Los obispos vascos critican la LODE e invocan el derecho a la libertad de enseñanza y a la autonomía

Los obispos de las diócesis vascas pidieron ayer al Gobierno Central y al Parlamento que el proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Educación (LODE) sea modificada. En una carta pastoral las autoridades eclesiásticas de la comunidad autónoma vasca proclaman el derecho a la libertad de enseñanza a la vez que manifiestan sus reservas en torno a este proyecto de ley. En un intento de evitar cualquier extrañeza al hecho de dar publicidad a su documento, ya que anteriores cartas pastorales produjeron reacciones de crítica en otros estamentos políticos, los obispos comenzaban su carta señalando que "nuestra aportación de pastores al debate previo sobre una ley die tal embergadura se justifica sobradamente".

El pasado año, cuando en el mes de julio los obispos vascos redactaron otra pastoral contra la LOAPA, se produjeron reacciones contrarias en determinados sectores políticos. En aquella ocasión defendieron su derecho a juzgar los asuntos políticos.Tras resaltar la importancia del proyecto de ley porque además de transformar las estructuras y el funcionamiento de los sectores público y privado de la enseñanza afecta, en la comunidad autónoma, a medio millón de alumnos y a 25.000 profesores, los obispos hacen especial hincapié en la necesidad de que se reforme el actual texto.

"Pedimos respetuosa y firmemente al Gobierno y a la Cámara legislativa del Estado que este proyecto de ley sea modificado de tal forma que responda de modo más justo y adecuado a los postulados pedagógicos, a los principios de la ética política y a la libertad de identidad de las .personas, de los grupos y de los pueblos de España".

Se inspiraban los portavoces eclesiásticos, según explicaban en unas reflexiones que en 1977 redactaron, conjuntamente con el arzobispado de Pamplona acerca de los problemas actuales de la enseñanza. Previamente a la formulación de sus críticas, los autores del documento reconocían, "con una mirada positiva exenta de prejuicios", que el proyecto de ley recoge "una voluntad política de extender, de modo gratuito, el saber y la cultura a todos los ciudadanos de las diversas capas de la sociedad, Reivindican de esta manera para estratos humildes el, acceso a "todos los niveles de educación".

Asimismo destacaban positivamente que con el proyecto de ley "la escuela prepara a sus alumnos para la vida en sociedad mediante su participación activa en la marcha del centro escolar". Admitían que la ley respeta el pluralismo social legitimando dos tipos de escuela, la pública y la privada, y determinando que ambas "se nutran económicamente de las arcas públicas; la norma legal está inspirada por el noble propósito de dignificar la enseñanza pública dotándola de los recursos personales, institucionales y económicos necesarios".

Por contra, los titulares de las diócesis de San Sebastián, Bilbao y Vitoria, sacaban a colación, otros principios generales que, en su opinión, no recogen el proyecto de la mencionada ley orgánica. "La escuela debe mantener a salvo la naturaleza específica de las comunidades educativas. La LODE, en su redacción actual, desconoce esa naturaleza aplicando a la escuela un modelo de libertad y de participación calcado sobre esquemas políticos". Apuntan asimismo el riesgo de traspasar al recinto escolar las tensiones y luchas por el poder: "La escuela puede perder fácilmente el clima de serenidad necesario para cumplir su tarea".

Junto a esta preocupación por la, politización que, en su. opinión, la LODE, puede llevar a la escuela, los obispos encuentran en el proyecto de ley restricciones, para el autogobierno de la comunidad vasca. A este respecto, coinciden casi literalmente con las críticas que suelen expresar los partidos nacionalistas vascos respecto de la política del Gobierno del Estado en materia de autonomías. "El modelo educativo que se implanta", dicen los obispos, "sustrae prácticamente a la comunidad autónoma la capacidad de autogobierno real, al que tiene legítimo derecho, y se acerca a una descentralización administrativa".

La libertad real de enseñanza, recalcan los obispos, "es indispensable del derecho a querer mantener centros escolares dotados de ideario y proyecto educativo propios". En este sentido los autores del documento critican que el sistema de participación diseñado por la ley no garantiza las legítimas atribuciones necesarias para asegurar el carácter propio de esos centros, ya que, en su opinión, el porcentaje de participación de los padres en la gestión de los centros públicos es escasa.