Doce 'casos' en "España, desde 1977

Desde que en febrero de 1977 se establecieron las relaciones diplomáticas entre España y la Unión Soviética, el número de ciudadanos soviéticos expulsados de nuestro país asciende a 12, la mayoría de los cuales fueron acusados de realizar espionaje de la industria armamentística española o de ingenios militares adquiridos por los ejércitos españoles.La primera expulsión se registró el 5 de marzo de 1977, cuando todavía no había transcurrido un mes desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Moscú y Madrid. Yuri Pivoravov, delegado comercial, fue expulsado al descubrirse que se dedicaba a conseguir información sobre armamento y sobre industria pesada. Un mes después fue invitado a que abandonara España Gennadiy Sveshnikov, funcionario de la sociedad mixta de pesca Intramar, y un año más tarde, Yuriy Ysayev.

En mayo de 1978 abandonó España por orden gubernamental Yuriy Popov, ingeniero técnico, acusado de espionaje industrial. A partir de 1980, los expulsados han sido Oleg Suranov (febrero de 1980), Anatoliy Krasilnikov (febrero de 1980), Yuriy Bychkov (marzo de: 198 l), Yuriy Goleviatenko, (marzo de 1981), VIadimir Yefremenkov (mayo de 1981), Vasily Fedorin (marzo de 1982) y VIadimir Tirtishnikov (abril de 1982). La última expulsión se produjo el 1 de abril de este año, pero la identidad del funcionario soviético no fue desvelada por el Gobierno español.

En casi todos los casos, los ex pulsados, aunque eran funcionarios soviéticos, no trabajaban en la embajada, sino en empresas soviéticas y, sobre todo, en em presas mixtas hispano-soviéticas. Los dos casos mas significativos fueron el de Yury Bychkov, director de la empresa mixta Sovhispan, y el de Oleg Suranov, director de la compañía aérea soviética Areoflot en Madrid.El sustituto de Suranov, Vasily Fedorin, también fue expulsado.

Las actividades de espionaje de los funcionarios soviéticos fueron descubiertas por la unidad de contraespionaje del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), ya que su labor, según las distintas notas oficiales difundidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores', ponía en peligro la seguridad nacional, por tratarse de espionaje relacionado con la industria de armamento. Sólo en una ocasión el funcionario expulsado, Krasilnikov, fue acusado, sin confirmación oficial, de mantener contactos con dirigentes de la organización nacionalista canaria MPAIAC.