Después de la catástrofe

LAS RIADAS y lluvias torrenciales que castigaron a lo largo de la pasada semana la parte oriental de la cornisa cantabrica -con repercusiones eepecialmente dramáticas en Vizcaya- y algunas zonas de Burgos y Navarra han dejado la triste secuela de 39 muertos y mas de treinta desparecidos, la amenaza de brotes epidémicos, la ruina de pequeños comerciantes y agricultores, la puesta en peligro de empresas grandes o medianas y la destrucción definitiva o la suspensión temporal de un número indeterminado de puestos de trabajo. En esa estela de desolación y tristeza habrá que inscribir los problemas que puedan surgir -como consecuencia de los agravios comparativos políticamente manipulados, de los errores administrativos o de la picaresca marginal- en torno a la reconstrucción de las viviendas, el aparato productivo, las redes de comunicación y las instalaciones de servicios en las zonas devastadas.La solidaridad social y las actuaciones del Estado intentan contribuir eficazmente a paliar las consecuencias de la catástrofe, cuyas dimensiones hubieran podido ser todavía mayores, tanto en pérdidas de vidas humanas como en sufrimientos, sin los sacrificios y los esfuerzos desplegados por la Administración Central, las instituciones de autogobierno y las autoridades municipales. La labor realizada por los cuerpos de seguridad y por las Fuerzas Armadas ha merecido el reconocimiento y el agradecimiento de los ciudadanos. Será necesario, sin embargo, realizar un serio examen de los fallos de coordinación y de las eventuales negligencias que hayan podido producirse en estos trágicos días, como secuela inevitable de una deplorable herencia en el terreno de la protección civil, a fin de sacar para el futuro las necesarias lecciones de esta dolorosa experiencia. Aunque las obscenas denuncias indiscriminadas del radicalismo extraparlamentario produzcan un reflejo instintivo de rechazo, el análisis crítico de las medidas adoptadas, fundamentalmente en el capítulo de las cautelas preventivas, es perfectamente compatible con el elogio de los esfuerzos llevados a cabo, en condiciones dificiles y en ocasiones heroicas, por los servidores del Estado y los representantes electos de los ciudadanos.

Se abre ahora una etapa en la que los resortes emocionales y la inmediatez afectiva de las respuestas solidarias tendrán que dejar su lugar a la tarea sorda y poco espectacular del trabajo cotidiano dirigido a ayudar a los damnificados y a restablecer los equipamientos colectivos. La buena disposición mostrada por las diversas instancias territoriales e institucionales del poder del Estado para sumar esfuerzos mediante la colaboración y no restar eficacia a aquella labor interponiendo celos competenciales o estrechez corporativa, deberá prolongarse en el tiempo para superar posibles roces o fricciones derivados de la existencia de fronteras administrativas. Pero la voluntad política no será suficiente. La reconstrucción de las zonas asoladas por las ríadas exigirá nuevos sacrificios a la maltrecha hacienda pública española y representará una pesada carga para nuestra ya recalentada economía.

La decisión del Consejo de Ministros celebrado anteayer de enviar a las Cortes un proyecto de ley que declara zonas catástroficas a los territorios afectados por las inundaciones, permitirá aplicar a los perjudicados algunas medidas indispensables para aliviar las consecuencias de las ríadas. El Consejo de Ministros ha confiado también a unas comisiones técnicas la estimación de los daños a fin de que el Parlamento pueda aprobar, sobre bases seguras, los créditos presupuestarios pertinentes. Pese a que los españoles estén ya habituados a calcular en cientos de miles de millones de pesetas el monto de las facturas expedidas por catástrofes tan poco naturales como la gestión irresponsable de los Bancos acogidos al Fondo de Garantía de Depósitos o la huída hacia adelante de Rumasa, las cifras que se barajan para computar los daños causados por las aguas producen vértigo. Las primeras valoraciones apuntan a unas pérdidas globales de medio billón de pesetas, es decir casi la mitad del déficit presupuestario oficialmente aprobado en los presupuestos de 1983. De esta forma, el Gobierno tendrá que enfrentarse, para el ejercicio de 1984, con las demandas contrapuestas de mantener el déficit en sus actuales porcentajes respecto al PIB y de asignar recursos públicos para las ayudas a los damnificados. Si a esta emergencia se suman la preocupante partida derivada de la expropiación de Rumasa y la estrategia de reconversión industrial, las dificultades del Gobierno para presentar unos presupuestos que no susciten la demagogia de la oposición y la decepción de los sectores sociales que apostaron a favor del cambio parecen casi insalvables.

Por lo demás, las inundaciones en el País Vasco han dado ocasión para desvanecer buena parte de los recelos, cuidadosamente alimentados por la derecha autoritaria y el radicalismo abertzale, sobre la capacidad de funcionamiento del Estado de las Autonomías. La decisión del Presidente del Gobierno de confiar la coordinación de las ayudas y die los esfuerzos de todo el aparato estatal en el País Vasco al Presidente de la Comunidad Autónoma fue un acto de coraje político y de racionalidad funcional que debe contribuir a instalar las relaciones entre la Administración Central y las instituciones de autogobierno en su auténtico sitio: una confianza mutua que resulta imprescindible para una distribución territorial del poder que armonice la jerarquía normativa con el ejercicio de la autonomía. La espléndida intervención de Carlos Garaicotxea en Televisión permitió también a muchos españoles, que sólo oyen hablar del País Vasco como escenario de los asesinatos de las bandas terroristas, escuchar un lenguaje de responsabilidad y sentido del Estado que era diametralmente opuesto a las sesgadas interpretaciones o abiertas tergiversaciones que ciegan.la comprensión del problema vasco y envenenan el enjuiciamiento del nacionalismo razonable. Aunque incurriría en el pensamiento desiderativo cualquier conclusión precipitada sobre los efectos que esta tragedia pudiera tener sobre el desarrollo de la situación política del País Vasco, cabe abrigar la esperanza de que el descubrimiento de la fraternidad y de la solidaridad humanas, por encima de las ideologías, para enfrentarse con los efectos destructores de la ciega naturaleza, pueda también extenderse al rechazo de una violencia humana no menos ciega.