El turismo y su promoción

EL MINISTRO Barón espera un récord turístico en 1983. Su estimación se basa, sin embargo, más en el número esperado de turistas entrados que en los ingresos en dólares, que es quizá el dato más relevante. Hasta ahora, las cifras del registro de caja del Banco de España ofrecían, en los seis primeros meses de este año, unos ingresos en dólares ligeramente inferiores a los del mismo período de 1982. Este resultado, por otro lado, no es malo pero tampoco es bueno con relación al año pasado, a tenor de la fuerte depreciación de la peseta, e implica, naturalmente, un ingreso superior en pesetas, del orden del 30%, como ha subrayado el ministro. Durante los siete primeros meses de este año, el número total de visitantes procedentes del extranjero descendió un 1,7%.El turismo ha sido quizá la actividad más importante en la reciente historia económica española. El despegue de los años sesenta giró en gran parte en torno al turismo. El turismo estimuló la construcción, modificó la demanda de productos alimenticios, proporcionó empleo a un gran número de personas y, además, contribuyó de forma decisiva a equilibrar la diferencia entre los pagos por importaciones y los escasos ingresos obtenidos por nuestras ventas de mercancías.

Entre 1960 y 1963, los ingresos por turismo en dólares se duplicaron y en el período 1963-1972, pasaron de 700 a 2.500 millones de dólares, es decir, se multiplicaron 3,5 veces. En ese año representaban el 66% del valor de las exportaciones de mercancías. Con la crisis del petróleo se produce una fuerte contracción en su ritmo de aumento y entre 1972 y 1982 pasan de 3.100 a 7.100 millones de dólares, es decir, se multiplican 2,9 veces, a pesar de que la inflación de esos 10 años fue muy superior a las del decenio precedente. En 1982, los ingresos turísticos representaban el 33% de la exportación por mercancías. El monocultivo del turismo ha ido diluyéndose, pero su menor crecimiento demostraba los efectos negativos de la crisis y la urgencia de mejorar nuestra oferta turística. No se trataba tanto de una política global, sino de articular una serie de acciones coordinadas que impulsaran nuestra ventaja comparativa en este sector.

En primer lugar se trata de utilizar al máximo nuestra oferta turística, con más de un millón de plazas hoteleras y casi el doble de plazas en sillas de restaurantes, y acomodarla a las exigencias de la demanda. El denominador más común de los gustos y necesidades de los turistas europeos y norteamericanos es el deseo de disfrutar de unas playas limpias e higiénicas y disponer de un correcto alojamiento y una buena comida. La iniciativa privada ha venido satisfaciendo de manera aceptable la parte que le corresponde. La intervención de las autoridades en ese capítulo, deberá ser sólo la necesaria para garantizar que la categoría de un hotel, por ejemplo, se ajuste a los servicios suministrados. Este tipo de criterio debería importar más que el número de metros cuadrados por habitación o la amplitud de los salones, por ejemplo, como parámetros determinantes en la calificación. De hecho, se trataría de sancionar oficialmente lo que algunas guías turísticas especializadas y prestigiosas realizan mediante la simple venta de sus ejemplares.

Sin embargo, donde los fallos se han ido almacenando es en el suministro de servicios públicos. Un rápido crecimiento en un período de casi 15 años y en un país poco articulado institucionalmente provocó un buen número de abusos descarados. El paisaje y la estética de las playas conocieron atentados que habrían sido fáciles de evitar. La población turística fue concentrada en núcleos urbanos con unas dotaciones muy frágiles en saneamientos e infraestructura. Las consecuencias más dramáticas fueron puestas de manifiesto en 1972, a través de¡ Plan de la Dirección de Obras Hidráulicas, para "mejorar la dotación de aguas en las zonas costeras" y sobre todo, "para la depuración de las aguas residuales vertidas descontroladamente" en numerosas zonas de gran concurrencia turística de nuestro litoral. El plan sólo se realizó en parte. En 1980, un Consejo de Ministros actualizó sus presupuestos para acometer un saneamiento que cada vez resultaba más urgente. Las autoridades conocían ya entonces que las normas de calidad microbiológicas de la Organización Mundial de la Salud, a finales de 1979, sólo las satisfacían el 56% de nuestras playas, y también que sólo un 44% de las estaciones veraniegas cumplían las normas de calidad estética de la organización California 1943. No es muy seguro que desde aquel año las condiciones hayan mejorado, porque los presupuestos estatales, autonómicos y locales, han estado más atentos a satisfacer otros tipos de actividades. Pero el saneamiento de las aguas residuales y la mejora en la dotación de abastecimiento de aguas son una parte inseparable de una oferta turística española, obligada a competir en un mercado mucho menos expansivo que años atrás.

El Estado también podría contribuir a que se alargase la estacionalidad del turismo. Los hoteles de temporada, por ejemplo que prolongaran su apertura, obtendrían una exención total en las cotizaciones de la Seguridad Social para los trabajadores empleados en época de temporada baja. Esto permitiría el ofrecimiento de precios muy competitivos en la temporada baja para atraer a turistas americanos e incluso españoles. El problema con nuestros compatriotas sigue siendo, sin embargo, ese toque de arrebato que se produce en agosto, en el que se cierran prácticamente todas las actividades productivas. ¿Acaso un trabajador del norte de España no disfrutaría más interrumpiendo los días de trabajo de un lluvioso invierno en una playa del Sur o de Levante? Las empresas no pararían su producción de un modo radical. Los costes fijos se absorberían con más facilidad si la producción y las ventas no se paralizan durante un mes completo. Una política de vacaciones, estímulos a un ocio bien programado quizá fueran no sólo un incentivo para descongestionar de nacionales los lugares de veraneo en la temporada alta, sino también un acicate a una organización menos angustiosa del trabajo. ¡En agosto se cierra.!

En cuanto a la venta y comercialización propiamente dicha de la oferta turística española, el Estado puede concentrarse en difundir las mejoras genéricas en el saneamiento de playas y presentar en televisiones extranjeras documentales de calidad sobre el paisaje y las excelencias del país. Quizá también sería bueno acoplar esta propaganda genérica con los planes de agencias y operadores turísticos, con el fin de llegar al mayor número de personas en el tiempo y lugar adecuados.

Cualquier política turística que se precie e intente de una manera simple y eficaz preservar lo que quede de la estética de las playas, deberá obtener la aprobación de una sencilla ley sobre alturas y volumen de las edificaciones. Bastaría con uno o dos artículos que estimulasen la construcción de viviendas de una altura en las zonas litorales y, naturalmente, prohibieran alturas superiores a distancias inferiores a un kilómetro de la línea de costa o playa. La parte más dinámica de las inversiones extranjeras en España sigue siendo la compra de casas y apartamentos. Una buena promoción urbanística y la seguridad de que se respetará la altura de las edificaciones y se preservará el entorno, contribuirían a estimular la inversión inmobiliaria y, en consecuencia, a asegurar el arraigo del turista extranjero.