Un tratado para tratarnos mal

Entre los males numerosos que nos dejó en Colombia el Gobierno que expiró el año pasado para bien de todos, hay dos que pueden seguir ocasionándonos males más amargos, aun más allá de la vida de los autores. Me refiero al tratado de extradición y el tratado de asistencia legal mutua firmados entre Colombia y los Estados Unidos. Los juristas han dicho ya mucho sobre ellos y tienen, sin duda, mucho más que decir, y hay que confiar en que van a decirlo sin reticencias. Pero quienes somos indoctos de solemnidad en la ciencia del Derecho no necesitamos saber si esos dos tratados son inconstitucionales -como parece que lo son- ni si son ilegales e injustos -como tal vez lo sean-, sino que nos basta con estar convencidos de que son indignos. Y lo son, por supuesto, para ambos países, porque cada uno de ellos se compromete por igual a la indignidad de entregarle al otro a sus propios ciudadanos para que los juzgue y los condene según sus leyes.Lo normal -y digno, desde luego- es todo lo contrario: que cada uno de los países contratantes devuelva al delincuente supuesto a. su país de origen para que éste lo juzgue por los actos cometidos en él. Los Estados Unidos, más allá de la indignidad, no tienen muchos motivos para temer por el trato que puede darse en Colombia a sus ciudadanos, aun si son delincuentes extraditables. La experiencia en seña que ha bastado siempre la intervención de un funcionario consular o diplomático norte americano, para que sus compatriotas sean tratados no sólo con las consideraciones debidas, sino también con las que no se deben. En cambio, hoy basta con ser el titular de un pasaporte colombiano en regla para ser sometido a toda clase de vejámenes en las aduanas de los Estados Unidos, donde todo colombiano, por el solo hecho de serlo, es considerado y tratado como un traficante de droga. El ex presidente conservador Misael Pastrana Borrero nos pintaba hace pocos días en la Prensa un cuadro terrorífico del infierno que es para los colombianos de cualquier condición el ingreso en los Estados Unidos. No se refirió -sin duda, porque no lo conoce- al caso de la esposa de otro ex presidente colombiano que fue sometida a graves irrespetos en la aduana de Nueva York, a pesar de que se identificó a tiempo y sin ninguna duda con un pasaporte especial. Peor aun: la reclamación apenas formal que hizo su esposo ante la embajada de los Estados Unidos en Bogotá no mereció ni siquiera una excusa verbal. En realidad, los únicos que estamos a salvo de estos atropellos impávidos somos los que tenemos prohibido el ingreso ordinario a los Estados Unidos desde, hace más de 15 años sólo porque la justicia de ese país -por sus pistolas- nos considera delincuentes políticos. Y tal vez -¿por qué no?- susceptibles de ser reclamados como tales a nuestro propio país dentro de todo lo que es posible por el tratado de extradición, si así somos recibidos por el hecho simple de ser colombianos, hay motivos de sobra para preguntarnos cuál será el tratamiento de reyes que les espera en las cárceles norteamericanas a los compatriotas extraditados..

Hay muchos antecedentes para darnos cuenta de que en ningún caso estarían dispuestos los Estados Unidos a aceptar un tratamiento igual para sus ciudadanos. Hace unos siete años, la policía de control de drogas de los Estados Unidos decidió que las mujeres colombianas que llegaran al aeropuerto de Miami fueran desnudadas y sometidas a una requisa que no excluía ni a sus partes más íntimas. La medida se puso en práctica de inmediato. Fueron inútiles para impedirla todos los esfuerzos de las autoridades colombianas, hasta que éstas resolvieron darles una bienvenida igual a las viajeras norteamericanas que llegaran a Bogotá. Al cabo de pocas horas, los Estados Unidos revocaron en Miami sus infames prácticas ginecológicas.

Hasta hace unas semanas, gente de mucho peso se expresaba con fluidez y versación contra el tratado de extradición. Pero incluso algunos de sus impugnadores abrieron fuego contra él cuando se encontraron en el mismo lado de la trinchera con los traficantes de drogas. Es decir, que a pesar de ser conscientes de que el tratado es indigno, algunos de sus antiguos opositores prefieren callar, por temor de aparecer aliados de las mafias. Pues no: el tratado es indigno y no lo dignifica el hecho de que los traficantes de droga lo repudien por razones distintas de las buenas, desde luego.

Al contrario. Que el tratado haya iniciado su actuación pública contra las mafias ha servido para hacer más evidentes sus peligros desde el primer instante de su ser natural. En efecto, los traficantes de drogas, cuyos nombres y fotos eran de dominio público desde hace mucho tiempo, vivían libres con sus aviones de príncipes, sus gustos babilónicos y sus parques zoológicos sin que nadie perturbara su impunidad feliz. Tenían visas privilegiadas en Estados Unidos, donde nunca hubieran podido ser lo que son sin la complicidad de autoridades venales y socios con poder y clientes bien colocados. Su mercado estaba allá y no acá, y aquel era su paraíso. No se necesitaría de una perspicacia demasiado aguda para preguntarse por, qué la Justicia que se hizo durante tanto tiempo, la de la vista gorda, se despertó de pronto y con una furia luciferina sólo cuando los traficantes de drogas tuvieron la desastrosa idea de irrumpir con ínfulas vandálicas, en la política nacional. Es casi imposible impedir el mal pensamiento de que el tratado de extradición levantó su mandoble no como un instrumento de la justicia, sino como un garrote de persecución política y retaliación personal.

En cambio, se presume de que cinco ejecutivos del grupo financiero más poderoso de Colombia están huyendo de nuestra justicia en los Estados Unidos y no se sabe hasta ahora que el Gobierno colombiano haya acudido al tratado para que vengan a pagar lo que deben.

Lo que será el manejo político del tratado de extradición no es difícil imaginarlo. Menos, de 24 horas después de que un acusado de traficante de droga, colombiano se fugara a su país para no ser extraditado a los Estados Unidos, el embajador norteamericano en Bogotá dijo en una rueda de prensa de alto nivel que el fugitivo estaba en Cuba. La verdad que el embajador debía saber que está en Brasil. Pero el interés de Estados Unidos de vincular el tráfico de drogas con la política de izquierda en América Latina no, se detiene ante nada, y el tratado de extradición le será muy útil en esa campaña. Éste es apenas el preludio.

En resumen, el acuerdo maldito está inspirado en el mismo espíritu represivo del estatuto de seguridad, la tortura sistemática y la violación sin frenos de los derechos humanos, que tanto contribuyeron a hacer del Gobierno pasado uno de los más funestos de nuestra historia. No es fácil imaginarlo como un instrumento del Gobierno actual, que tantas cosas ha hecho en sus primeros tres meses, y que si algo mejor puede y debe hacer es libramos de una vez por todas no sólo de los malos recuerdos sino también de estas malas herencias. Que el presidente Betancur me perdone si imagino mal, pero no puedo imaginarlo a él mandando a un compatriota suyo a Estados Unidos -o a cualquier otro país- para que lo castiguen en otro idioma y con otro dios, aunque sea allá donde haya cometido el peor de los delitos tampoco puedo imaginar al Gobierno de los Estados Unidos mandando para Colombia a tantos y tantos norteamericanos que durante tantos años se han pasado a la justicia colombiana por donde han querido. Lo malo es que el presidente Betancur sólo seguirá siéndolo por 39 meses más, mientras que el tratado de extradición pretende haber sido suscrito para siempre.