Vista del recurso contra los procesamientos por la presunta estafa de Renta Catalana

Ante la sección primera de lo penal de la Audiencia Provincial de Barcelona se presentó ayer el reicurso de apelación al auto de procesamiento dictado contra los responsables de la inversora Renta Catalana, a quienes se les acusa de un presunto delito de estafa. Los abogados José María Caminals y Jaume Camps -diputado al Parlament de Cataluña por Convergencia i Unió- reclamaron el sobreseimiento de la causa y aseguraron que no se podían confundir los problemas derivados de la falta de liquidez con una estafa.

Ayer, a las 10.30 de la mañana, en una de las últimas sesiones públicas del año judicial, se planteó el recurso de apelación interpuesto por los responsables de Renta Catalana contra su auto de procesamiento, en el que se les acusa de un presunto delito de estafa y que fue dictado en abril por el Juzgado de Instrucción número 7.El recurso de apelación referente al escándalo de Renta Catalana volvió a provocar ayer una cierta expectación en el Palacio de Justicia. Diversos abogados, desde los bancos del público, siguieron el procedimiento. En las conversaciones de los pasillos volvieron a barajarse las supuestas relaciones de Renta Catalana con prohombres del partido de Jordí Pujol y con Banca Catalana.

Los abogados Caminals y Camps, durante la presentación del recurso, que duró medía hora, hicieron hincapié en que no se había cometido delito alguno y que únicamente se había realizado una operación-financiera, totalmente legal, a tenor de unas dificultades de liquidez.

. El letrado Jaume Camps, que asumió la defensa de Félix María Millet, aseguró que su patrocinado es un buen ingeniero agrónomo pero un perfecto desconocedor del mundo de las finanzas. Añadió que había sido contratado por Renta Catalana para poder utilizar su nombre para conseguir créditos para la firma.

El ministerio fiscal insistió en el auto de procesamiento y alegó que las dificultades en Renta Catalana habían surgido tiempo atrás cuando se planeó la posibilidad de presentar suspensión de pagos. Aseguró que las operaciones de reconversión y de disolución de las 17 sociedades afines habían sido totalmente irregulares y qué, por consiguiente, procedía mantener los autos de procesamiento.

Coincidiendo con la celebración de este procedimiento judicial, se ha tenido conocimiento del auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 7, desestimando el recurso contra la ampliación del auto de procesamiento, que afecta sólo a Ignacio Baquer y Félix María Millet por supuesto delito de falsedad en documento público.

El juez instructor, al desestimar este recurso e insistir en un segundo procesamiento de los inculpados, realiza unas acusaciones que salpican al también diputado convergente Josep Maria Trias de Bes. El juez instructor alude a una supuesta enmienda y tachadura realizada en los libros oficiales de Renta Catalana, haciendo así desaparecer el nombre de Josep Maria Trias de Bes de un acta. Tras la alusión a esta supuesta irregularidad, el juez añade que su "enjuiciamiento no corresponde a este juzgador" dada su condición de parlamentario.