Desprotección civiI en España
ANTE SITUACIONES de emergencia o catástrofes producidas por causas naturales, los ciudadanos de este país y sus numerosos visitantes están expuestos a riesgos muy superiores a los verdaderamente inevitables. Las tareas de protección civil, teóricamente encomendadas a una dirección general del Ministerio del Interior y a los gobernadores civiles de cada provincia, son atendidas por un número de funcionarios ridículamente bajo, en su mayoría sin preparación específica para esta competencia y con presupuestos simbólicos. El problema no es tanto la falta de fuerzas de salvamento como el caos que suele producirse a causa de un sistema de dirección que, carente de medios y de planes adecuados, suele tomar decisiones improvisadas en plena catástrofe.La protección civil fue configurada bajo el franquismo como un servicio dependiente de la Presidencia del Gobierno y a cargo de militares en los niveles directivos. El paso de estas competencias al Ministerio del Interior no mejoró la subestimación de las mismas, que continuaron sin un marco legal adecuado y sin recursos suficientes. Una incomprensible desviación en sus objetivos lógicos, como fue la canalización de recompensas a los ciudadanos que ofrecieran pistas sobre el terrorismo, acentuó la semiclandestinidad de este organismo durante la época de la transición democrática. La reestructuración de la protección civil como servicio público, emprendida a partir de 1981, ha pretendido coordinar las actuaciones de los diversos organismos frente a emergencias. Pero ni la dotación de personal ni los recursos económicos que se le atribuyen permiten desarrollar tales actividades con un mínimo de dignidad y eficacia. Cada vez que se produce en España una situación imprevista, como las grandes inundaciones del otoño de 1982, el caos más absoluto y la falta de toda previsión razonable elevan los riesgos para las personas e incrementan las pérdidas materiales. Los actuales responsables de la protección civil no ocultan su temor a las consecuencias de un gran terremoto, un accidente nuclear o un incendio en una planta petroquímica, por no hablar ya de los cotidianos incendios forestales contenidos como buenamente se puede, dato elocuente para valorar el grado de preparación frente a tales situaciones.
La reorganización de la protección civil no exige montar una organización autosuficiente, que necesitaría presupuestos comparables a los del Ministerio de Defensa, pero sí precisa disponer del dispositivo capaz de catalogar los recursos movilizables ante cualquier emergencia y de coordinar eficazmente los efectivos de las distintas administraciones, así como vigilar la aplicación de medidas previsoras con potencialidad para eliminar o disminuir el riesgo de una catástrofe. Que los responsables de la protección civil no dispongan de una red de radio conectada con todo el territorio nacional, de planes completos ante accidentes -como los nucleares- o de un servicio de intervención inmediata en caso de emergencia es algo díficilmente imaginable en un país moderno.
El Gobierno actual llegó al poder con el programa básico de la modernización de España, y los ciudadanos son exhortados una y otra vez a pagar sus impuestos. El corolario lógico de tales planteamientos es el derecho a la eficacia del Estado en la protección de sus vidas y de sus bienes. Considerar que una emergencia conlleva necesariamente una situación de caos, atribuir la causa de las inundaciones a que cayó mucha agua, o afirmar que la muerte y la destrucción son inherentes a cualquier alteración seria de la vida cotidiana equivaldría a una confesión de impotencia propia de situaciones tercermundistas. Profesionalizar la protección civil, asegurar su capacidad planificadora y ejecutiva en caso de emergencia e interesar al conjunto de los ciudadanos en la seguridad colectiva constituyen, en cambio, tareas indispensables en un Estado moderno.
