Ayer se reunieron los miembros de la Administración y los acreedores de ERT, en busca de nuevas fórmulas de acuerdo

A última hora de la tarde de ayer se reunieron los miembros de la comisión interministerial para eI estudio de las soluciones de Unión Explosivos Río Tinto (ERT) con los representantes del comité de acreedores bancarios de esta compañía (steering commitee) para intentar llegar a alguna fórmula de acuerdo que permita superar la actual situación que atraviesan las negociaciones entre ERT y sus acreedores.Desde que se abrió el proceso negociador, los acreedores bancarios han venido insistiendo en la necesidad de que la Administración asumiera un amplio plan de ayudas a la empresa, cuya cuantificación según diversos medios podría aproximarse a los 50.000 millones de pesetas. La deuda bancaria de ERT a finales del pasado año se aproximaba a los 120.000 millones de pesetas, de los que casi la mitad correspondían a prestamistas extranjeros.

Por su parte, los representantes del Ministerio de Industria y Energía se han mantenido también firmes en sus tesis de que las dificultades de ERT son un contencioso entre una empresa privada, incapaz de hacer frente a sus deudas, y sus -acreedores bancarios. La Administración, asumiendo -según sus portavoces- la importancia estratégica que tiene esta empresa para la economía nacional, se viene negando a otorgarle un tratamiento distinto al que recibiría cualquier otra empresa sometida al régimen de reconversión industrial.

Éste es el punto fundamental de discusión. Posiblemente, y según se pone de relieve en algunos medios próximos a los representantes bancarios, el error inicial estuvo en considerar al actual presidente ejecutivo de ERT, José María Esm. condrillas, como un delegado del Gobierno en la compañia, extremo que siempre ha sido rechazado categóricamente desde instancias oficiales.

Pesimismo ante el acuerdo

En cuanto a los resultados concretos que se espera obtener de las reuniones de hoy, no existen grandes esperanzas de llegar a ningún acuerdo definitivo por parte de ninguna de las partes. La Administración parece dispuesta a mantenerse firme en sus principios y no descender a otorgar concesiones especiales a los acreedores. Por su parte, éstos, que se encuentran en una situación incómoda por cuanto el próximo paso podría ser la suspensión de pagos, y con ella la suspensión del devengo de cargas financieras de las deudas contraídas por ERT, continuarán insistiendo en las repercusiones que podría tener una solución de este tipo para el crédito internacional de las empresas españolas.Algunas contrapartidas administrativas que se han apuntado a nivel informal, tales como la concesión para apertura de nuevas sucursales en España de los bancos extranjeros acreedores, no parecen resultar suficientes a los acreedores, quienes continúan insistiendo en que sea la Administración española quien asuma el riesgo de cambio que comporta la paulatina depreciación de la peseta frente a las principales monedas consideradas como fuertes. Sólo por este efecto, ERT ha sumado unas pérdidas financieras del orden de los 5.000 millones de pesetas adicionales.