El tribunal niega la posibilidad de que existan leyes interpretativas de la Constitución

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150.3 constituye una pieza en el sistema global de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades, debido a lo cual sólo es aplicable a aquellos supuestos en. que el legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales para el ejercicio de su potestad legislativa, o éstos no sean suficientes para garantizar la armonía exigida por el interés general.

Del análisis pormenorizado que a continuación lleva a cabo la sentencia de los preceptos acotados previamente como armonizadores, resulta en todos los casos, a juicio del Tribunal, que el legislador estatal disponía de una expresa atribución constitucional para dictar las correspondientes normas, debido a lo cual no puede asignarse al proyecto impugnado carácter armonizador.

La extralimitación del legislador

La parte de la sentencia doctrinalmente más interesante y novedosa se recoge en el análisis que hace el Tribunal Constitucional de los limites intrínsecos de la potestad legislativa del Estado. La sentencia examina la capacidad del legislador estatal para dictar normas relativas al ámbito competencial de las comunidades autónomas que precisen el alcance de los conceptos jurídicos utilizados en el texto constitucional, integren la determinaciones constitucionales o incidan directamente sobre el sistema de distribución de competencias previsto en la Constitución, sin una atribución contenida en la misma de forma expresa.

La sentencia reconoce que las Cortes Generales, en tanto que titulares de la potestad legislativa del Estado (artículo 66 de la Constitución), pueden legislar en principio sobre cualquier materia sin necesidad de poseer un título específico para ello. "Pero esta potestad", puntualiza la sentencia, "tiene sus límites, derivados de la propia Constitución, y, en todo caso, lo que las Cortes no pueden hacer es colocarse en el mismo plano que el poder constituyente realizando actos propios de éste, salvo en el caso de que la propia Constitución le atribuya alguna función constituyente".

"Al Tribunal Constitucional corresponde, en su función de intérprete supremo de la Constitución", se añade en la sentencia, "custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrá rebasar los límites y las competencias establecidas por aquél".

A partir de estos supuestos genéricos, la sentencia precisa los criterios que, en virtud de la norma que vincula a todos los poderes públicos a la Constitución (artículos 9.11 c. e.) operan como límites a la potestad legislativa de las Cortes Generales y señala que "el legislador estatal no puede incidir, con carácter general, en el sistema de delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas sin una expresa previsión". "El legislador", se añade luego, "tampoco puede dictar normas que incidan en el sistema constitucional de distribución de competencias para integrar hipotéticas lagunas existentes en la Constitución. Tampoco puede incidir indirectamente en la delimitación de competencias mediante la interpretación de los criterios que sirven de base a la misma".

En consecuencia, después de llevar a cabo el análisis pormenorizado del articulado del proyecto de ley recurrido, la sentencia considera que los artículos que integran el Título I (con excepción del 5.4, el 6, 7.2, párrafo primero, y 8) resultan inconstitucionales por sobrepasar los límites de la potestad legislativa el Estado, considerando igualmente por la misma razón inconstitucionales los artículos 22 c, 34.1, 37.2 y un inciso del artículo 37.1, que se precisa en el fallo. De igual modo se declaran inconstitucionales los artículos 23 y 24, "por incidir en el núcleo competencial fundamental de las comisiones mixtas que establecen todos los estatutos de autonomía".

Los restantes artículos del Título IV, referido a las transferencias de servicios, del que forman parte los dos últimos preceptos mencionados, deben considerarse constitucionales en opinión del Tribunal, "por cuanto se limitan a dictar normas dirigidas a la Administración del Estado o regulan aspectos formales de los reales decretos de transferencia o son simplemente el resultado del ejercicio legítimo de competencias estatales".

Fallo del tribunal

En el último folio de la sentencia se recoge el fallo del Tribunal Constitucional en el que se estima que el proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), no puede promulgarse como ley orgánica ni armonizadora. Asimismo se declaran inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 4, 5.1, 2 y 3, 7.1 y 2 (párrafo segundo; 9, 10, 22 c, 23 24.2, 34.1 y 37.2, así como los incisos contenidos en los artículos 32.2 y 37.1, "en función de la implantación real de la misma" (artículo 32.2.a), y "de conformidad con lo que disponga la legislación prevista en el artículo 149.1.18 de la misma y la que, en su desarrollo, puedan dictar las comunidades autónomas (artículo 37.1), por vulnerar los preceptos' constitucionales en los términos fijados en los correspondientes fundamentos jurídicos de esta sentencia".