El Gobierno francés agilizará los procedimientos de expulsión de los inmigrantes clandestinos

Una sesentena de medidas contra la inmigración ilegal y en favor de la reinserción de 4.500.000 trabajadores extranjeros en Francia, entre los que hay casi 400.000 espafíoles, fueron aprobadas el miércoles por el Consejo de Ministros presidido por François Mitterrand.Las medidas del Gobierno no suponen la puesta en pie de nuevos textos legales, ya que la panoplia legislativa es suficiente. Sin embargo, se multiplicarán los controles de identidad y se acelerarán los procedimientos judiciales para la expulsión de aquellas personas que no tengan en regla su permiso de residencia. Varias decenas de miles de clandestinos temen por su expulsión inmediata del territorio galo, mientras el Gobierno reconoce el carácter multirracial de la sociedad francesa.

"Hay que aplicar la ley con todo rigor, porque de otra manera Francia corre el riesgo de perder su equilibrio", dijo el presidente. Pese a que no se disponga de cifras oficiales, se calcula que alrededor de 100.000 personas, residentes clandestinos, podrían ser expulsados a corto plazo.

Entre julio de 1981 y enero del año siguiente, el Gobierno presidido por François Mitterrand regularizó la situación de 130.000 inmi grantes ¡legales, que obtuvieron un permiso de trabajo. Esa regularización, se asegura en fuentes gubernamentales, no se va a rescindir.

Además de las medidas contra los nuevos emigrantes o para la ex pulsión de quienes no están en regla, el Gobierno ha querido compensar la balanza anunciando la puesta en marcha de acciones en favor de la reinserción de los 4.459.068 extranjeros, de los que 1.800.000 son trabajadores y más de 200.000 se encuentran en paro En primer lugar, el espíritu de la reagrupación familiar va a seguir en pie, favorecido por una política de alojamiento más racional y una protección de la educación de lo hijos de emigrantes.

Xenofobia francesa

La decisión de prestar una especial atención al tema de los traba jadores extranjeros en Francia se debe a la xenofobia que en tiempos de crisis azota a un sector de la sociedad francesa.Alrededor de un 10% de los franceses, según fuentes oficiales citadas por la Prensa, se movería por criterios racistas. El Gobierno socialista francés desearía cambiar esa mentalidad, tanto por razones electorales como por motivos de armonía ciudadana.

Max Gallo, portavoz del Gobierno de Pierre Mauroy, comentó la política aprobada por el Consejo de Ministros asegurando que la preocupación mayor que ha orientado la elaboración de las directrices consiste en "evitar que nazca el miedo entre las diferentes comunidades que pertenecen hoy a la realidad nacional", pertenencia que a largo plazo se reconoce como definitiva, aunque todavía los socialistas no quieran ni oír hablar de conceder el derecho de voto a los emigrantes.

Por su parte, Georgina Dufoix, secretaria de Estado para la Familia y los Inmigrados, declaró que las dificultades económicas unidas al alto índice de desempleo no permiten a Francia recibir a nuevos inmigrantes.

Según las estadísticas, en diciembre de 1982 residían en Francia 395.364 españoles, de los cuales, un 2,64% estaba acogido al seguro de desempleo. Como ya había sido el caso a partir de junio de 1977, cuando el Gobierno daba una prima de 10.000 francos (90.000 pesetas) a quienes aceptaran volver a sus países de origen, ahora vuelve a decirse que las autoridades francesas van a favorecer esa alternativa.