Felipe González reitera que sólo el Parlamento puede controla al Gobierno

El presidente del Gobierno, Felipe González, expresó ayer la preocupación, ante el pleno del Congreso, porque "todavía haya algunas personas, militares o civiles, que puedan pensar que la Constitución prevé un supuesto de hecho en el cual no es el Parlamento quien tiene que controlar al Gobierno, sino alguien al margen del Parlamento". Esta referencia a la cuestión militar y la falta de concreción en relación con la situación española en la OTAN fueron los aspectos más destacados del discurso presidencial, de casi dos horas de duración.

Felipe González, que había iniciado su intervención recordando el ciclo histórico que se acababa de completar con la concesión del premio Simón Bolívar a don Juan Carlos, abordó la cuestión militar para que nadie piense que cual quiera de los temas que nos ocupan y que nos preocupan y que son de actualidad van a ser eludidos" Señaló que el Gobierno tiene una información permanente sobre la opinión y el estado de ánimo en las Fuerzas Armadas a través de las líneas de mando, cauce correcto y adecuado".Lamentó que en un caso reciente se refería, sin nombrarlo, a las declaraciones del teniente general Soteras, que provocaron su destitución como capitán general de la VII Región Militar-, no se hubiera utilizado la línea de mando para expresar una determinada opinión.

A continuación expresó también su preocupación por el hecho de que se considere a instituciones extrañas al Parlamento como legitimadas para controlar al Gobierno. "Si se da un supuesto de mayor o menor vulneración de la constitucionalidad, son los poderes del Estado lo que tienen que decidir el juicio de valor que les merece esa situación", insistió.

Mejor situación económica

El presidente del Gobierno, tras recordar que la situación económica española es mejor que la de muchos países, recordó algunas de las promesas realizadas en su discurso de investidura. Entre ellas, señaló que se ha cumplido el propósito de detener el aumento del paro y de contener la inflación. Anunció para 1984 una reducción de ésta al 8% y el propósito firme de que el déficit público no lleve a este país a la bancarrota".

En cuanto a la política salarial, aseguró que la mitad de los salarios convenidos se han elevado por encima del 11 % y, -a pesar de todas las críticas, anunció una política social progresista, dentro de los escasos recursos existentes. Como ejemplo citó que hasta agosto de 1983 las dotaciones para empleo comunitario aumentaron un 66% respecto a igual periodo de 1982, y que las pensiones más bajas -o sea, el 73% del total- aumentaron en un 16%, cantidad que estimó todavía reducida, pero muy superior a etapas anteriores.

En materia autonómica, recordé que se ha completado el mapa autonómico español y se han realizado elecciones en todas las comunidades autónomas, así como se ha puesto en marcha las instituciones autonómicas. En cuanto al volumen de transferencias, dijo que se habían producido cuatro veces más decretos en- los nueve meses de gobierno socialista que en los cuatro años anteriores.

"Cumplir la sentencia sobre la LOAPA"

Felipe González declaró la necesidad de actuar en materia autonómica con lealtad constitucional, esto es, con respeto a la Constitución y a los estatutos de autonomía, así como al Tribunal Constitucional. En este sentido felicitó a los grupos que recurrieron contra la LOAPA por la victoria obtenida mediante la sentencia del Tribunal Constitucional, pero añadió que ahora "hay que cumplirla, estricta y rigurosamente".

En cuanto al diálogo posible con las comunidades autónomas y las fuerzas nacionalistas, distinguió entre las leyes que admiten una negociación y un acuerdo institucional, y aquellas otras que, por ser consecuencia del establecimiento de las bases legislativas, derivadas de la facultad que confiere al Estado el artículo 149 de la, Constitución, no son negociables.

Explicó que en dichas leyes "va implícito un problema dedicado: el problema de delimitación, de hasta qué punto se está irrumpiendo en una competencia que ya corresponde a la comunidad autónoma o hasta qué punto no se está llegando a agotar la propia competencia atribuida por la Constitución, al Gobierno de la nación". En relación, con estas últimas leyes, para evitar el recurrir permanentemente al Tribunal Constitucional, estimó posible un diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Sobre las denuncias realizadas en relación con la salida de reclusos a la calle, recordó que en 1975 salieron 7.000 como consecuencia de un indulto, y no se produjo el clamor actual. Destacó que, en la ocasión presente, la salida a la calle de presos se ha producido como consecuencia del cumplimiento por parte del Gobierno de un mandato constitucional para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, ya que no era posible prolongar las situaciones de provisionalidad de numerosos presos. En todo caso, aseguró que el Gobierno está seriamente preocupado por la progresión de la delincuencia, si bien resaltó que las cifras que se ofrecen sobre esta materia no. siempre son correctas ni corresponden a la etapa actual.

En relación con el terrorismo, manifestó que él cambio de Gobierno, frente a lo que algunos creían, no lo ha reducido, ya que, dijo, "el terrorismo golpea al Gobierno democrático porque no quiere vivir en libertad". En todo caso, destacó que las cifras de detenidos durante la etapa socialista son más ajustadas a los procesamientos reales, con lo que se reduce el número de personas que se sienten afectadas por la lucha contra el terrorismo y se demuestra una mayor eficacia policial.

El presidente del Gobierno dedicó escasa atención a la política exterior. Tras resaltar la mejora de nuestras relaciones con numerosos países, y el esfuerzo para la integración española en la CEE y nuestra influencia en Iberoamérica, recordó que el Gobierno paralizó la integración militar en la OTAN, pero que los socialistas ya advirtieron, desde la oposición, que España debía pagar su cuota en la seguridad colectiva de Occidente. El presidente no ofreció ninguna concreción sobre la fecha de celebración del referéndum.