Numerosos campesinos del Maresme, multados por no legalizar a sus empleados africanos

Más de 300 actas de infracción de normas de empleo y Seguridad Social han sido levantadas durante el mes de julio a agricultores del Maresme por funcionarios de la Inspección de Trabajo de Barcelona, al no haber legalizado la situación de los africanos que tenían empleados. Las multas impuestas se elevan a 15 millones de pesetas y afectan a 276 trabajadores africanos empleados sin permiso de trabajo en plantaciones agrícolas y a cerca de otro centenar empleados en condiciones irregulares.

Las poblaciones visitadas durante el mes de julio por los inspectores de Trabajo están situadas en distintos puntos de la comarca del Maresme y las infracciones se refieren especialmente a normativa de empleo y faltas de afiliación y cotización a la Seguridad Social.La medida ha causado un serio malestar entre los campesinos afiliados a la Unió de Pagesos quienes celebraron una asamblea a finales del mes de julio, en Arenys de Munt, con el objeto de analizar y valorar los criterios adoptados por la Administración para normalizar la situación de estos trabajadores. Los miembros de este, sindicato, que precisamente se ha caracterizado por una constante preocupación por las condiciones laborales de estos trabajadores, acordaron no pagar las multas y elevar una queja a las autoridades.

Los miembros de la Unió de Pagesos consideran que la existencia de situaciones de ilegalidad obedecía fundamentalmente a la incapacidad de la Administración para eliminar las trabas burocráticas y administrativas con que tropiezan los agricultores cuando quieren regularizar la situación de sus empleados.

Josep Riera, miembro del secretariado permanente de la Unió de Pagesos, ha señalado que la inspección había creado un gran desconcierto entre los campesinos porque se había sancionado igualmente los casos sin legalizar de los que se estaban tramitando, según informa Rafael Vallbona. El dirigente de la Unió de Pagesos señaló que no comprendía como el Gobierno no había conseguido un mayor grado de eficacia en el control de la entrada de trabajadores extranjeros. De no llegarse a un rápido acuerdo en las multas impuestas, el sindicato reconsideraría sus relaciones con la Administración por estimar que habrían sido víctimas de un trato injusto.

Plan del Gobierno Civil

Sin embargo, esta visión pesimista por parte de los campesinos sobre la situación de estos trabajadores contrasta con el punto de vista del Gobierno Civil que confía en una progresiva solución del conflicto con la aplicación de las recientes medidas adoptadas. Estas medidas actúan en tres frentes distintos: repatriación a sus respectivos países de origen de los trabajadores que lo soliciten, agilización de los trámites para legalizar la situación de trabajadores que puedan probar una cierta estabilidad en sus empleos, establecimiento de criterios más rigurosos para la admisión de estos trabajadores en los pasos fronterizos y aumento de los servicios de inspección hasta conseguir erradicar todas las actividades laborales ilegales.

En relación con la repatriación de los trabajadores que lo soliciten, fuentes del Gobierno Civil señalaron que estaban a la espera de recibir los fondos prometidos por el Ministerio del Interior que permitirán facilitar pasajes gratuitos a todos los trabajadores que lo deseen. El Gobierno Civil se ha puesto en contacto con los ayuntamientos de las zonas más afectadas para que recojan las solicitudes de los trabajadores interesados. Al parecer una primera partida de 13 millones de pesetas ha sido ya concedida por el Ministerio para atender las primeras demandas, pero se calcula que la dotación ministerial que se está negociando podría alcanzar los 100 millones de pesetas.

La legalización de la situación de los trabajadores que deseen continuar trabajando en España se producirá cuando éstos puedan probar que cuentan con un trabajo estable desde hace unos dos años, aproximadamente. Se trata de una doble tramitación, ya que se concede un permiso de trabajo y se les exime del permiso de residencia.