Un anuncio y una manifestación
LA PUBLICACIÓN por EL PAIS, el pasado domingo, de un anuncio a doble página contra la despenalización del aborto ha producido reacciones contrarias en un gran sector de lectores del periódico. Muchos de éstos se han dirigido al mismo, como puede verse en la sección de Cartas, protestando por dicho anuncio. Las quejas coinciden en la vulgaridad de la propaganda y en lamentar que un anuncio que contiene expresiones y opiniones formalmente contrarias a la línea editorial de EL PAIS en tema tan delicado, haya sido admitido y publicado por el diario.La mayoría de los comunicantes aciertan al suponer que han sido motivos de respeto al pluralismo los que llevaron al director del periódico, que tiene derecho de veto sobre todos los originales del mismo, a autorizar la inserción del controvertido anuncio. De haber sido otra la decisión, por lo demás, no sería la primera vez que la dirección de EL PAIS rechaza la publicación de originales de publicidad por entender que sus contenidos o sus formas vulneran, las normas de estilo establecidas por el diario. La sola suposición de que pagando se podría decir cualquier cosa en cualquier periódico hiere la más elemental de las éticas profesionales. Por otra parte, EL PAIS se precia de dar tribuna a las más variadas corrientes de opinión sobre los temas más diversos sin necesidad de que acudan a la publicación de un anuncio para poder expresar sus puntos de vista.
Así las cosas, es obvio que fue una decisión consciente la de dar vía libre a la publicación de la procaz historieta de Nacho. Que fuera consciente no quiere decir que fuera acertada. Tampoco que no lo fuera. Por las características del contenido del anuncio, por la vulgaridad de sus expresiones, el acientifismo de sus planteamientos y la violencia de su agresión contra todos quienes no comulguen con lo que allí se dice, el anuncio podía ser, sin duda, rechazado. No nos cabe duda, sin embargo, de que un elemento más de la provocación que con él se pretendía era saber si un medio como EL PAIS, que ha defendido editorialmente la despenalización del aborto, rechazaba el inserto publicitario en nombre de la coherencia editorial y de los derechos de sus lectores o lo admitía -atendiendo a idénticas razones- por respeto a la libertad de expresión. Optamos por esto último. Cuando defendemos el derecho de expresarse libremente creemos que, efectivamente, este derecho debe ser otorgado incluso a los enemigos de la libertad. No decimos que esta postura no pueda resultar ingenua en ocasiones. Pensamos, sin embargo, que esa ingenuidad palidece ante la tendencia frecuente a no dejar expresarse a los demás. Algún día los demás podemos ser nosotros mismos.
Analizadas, pues, las circunstancias, optamos por publicar el anuncio. ¿Bien, mal hecho? ¿Quién tiene la vara de medir el error? No podemos ser insensibles a las críticas de nuestros lectores, pero tampoco a las de nuestra propia conciencia. Nos parecía importante saber que los enemigos a ultranza de este proyecto de ley que despenaliza el aborto no podrán decir que se les ha tapado la boca o que no se les ha dejado hablar. Que no digan en el futuro que no se aprobó limpia y llanamente en un debate democrático. Un margen de duda es, en cualquier caso, razonable, pues es verdad que los padrinos de Nacho cuentan con medios abundantes de hacer oír sus voces y que EL PAIS podía no haberles servido de resonancia. Por eso agradecemos cuantas observaciones críticas, cuantas protestas hemos recibido al respecto. Quizá valga, por último, a quienes no convenzan nuestros razonamientos, el consuelo de conocer la pobreza de los argumentos y la zafiedad estética de esa llamada Asociación Pro-Vida.
Esta explicación a aquellos de nuestros lectores que hayan sido heridos en su sensibilidad, quedaría, por lo demás, bastante coja si no dijéramos una palabra de censura contra el ordenancismo del presidente del Congreso, que ha enviado a los guardias por tres veces a detener a unas pacíficas manifestantes defensoras de la legalización del aborto, que discrepaban de la evidente tibieza del proyecto gubernamental. Es verdad que las leyes prohíben manifestarse frente al Congreso -y también prohíben a la fuerza pública insultar a los manifestantes-, pero es norma de buena gobernación saber evitar el mal mayor y no provocarlo gratuitamente. La imposibilidad legal de celebrar manifestaciones ante el Parlamento para no turbar a sus señorías resulta un anacronismo absoluto en esta época de febril actividad de los medios de comunicación de masas, bastante más perturbadores que un grupo gritando. La única señoría turbada por 25 o 50 personas pacíficamente concentradas en la carrera de San Jerónimo parece ser el presidente de la Cámara. Las manifestantes, por lo demás, deben estar felices: nunca dos docenas de personas lograron armar tanto ruido. La decisión del presidente del Congreso se inscribe en las antípodas del razonamiento que llevó a autorizar la publicación del anuncio en EL PAIS. A nosotros nos parece mucho más perturbador para el ánimo de sus señorías saber que se está reprimiendo, con insultos y amenazas gratuitos, una manifestación pacífica en las afueras del Parlamento que la manifestación misma.
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