Aumentos de precios y mayores facilidades para el despido, consecuencias inmediatas de la política del Gobierno Soares

A los ciudadanos portugueses les han subido el precio del bacalao. Desde hace pocos días, un kilo de la modalidad corriente de ese pescado, ingrediente fundamental de numerosos platos tradicionales, cuesta 415 escudos, tras una serie de aumentos que oscilan entre un 15% y un 20% para las diferentes variedades. Los aumentos de precio en ocasiones espectaculares, son, junto a la incertidumbre sobre el futuro de las empresas nacionalizadas y las nuevas facilidades para el despido, algunas de las consecuencias mas inmediatas de la política de estabilización emprendida por el Gobierno de coalición portugués (partido socialista partido socialdemócrata, PPS-PSD), bajo los auspicios del Fondo Monetario Internacional (FMI), la presión de la deuda externa y la necesidad urgente de nuevos créditos.

Los sindicatos apenas si han tenido tiempo de reaccionar, pero la Confederación General de Trabajadores- Portugueses (CGTP) -más conocida por la Intersindical- ha pronosticado, un otoño caliente. La CGTP, próxima al partido comunista, es el primer sindicato del país y cuenta con un, millón y medio de afiliados entre una población laboral de cuatro millones de personas.Será efectivamente en otoño cuando se verifique la dureza de la política de estabilización, su incidencia en el nivel de vida y el grado de aceptación popular. En otoño proliferarán las negociaciones de convenios colectivos, habrá nuevos incrementos de precios e impuestos todavía no desvelados y entrará en vigor la ley que permite despidos temporales (lay-off) por un plazo máximo de dos años y un 60% del salario. En otoño se conocerán los detalles del acuerdo suscrito entre el Gobierno, portugués y el Fondo Monetario Internacional, después de que el texto haya sido aprobado en octubre por las autoridades de la entidad financiera internacional. En el terreno político, el congreso del partido socialista debatirá la-eliminación de las referencias al marxismo en los documentos programáticos, y el Gobierno negociará con Estados Unidos el futuro de la base de Lajes, en las islas Azores.

Saldos fin de estación

De momento, se sabe que el crecimiento real. de los salarios se quedará varios puntos por debajo del crecimiento de la inflación -de 4 a 5 puntos según los medios oficiales y de 10 a 12 puntos según la Intersindical- y el desempleo -ahora de un 8% según las fuentes oficiales o de un 11 % según los sindicatos- se incrementará sustancialmente. La CGTP adelanta la cifra de 500.000 parados más, producto directo de los ajustes de plantilla y de cierre de empresas de los sectores público y privado, penalizadas por las restricciones crediticias y la subida de los intereses. El nuevo contingente de desempleados, una cantidad comprendida entre 50.000 y 100.000, procederá del sector público, según diversas estimaciones.

A finales de agosto, cuando una buena parte de la clase política portuguesa no ha concluido aún sus vacaciones en el Algarbe, los lisboetas se arremolinan en los almacenes ante los saldos por fim de estacáo, mientras las subidas de precio de productos y servicios básicos caen sobre ellos implacables, casi sin tregua. La cuota mínima de teléfono ha pasado de 625 escudos a 850 escudos al mes, con carácter retroactivo; la leche ha doblado prácticamente su precio, pasando a valer entre los 30 y los 34 escudos por litro. El pan y la gasolina también han aumentado, las patatas pueden hacerlo próximamente y los transportes públicos estrenarán precios un 27% más altos a principios de septiembre, con lo cual un billete de tranvía pasará de 40 a 50 escudos. Los incrementos deberán distribuirse en un sueldo medio de aproximadamente 16.000 escudos (un 30% de la población activa cobra el salario mínimo de 13.000 escudos, según fuentes sindicales). Las cuentas, sin duda, tendrán que ser muy ajustadas para cuadrar.

Una reciente y controvertida nota del ministro de Finanzas, el independiente Ernani Lopes, delimitaba la magnitud de la crisis portuguesa. El déficit de la balanza de transacciones corrientes es, según el ministro, el más elevado de la OCDE y uno de los más gravosos del mundo (3.200 millones de dólares, equivalentes al 13,5% del producto interior bruto). La deuda externa global, que alcanzaba los 14.200 millones de dólares a finales de 1982 (58% del PIB), supone unas cargas financieras de 1.300 millones de dólares en 1983 y 1.500 millones de dólares en 1984, tan sólo en concepto de intereses.

