y formación.

De aquí que las disposiciones que afectan a la misma, como las comprendidas en el nuevo proyecto de regulación de la función pública, hayan producido tal conmoción en gran parte del colectivo funcionarial.

No sólo le obligan a jubilarse a los 65 años, anticipando el ya pavoroso problema que le aguardaba al cumplir los 70, sino que esta decisión altera unilateralmente una de las condiciones que se le ofrecieron cuando ingresé en la Administración.

Para mayor inri, el proyecto incluye la inconsecuencia de ofrecer mejores condiciones a los de edades inferiores a los 65 años, otorgándoles el percibo del 150% de la retribución básica si se retiran voluntariamente antes de la jubilación forzosa (disposición adicional 8.6).

Menosprecio a los funcionarios

De aquí resulta que lo que el Gobierno pretende hacer con sus funcionarios, de prosperar su intención, es simplemente llevar a cabo un expediente de regulación de empleo sin pago de indemnizaciones, salvo, claro está, que nos gaste la broma de pretender que el regalo de un trienio -unas 3.000 pesetas mensuales- es una compensación económica. La verdad es que el menosprecio que el Estado siente hacia sus funcionarios no alcanzó nunca cotas tan injustas y descaradas.

Es indudable que, como sucedió con los maestros por idéntico motivo, esta imposición del adelanto de la fecha de jubilación sería recurrida por los funcionarios afectados.

Parece, pues, que lo razonable sería, antes de entrar en un conflicto contencioso, hacer una oferta de jubilación voluntaria a los que se encontraran entre los 65 y los 70 años, otorgándoles una compensación económica -al menos ese 150% de las retribuciones básicas que se ofrece a otros funcionarios más jóvenes.

Eso sería lo razonable, sí, pero desgraciadamente lo razonable va siendo desplazado, en la órbita del ejercicio del poder, por lo irracional.