El debate parlamentario sobre el aborto

EL DEBATE parlamentario en torno a la despenalización restringida del aborto se ha iniciado en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, que dictaminó ayer el proyecto de ley de reforma del artículo 417 bis del Código Penal. El Grupo Parlamentario Socialista, cuya desahogada mayoría le permite respaldar sin dificultades cualquier propuesta del Gobierno, ha derrotado las enmiendas que, desde la derecha y desde la izquierda, trataban de modificar el proyecto.De un lado, Juan María Bandrés, diputado de Euskadiko Ezkerra, ha defendido una enmienda que, aunque rechazada por los socialistas, no se encuentra demasiado alejada, en sus líneas generales, de los principios que orientaron las normas sobre el aborto promulgadas en el Reino Unido (1967) y Francia (1975) y las célebres sentencias de 1973 del Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos Roe contra Wade y Doe contra Bolton. Mientras el proyecto de ley socialista se mueve exclusivamente en el terreno de la despenalización, básicamente, relacionada con el aborto terapéutico, la legislación francesa y británica y la jurisprudencia norteamericana se orientan más bien hacia el reconocimiento de la libertad de las gestantes para tomar decisiones sobre su embarazo. La ley francesa de 1975, presentada por la ministra Simone Véry cuando Valéry Giscard'Estaing ocupaba la presidencia de la República y la coalición liberal-conservadora disponía de la mayoría en la Asamblea, autoriza el aborto durante, las primeras 10 semanas de gestación, sin necesidad de que la mujer embarazada explique los motivos que le llevan a esa determinación. Las restricciones de la normativa francesa se aplican únicamente a las menores de edad, que deben contar con la autorización de sus padres y tutores, y a las mujeres casadas, a las que se solicita -aunque el trámite no sea indispensable- que den cuenta de su decisión al marido. La ley británica de 1967 autoriza el aborto durante las 28 primeras semanas de gestación cuando el embarazo ponga en peligro la salud física o psíquica de la madre, influya negativamente en las condiciones futuras de vida de la embarazada o de sus hijos ya nacidos o exista riesgo deformación somática o mental del feto. Las sentencias del Tribunal Supremo norteamericano de enero de 1973 garantizaron la libertad de llevar a cabo la interrupción voluntaria del embarazo durante los tres primeros meses de gestación.

Juan María Bandrés propuso un plazo de 18 semanas para la interrupción voluntaria del embarazo, pidió la gratuidad del aborto, a cargo de la Seguridad Social (cuestión que despierta actualmente vivas polémicas en Francia y Estados Unidos) y defendió el derecho de los médicos a alegar la objeción de conciencia respecto a la realización material del aborto. El diputado López Ríaño, al rechazar la enmienda del diputado de Euskadiko Ezkerra, utilizó como argumento pertinente la congruencia del proyecto de ley gubernamental con el programa electoral del PSOE, y como baladronada retórica, los 10 millones de votos obtenidos por los socialistas en las urnas, lo que le valió una humorística respuesta de Juan María Bandrés sobre el talante de nuevos ricos que algunos miembros del partido en el poder despliegan a veces en el debate político, tal vez para compensar la debilidad de sus razones con la fortaleza de los números.

El Grupo Parlamentario Popular dividió su estrategia entre el maximalismo del diputado Díaz Pinés, un curioso personaje que militó anteriormente en las filas de UCD, y las enmiendas restrictivas de José María Ruiz Gallardón.

En cualquier caso, la decisión del Grupo Parlamentario Popular de presentar también enmiendas técnicas de detalle al proyecto de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, en vez de limitarse exclusivamente a un rechazo frontal y de principios de su contenido, muestra que este debate tal vez pueda librarse del peligro de ser instrumentalizado como arma ideológico-política, utilizada para uncir manipuladamente las creencias religiosas a un proyecto partidista conservador-autoritario. No le resultaba fácil, desde luego, a Alianza Popular desatar una cruzada político-religiosa contra una mayoría socialista cuya ley de despenalización limitada del aborto refleja las opiniones de la mayoría de la sociedad española y se queda ampliamente rezagada respecto a otras normas europeas y a las sentencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Las aspiraciones de la coalición presidida por Manuel Fraga a ser definitivamente homologada por la derecha civilizada del mundo occidental cuadran mal con los insultos dirigidos por algunos dirigentes de Alianza Popular contra los gobernantes que promueven o admiten una legislación abortista, renglón que incluye prácticamente a todos los estadistas europeos. Si el moderado proyecto del PSOE es obra de criminales, asesinos je infanticidas, la inmensa mayoría de los dirigentes conservadores de Europa y América, así como los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos y los democristianos italianos tienen pleno derecho a recibir idénticas injurias.

Pero no se trata sólo del riesgo de que Alianza Popular quede ideológica y políticamente aislada de los partidos o coaliciones del mundo occidental con los que desea identificarse y a los que oblicuamente insultan diputados como Díaz Pinés. Un barómetro de opini6n pública realizado en febrero de 1983 por el Centro de Investigaciones Sociológicas, cuyos sondeos gozan de un generalizado prestigio, reveló datos tan sorprendentes como que un 37% de quienes votaron a Alianza Popular, el 28 de octubre estaban muy de acuerdo o de acuerdo con el proyecto de despenalización limitada del Gobierno. La propuesta socialista era también aprobada por el 42% de los católicos practicantes, el 69% de los católicos no practicantes, el 55% de quienes se juzgaban en posiciones_de centro, el 33% de quienes se consideraban de derechas y el 44%. de quienes se alineaban en la extrema derecha. Parece evidente que la hipótesis del techo electoral de Alianza Popular quedaría firmemente reforzada por campañas propagandísticas que, tal y como sucede con la despenalización del aborto, chocaran con actitudes y opiniones firmemente arraigadas. de su posible clientela. Porque el proyecto de transformar a la coalición presidida por Manuel Fraga en una derecha moderna, en la que coexistieran conservadores, liberales y democristianos y que tratara de conseguir la mayoría relativa en las urnas, sería irrealizable si sus dirigentes optaran por dar la espalda a lo que piensa y desea una sociedad como la española, irremisiblemente encaminada hacia la modernidad y la secularización.