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Editorial:

Presupuestos e impuestos

Los PRESUPUESTOS Generales del Estado, presentados por el ministro de Economía y Hacienda, constituyen una respuesta coherente a los problemas esenciales de la crisis económica. Sin el dramatismo de un plan de estabilización o de una austeridad anunciada como tal, el importante aumento de los impuestos, que se sumará al ya experimentado durante este año, y de las retenciones a cuenta, la indiciación de salarios para el sector público dos puntos, por debajo de la inflación futura y la voluntad de contener el déficit, no del todo coronada por el éxito en estas previsiones, nos hablan de un conjunto de políticas que acentúan las líneas ya marcadas por el ministro Boyer. La presión fiscal parece haberse querido distribuir equitativamente, pero es un hecho que serán las clases medias las más castigadas de nuevo, y dentro de ellas quienes viven de un salario antes que quienes ejercen una profesión liberal.Hay que decir en honor del Gobierno que ha cumplido los plazos fijados por la Constitución para la presentación del Presupuesto, si bien su entrega arrastra las huellas de las prisas de última hora. No existe, por ejemplo, una comparación entre el presupuesto consolidado total del sector público para el año 1984 y el año 1983. Esta comparación facilitaría las opiniones sobre el destino de las diferentes partidas. Es de imaginar que el avance del proceso autonómico y la reforma presupuestaria iniciada con este proyecto distorsionan los datos, debido principalmente a las transferencias hacia las comunidades autónomas y a que numerosas partidas han cambiado de destino.

En cualquier caso, está fuera de duda que la participación del Estado en la economía nacional aumentará en 1984, si bien este aumento será menor al de años anteriores. La presión fiscal se elevará teóricamente en algo más de un punto, entre impuestos directos e indirectos. Pero es de temer que la carga fiscal sea relativamente mayor, ya que la previsión de incremento del Producto Interior Bruto (PIB) para 1984 -un 2,5%- parece bastante alegre. Puede recordarse que para 1983 se presupuestó un aumento de 0,7 puntos en la presión impositiva, pero la menor recaudación de 1982 en relación con las previsiones y el cumplimiento de las de este año que termina harán que el aumento real de la presión fiscal haya sido de 1,6 puntos, según reconoció el propio Boyer. Por otra parte, no es de desdeñar el hecho de que el déficit público sumado a la inflación funciona como un impuesto más que pagan todos los ciudadanos. Éstos soportarán la carga, el año que viene, de los varios cientos de miles de millones de pesetas que han sido inyectados ya al sistema monetario por el Banco de España para créditos de tesorería a Rumasa y anticipos al Fondo de Garantía de Depósitos. Por último, según señalábamos al principio de este comentario, las rentas medias y altas que no escapen al largo brazo del recaudador soportarán una carga más elevada que la media. Hay que aplaudir este efecto redistributivo, absolutamente consecuente, por lo demás, con la instalación de un partido de izquierda en el poder. Sin embargo, tiene el peligro de desincentivar la actividad de los elementos más emprendedores de la población. Porque una carga tributaria superior puede implicar una reducción de los ingresos a causa de un descenso en la producción de bienes y servicios. Quizá, atendiendo a esta idea se han intentado reducir las cotizaciones de la Seguridad Social con miras a estimular la creación de empleo mediante la reducción de cargas. a las empresas en el pago de sus cuotas.

Los gastos aumentarán en 1984 un 19,6% con respecto a los de 1983 hasta situarse en 9,9 billones de pesetas. Este incremento explica que, pese a que los ingresos crecerán teóricamente más deprisa, se mantendrá un déficit público del orden del 5,5% del PIB, medio punto por debajo del estimado para 1983. La cifra continúa siendo todavía muy importante, sobre todo en un país con una .baja tasa de ahorro y una alta propensión al consumo que se traduce en una intensa presión en las importaciones y en otros pagos al exterior. Aunque las cifras del déficit presentado son las más favorables que el Gobíerno podía aspirar a conseguir, la experiencia enseña que los gastos suelen ser mayores y las previsiones de ingresos casi nunca se cumplen. Eso entraña la tentación de ocultar déficit reales que gravitan sobre los ciudadanos, para aparentar el cumplimiento de las promesas de reducirlo cada año. Este temor al déficit, del que antes no participaban los socialistas, originó precisamente la ocultación de diversas pérdidas y regularizaciones contables durante los años del franquismo y de la transición democrática, ocultación que fue denunciada por Felipe González en su discurso de investidura, por lo que es de suponer que no ha de repetirse tan viciosa práctica. Sin embargo, existe la duda razonable de que no se hayan previsto las adecuadas consignaciones presupuestarias para los agujeros de Rumasa, los descosidos de Río Tinto y los otros que puedan producirse. Si esa pesimista hipótesis fuera cierta, el Banco de España tendría que financiar ese déficit excluido de los presupuestos.

La lucha contra el déficit viene siendo capital en todas las políticas empeñadas en la recuperación económica primero y el relanzamiento después. Si el déficit se mantuviera o creciera, su financiación volvería a exigir que la política monetaria extrajera del ahorro de los particulares sumas muy importantes. Los tipos de interés se sostendrían en niveles tan elevados que desanimarían la inversión, y el relanzamiento se haría inviable. De ahí el frenazo a los sueldos de los funcionarios, que resultará insuficiente sin embargo, para producir una desaceleración adecuada del gasto público.

Pero, en general, merece un elogio el trabajo hecho por el Ministerio de Economía, aunque parezca absurdo pedir un aplauso para quien nos anda hurgando enel bolsillo a los ciudadanos. El partido socialista y el Gobierno deben ser conscientes, no obstante, del enorme esfuerzo que están solicitando de la sociedad española con el conjunto de, medidas adoptadas y las que se anuncian para el futuro próximo. La solidaridad de los ciudíadanos no puede ser por eso defraudada con una mala distribución del gasto o la permanencia de prácticas abusivas en la Administración.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 25 de septiembre de 1983