El presidente de Costa Rica discrepa de Félipe González sobre conexiones ETA-Nicaragua

El presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge, ha asegurado que el presunto etarra detenido en este país, Gregorio Jiménez Morales, "reconoció que traía la macabra misión de atentar contra la vida de líderes disidentes opositores al Gobierno de Managua. No podría decir que lo enviaron, pero sí que vino de Nicaragua". En respuesta a unas declaraciones de Felipe González, en las que éste se mostró satisfecho con las explicaciones recibidas del ministro nicaragüense del Interior, comandante, Tomás Borge -en la entrevista que mantuvieron el pasado jueves en Madrid-, dijo que la posición del jefe del Gobierno español resultaba en este caso muy comprometida e incómoda, "ya- que ha estado siempre inclinado a, ayudar a Nicaragua y a evitar tensiones en la zona".

El abogado Francisco Lemus, defensor del detenido vasco, negó a este corresponsal que su patrocinado haya admitido en ningún momento estar involucrado en un compló para eliminar a dirigentes de la organización antisandinista Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE). El expediente presentado al juez por la dirección de Inteligencia y Seguridad no incluye ninguna confesión de Jiménez en este sentido.El letrado costarricense considerla que la historia tejida en tomo a esta detención constituye un bluff muy peligroso, "al mezclar el aspecto jurídico con el de política internacional. Si Costa Rica demanda una consideración de Estado neutral, no puede reconocer a ARDE como fuerza beligerante contra un país vecino. Está admitiendo que tiene su sede en este país y que el Gobierno se considera cuidador de sus bienes y sus personas".

Francisco Lemus explicó que la detención de Gregorio Jiménez se había producido en circunstancias casuales. El pasado día 9, hacia las siete de la tarde, caminaba desorientado por el barrio Claret de la capital costarricense cuando fue asaltado por dos desconocidos, que, después de robarle el reloj y una cantidad de dinero cercana a los 4.000 colones (14.400 pesetas) y le dieron una fuerte paliza.

Documentos falsos

Jiménez pidió ayuda en una casa cercana, en la que resultó vivir un agente de Seguridad. Sorprendido éste de que llamara por la puerta trasera, qué da a una acequia, y extrañado por su aspecto, le condujo de inmediato a una dependencia de la, Guardia Rural, de donde sería remitido luego a la dirección de Inteligencia y Seguridad. En las dependencias policiales se le ocupó una cédula de identidad costarricense, algo bastante sorprendente en alguien que tenía un marcado acento español. Resultó luego que ese carné estaba a nombre de una persona fallecida.

La policía, acompañada del detenido, registró el piso en el que estaba viviendo, situado en el barrio Escazú. En este lugar encontraron un pasaporte español falsificado a nombre de Lorenzo Varela Teijón, con la fotografía del detenido, y un carné de conducir igualmente falso. A partir de este momento, dice el abogado, los agentes de Seguridad centraron todo su interés en que Jiménez reconociera que había sido enviado al país por el Gobierno sandinista para atentar contra los líderes de ARDE.

"Él ha declarado ante el juez", añade su abogado, "que en dos ocasiones le aplicaron electrodos bajo la lengua y en las esposas, para que firmara una confesión en este sentido. No ha Presentado quejas contra todos los agentes, sino específicamente contra tres. El juez ha ordenado que le examine un médico forense".

Las explicaciones del letrado, que son fluidas hasta este punto, se vuelven imprecisas cuando se trata de aclarar en qué circunstancias y con, qué fines entró Jiménez en Costa Rica. Dice que entró en el país hace un mes y medio o dos meses como turista, sin que conozca de dónde procedía. Según Lemus, vivía solo en un apartamento y durante este período había viajado a varias poblaciones del interior, Cartago entre ellas.

El magistrado manifestó que el defensor había presentado upa petición de excarcelación a favor de Jiménez Morales. Este tema debía ser decidido ayer. La justicia costarricense suele conceder este beneficio con carácter general, aunque el código procesal establece que puede denegarse "cuando hubiere vehementes indicios de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia" o "indicios graves de que continuará en su actividad delictiva".