Las auditorías hechas a las empresas aconsejan incrementar las tarifas eléctricas en un 4%
De las auditorías realizadas en los últimos meses a los presupuestos de las empresas eléctricas para este año se desprende la necesidad de una subida mínima e inmediata de tarifas del 4%, que depararía al sector unos 7.000 millones de pesetas más en lo que resta de año, según medios financieros. Los resultados del trabajo fueron comunicados ayer a la patronal eléctrica, para quien dichas revisiones externas de cuentas ofrecen conclusiones distintas a la apuntada. En principio, el Ministerio de Industria y Energía está dispuesto a aceptar el 4%, como un mínimo revisable al alza siempre que las compañías se comprometan también a una política realista de amortizaciones y dividendos.
La comunicación de las conclusiones fue efectuada al mediodía de ayer, durante un almuerzo entre Pedro Rivero, director general de la patronal Unesa (Unidad Eléctrica, SA), y Luis Ubago, responsable de Arthur Andersen, empresa que ha coordinado las auditorías. El 4% de subida mínima durante los meses no transcurridos del año supone, en realidad, un complemento del 1% a la revisión media del 7,5% autorizada el pasado 19 de enero para todo el año.En aquella ocasión, el aumento fue un anticipo, a la espera de que las eléctricas sometieran sus cuentas a auditorías solventes. Previamente, el sector había encargado la revisión de sus balances al Instituto de Censores Jurados, cuyo trabajo fue esgrimido ante la Administración para pedir una elevación cercana al 16%, aunque Unesa desmintió en su día las noticias sobre este hecho, durante sus negociaciones con el Ministerio de Industria y Energía.
Tras el anticipo, la realización de auditorías fue concretada a partir del protocolo firmado con motivo del acuerdo de nacionalización de la red de alta tensión entre el sector y el ministerio, el 6 de mayo último.
El documento prometía, con el fin de sanear a medio plazo el sector, una política tarifaria que permita una rentabilidad suficiente a las empresas, garantice la remuneración de capitales y asegure la adecuada dotación a amortizaciones".
Respuesta de las auditorías
El alcance de las auditorías fue discutido por ambas partes, hasta que se acordó preguntar si los presupuestos para 1983 guardaban relación con los balances del ejercicio 1982. Según las noticias recogidas por este periódico, la respuesta ha sido afirmativa para el conjunto del sector, si bien los auditores han advertido que hay desviaciones negativas en algunas compañías, compensadas por elementos positivos de otras.Las fuentes informantes, ajenas a Unesa y a los auditores, cuya versión no pudo ser contrastada ayer tarde, aseguran que la coherencia entre los datos de 1982 y los presupuestos de 1983 sólo requiere el indicado aumento adicional del 1% (4% para compensar el retraso). No obstante, esta conclusión tiene carácter de evaluación mínima, para el caso de que el sector mantenga su estructura financiera actual. Esta se caracteriza, sobre todo, por dos hechos: el exiguo nivel medio de amortizaciones de un inmenso inmovilizado (poco más del 2% anual), y un elevado endeudamiento con el exterior (supera ampliamente el billón de pesetas y crece con la depreciación de la peseta respecto al dólar). Así las cosas, para distintas empresas los costes financieros anuales se llevan cuatro de las siete pesetas que recaudan de media aproximada por cada kilovatio.
Según las mismas fuentes, el sector tenía impresiones previas de las auditorías y se ha sentido decepcionado, pues esperaba de las mismas una palanca para apoyar sus peticiones de tarifas, a partir del reconocimiento de que la gran culpable de su situación es la política de precios políticos aplicados en los últimos años.
Frente a esta idea, el propósito del Ministerio de Industria, que hace meses invitó al sector a la autocrítica por su tradicional política de dividendos y amortizaciones, es que las compañías deben poner sede acuerdo sobre lo que proponen y comprometerse a cumplirlo. En este sentido, a cambio de una moderación de dividendos y una elevación de amortizaciones que garantizaran su seguridad a medio plazo, se les autorizarían mayores subidas. Pero siempre y cuando no sirvan corno en años anteriores para asegurar un dividendo del 10% y una estrategia de ampliaciones de capital que ha descapitalizado más en la práctica a sus ejecutoras.
Tal posición del ministerio sería complementada con la reestructuración de las tarifas y de sus recibidos, en los que algún alto cargo de la Administración pretende que se explique el precio por partes, incluyendo en su caso hasta el coste do la posible detención de varias centrales nucleares donde se han realizado inversiones.
