"Esta catástrofe es un durísimo golpe para la economía pero no será su puntilla", afirma el consejero de Hacienda
"Esta catástrofe es un durísimo golpe para la economía vasca, pero en ningún caso va a representar su puntilla", manifestó ayer Pedro Luis Uriarte, consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, que ayer estudiaba la posibilidad de cursar el Gobierno central una petición para que Vizcaya sea declarada zona catastrófica. Uriarte indicó que el Gobierno vasco está estudiando en estos momentos la readaptación de los presupuestos del presente año de la Comunidad Autónoma, que se cifran en 94.000 millones de pesetas, para dotar nuevas partidas que cubran algunas de las necesidades más perentorias de los sectores afectados por el desbordamiento de los ríos de la cuenca vasca.
"Todos los sectores que integran la actividad económica ordinaria" afirmó Uriarte "se han visto afectadas por las recientes inundaciones. Pero la industria y la agricultura han sufrido en mayor medida el efecto de las aguas desbordadas". El Gobierno Autónomo también está estudiando la posibilidad de retocar los presupuestos para el año 1984, que se encontraban en un estado de elaboración muy avanzado, para intentar cubrir algunos de los problemas que los efectos de la riada han causado a los sectores económicos de Euskadi, considerados como esenciales. En este sentido se pretende incidir de forma especial en los aspectos financieros que ayuden a la paulatina normalización de la actividad en industrias y comercios.Para Pedro Luis Uriarte, la Comunidad Autónoma vasca tiene capacidad de recuperación y espíritu de trabajo suficiente como para superar la trágica situación actual. "Confiamos en tener medios financieros y apoyo suficiente del Estado como para superar la situación", manifestó al referirse a las ayudas económicas establecidas en los Presupuestos Generales del Estado para situaciones catastróficas como la que se da actualmente en Euskadi.
Aunque el consejero de Economía y Hacienda manifestó que el Gobierno vasco está recabando todo tipo de información para intentar establecer el alcance de los daños económicos producidos, y reconociendo que aún es prematuro establecer cualquier balance, por mucho que se le pretenda dotar del carácter de aproximación manifestó tajantemente que las cifras serán astronómicas.
En medios empresariales de la capital vizcaína han comenzado a circular comentarios intranquilos acerca de la tardanza de las autoridades autonómicas en solicitar la declaración de zona catastrófica para Vizcaya. La razón de esta intranquilidad parece estar en el hecho de que mientras esta declaración no se produzca las compañías de seguros deberán hacer frente a los riesgos que mantenían tanto con los particulares como con las empresas, circunstancia que colocaría a este ramo de actividad empresarial en una situación francamente delicada, a la vez que, según diversas opiniones, podrían producirse situaciones de demora en la percepción de los importes de las pólizas. En los casos de catástrofe acostumbra a ser el consorcio asegurador, organismo autónomo dependiente de la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda, el que se hace cargo de la aportación de los capitales asegurados.
Por otra parte, y dentro de el goteo de estimaciones oficiosas sobre pérdidas de importancia, el presidente de Renfe, Ramón Boixadós, manifestó que la compañía puede haber sufrido daños materiales por un importe superior a los 2.500 millones de pesetas. Boixados, que llegó con el primer convoy a la estación de ferrocarril de Llodio, puso de manifiesto que los servicios a Bilbao no podrán ser plenamente restablecidos hasta pasada la primera quincena de septiembre. Ayer en Bilbao existía la convicción de que el sector más afectado en cuanto al número de personas que de él depende ha sido el comercio.
Algunas entidades financieras están estudiando la posibilidad de establecer líneas especiales de ayuda a los damnificados, aunque mantienen un cierto nivel de cautela antes de conocer el alcance real de los daños.
