ETA, Televisión Española y el Gobierno

LOS TERRORISTAS que secuestraron al capitán de Farmacia Alberto Martín han exigido, como una de las condiciones para el rescate de su rehén, la difusión por Televisión Española de un comunicado de ETA-VIII Asamblea, una de las ramas en la que se ha escindido la sanguinaria organización. Esta forma de chantaje no es original, pero las respuestas dadas a la extorsión suelen variar. En ocasiones, los Gobiernos han pagado anuncios -recordamos un caso de secuestro ocurrido en Guatemala que movió a las autoridades de aquel país a ordenar la inserción publicitaria del comunicado de los terroristas en varios periódicos; entre otros, EL PAÍS- para salvar la vida de un rehén. En otras, los Gobiernos se resisten a la extorsión y tratan de impedir incluso a la Prensa independiente la publicación de esos mensajes. Tampoco revisten novedad las polémicas en torno a los problemas legales y morales a que dan lugar las respuestas, positivas o negativas, de los medios de comunicación ante tales exigencias.La insistencia de los secuestradores de que Televisión Española transmita su comunicado revela la berroqueña seguridad que toda secta doctrinaria tiene en el avasallador poder de convicción de sus pobres argumentos. Estos grupúsculos, aislados de la sociedad y alimentados por sus propios delirios, llegan a creerse sus propias fábulas, que incluyen como dogma de fe la apuesta en favor de un mítico pueblo que permanecería adormecido por los engaños del poder y que únicamente precisaría, para cobrar conciencia y lanzarse a la insurrección, de un cursillo intensivo facilitado por sus autodesignados salvadores. En un sistema democrático como el español, en el que los ciudadanos son frecuentemente convocados a designar a. sus representantes a través de elecciones libres, y donde existen incluso órganos de Prensa simpatizantes con los terroristas, ese doctrinarismo se asemeja a la demencia. Aunque sólo fuera para socavar la confianza de estos orates petulantes en sus propias razones y argumentos, tal vez mereciera la pena dar difusión a los panfletos de las diversas ramas de ETA, que se suelen caracterizar por la simpleza catequística de sus respuestas y por la vaciedad irresponsable de sus alternativas. Sin embargo, el fiscal general del Estado y algunas sentencias de los tribunales censuran esos ensayos, injustamente tipificados como delitos de apología del terrorismo. De esta forma, los ideólogos de las bandas terroristas refuerzan sus insensatas creencias en el vigor, coherencia y capacidad de irradiación de sus tesis con el argumento de que la prohibición penal de su difusión muestra a contrario su capacidad de convicción. Es muy dudoso, sin embargo, que la publicación de esos comunicados, cuando de su aparición dependa una vida humana, pueda permitir a los tribunales exigir responsabilidades penales. Por supuesto que la exigencia de publicación es un chantaje que vulnera la libertad de expresión. Pero si de ella puede derivarse un bien mayor, el jacobinismo de los intransigentes de la razón de Estado debe ceder.

El chantaje dirigido por los terroristas a Televisión Española merece también un comentario, menor y secundario, relacionado con el humillante papel al que ha sido sometido por el Gobierno el receptor de la intimidación. Resulta que ha sido oficialmente el Gobierno, y no Televisión Española, la instancia que ha resuelto no autorizar la lectura del comunicado de ETA-VIII Asamblea a través del monopolio estatal. La medida puede ser aplaudida o criticada, según los criterios éticopolíticos que cada cual aplique, pero muestra el carácter ficticio de la pregonada e inexistente independencia de los directivos de RTVE respecto al poder ejecutivo. Aunque el artículo 22 del Estatuto de Radiodifusión y Televisión establece que "el Gobierno podrá hacer que se programen y difundan cuantas declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público estime necesarias, con indicación de su origen", la ley no atribuye en ningún caso al poder ejecutivo capacidad para decidir qué noticias no pueden ser transmitidas por el monopolio estatal. De añadidura, el artículo 20 de la Constitución establece taxativamente que el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa". De todos es sabido que el Estatuto de RTVE es un papel mojado que tanto el Gobierno como la oposición administran a beneficio de inventario. Pero un sistema político comienza a perder credibilidad cuando sus gestores ni siquiera se molestan en guardar las formas.

Si el jefe de informativos de Televisión Española, o el director de ésta, o el director general del ente público hubieran asumido pública y personalmente la responsabilidad de no transmitir el comunicado de ETA-VIII Asamblea, las cosas no habrían cambiado demasiado en la realidad, ya que hay precedentes de sobra para inferir que las decisiones de Prado del Rey se adoptan en otros lugares, pero nos habríamos ahorrado la desfachatez de que el Gobierno, tras las largas jeremiadas de su portavoz acerca de la independencia de Televisión Española, dejara bien claro quién es dueño y señor de las decisiones del bien llamado ente y mal llamado autónomo. Los directivos de éste, pueden, por lo demás, descansar tranquilos: han transferido sus responsabilidades ante la opinión directamente al Gobierno. Con la responsabilidad transfirieron el poder. Y con ambas cosas han tirado por la borda su propia respetabilidad profesional.