Reservas limitadas

Las divisas apenas cubren una semana de importaciones y Portugal tiene un acceso cada vez más limitado a los mercados financieros internacionales, habiendo tenido que vender 30 toneladas del oro africano, cuidadosamente acumulado por Salazar, para hacer frente a sus compromisos financieros internacionales.

En el campo del consumo público, se han creado, según Ernani Lopes, servicios de forma desordenada, se han mantenido gastos suntuarios y beneficios fiscales no justificados, así como políticas de personal sin control, en tanto que el déficit público llegaba a los 178.000 millones de escudos en 1982. En el campo del consumo privado, aseguraba el ministro, la política de subsidios a los precios es "responsable" de las "distorsiones" en la cadena de la actividad económica.

Las recetas ofrecidas por la Administración, pasan por el programa de gestión coyuntural de emergencia, cuya acción debe extenderse hasta finales de 1984. El control de los aumentos salariales en la empresa pública y privada, la reducción de gastos y nuevos instrumentos de fiscalidad directa e indirecta forman parte de la terapia. El tratamiento incluye un crecimiento negativo del 1,5% del MB para 1984, el control y reducción del programa de inversión en las empresas públicas y, entre otras cosas, una tasa de inflación que, según los sindicatos, subirá varios puntos por encima del 30%.

Un primer paso indispensable

Con todas estas cosas, el Gobierno portugués quiere limitar el crecimiento de la deuda externa a 14.600 millones de dólares en 1983 y a 16.000 millones de dólares en 1984 y reducir el déficit de la balanza de transacciones corrientes a 1.250 millones de dólares en 1984. Pese a su dureza, las medidas no garantizan la "cura de los males profundos" de la economía portuguesa y limitan su pretensión a ser "un primer paso indispensable" para "reestructurar y modernizar" el aparato productivo con el fin de crear las condiciones de progreso a las que el pueblo portugués justamente aspira".

Joáo Cravinho, ministro de Industria en 1975 y hoy director de un gabinete de estudios industriales y miembro de una fracción crítica por la izquierda del partido socialista (el ex secretariado), cree que la distribución de los aparentemente inevitables sacrificios constituye un tema básico. "La crisis", dice, "no es una depresión generalizada, sino un desajuste estructural donde habrá quien ganará y quien perderá". Cravinho critica la ausencia de objetivos a medio y largo plazo en el programa de austeridad gubernamental, pero valora la "honestidad" y "sinceridad" del ministro de Finanzas.

Medios del partido socialista que prefirieron quedar en el anonimato señalaron que el Gobierno actual está practicando "una política de derechas, cuyo fin es restablecer el papel privilegiado del capital, incluso de capital rentista".

"Nuestra duda está en saber si se trata de una provocación al enfrentamiento, de una incapacidad, o de una mezcla de ambas cosas a la vez", señala Álvaro Rana, dirigente de la CGTP, comentando las medidas gubernamentales. Rana, que es miembro de la comisión ejecutiva del sindicato, señala irónicamente que la única institución donde se crean nuevos puestos de trabajo es en la policía.

Para el presidente de la Confederación de la Industria Portuguesa, Pedro Ferraz da Costa, las Medidas adoptadas por el Gobierno son "inevitables" en la actualidad, pero podrían haberse evitado "ajustando las estructuras de la economía tras la última subida de los precios del petróleo". "Si no se ha hecho", dice, "es porque una parte de la economía portuguesa se sustrajo a las leyes del mercado". La Confederación de la Industria Portuguesa, que agrupa a 40.000 empresas, no cesa de pedir que se dé más margen a la iniciativa privada.

En opinión de Alexandre Vaz Pinto, vicegobernador del Banco de Portugal, "era prácticamente imposible seguir un camino diferente. La manera de presentar el producto hubiera podido ser más atractiva, pero ello no hubiera modificado el contenido".

De todos los puntos contemplados por las medidas de austeridad, el futuro de las empresas públicas (55 en total, excluyendo los bancos y las compañías aseguradoras) es el que suscita actualmente enfrentamientos más enconados, ya que toca las bases mismas del sistema.