La ley de Educación: hacia un pacto escolar

El pacto escolar es el gran objetivo que el autor defiende para la enseñanza en nuestro país y la guerra escolar, el fantasma que se adivina tras la polémica que ha levantado la Ley reguladora del derecho a la educación. El escrito analiza los aspectos positivos que el legislador introduce en la ordenación educativa, y señala algunas deficiencias, entre las que se encuentra una insuficiente previsión rtespecto del hecho autonómico.

El proyecto de ley de regulación del derecho a la enseñanza ha desvelado una polémica latente detrás de la cual se vislumbra el fantasma de la guerra escolar. La LODE pretende ser la concreción de diversos derechos constitucionales que hasta ahora no tenían plasmación práctica. La LODE reafirma la libertad de enseñanza, derecho constitucional que supone la libertad de creación de centros dotados de proyecto educativo propio y de identidad peculiar. La LODE concreta el derecho constitucional de profesores, padres y alumnos a participar en la gestión y control de los centros privados sostenidos con fondos públicos, al preceptuar para los centros concertados la constitución de un consejo escolar con amplios poderes que se extienden a la elección del director y a la selección, sanción y despido de profesores. La LODE garantiza la libertad docente del profesorado a través de esa participación y de la voluntariedad de la práctica confesional en los centros concertados, voluntariedad que, por otra parte una mayoría de escuelas católicas practican ya. Por último, el proyecto de ley quiere asegurar la gratuidad de una fracción importante de los centros privados de EGB, que podrán acogerse al régimen de concierto. La gratuidad es la única forma de garantizar el derecho de los padres a escoger la escuela donde se eduquen sus hijos en función de sus convicciones y no de sus ingresos. El Estado se compromete a pagar los salarios del profesorado y el coste del mantenimiento de los centros concertados, que, al menos teoricamente, no perderán su personalidad y su identidad ideológica al pasar a ser costeados con fondos públicos.No es fácil conjugar libertades, pero las distintas libertades y derechos sólo se convierten en reales cuando se hacen compatibles, y cuando se hacen compatibles se limitan mutuamente y se jerarquizan. Ninguna ley, por perfecta que sea, puede evitar los conflictos entre los que defienden sus respectivas libertades. Son las diversas organizaciones representativas de los diversos sectores de Ia sociedad civil, los que deben encauzar los conflictos, actuando como buenos componedores o creando instancias arbitrales y reglamentos, sin dejar que el Estado prevea todos los problemas con leyes demasiado rígidas e intervencionistas y sin dejar que los conflictos vayan a parar sin más a los tribunales, cuando los enfrentamientos se han envenenado y se han iniciado movilizaciones que en el caso del mundo de la educación tienen una gravedad especial.

No es justo enfrentarse con la ley haciendo un juicio de intenciones del legislador. Las posiciones que cierran los ojos a la realidad, bien amenazando con el cierre de centros por oposición a la LODE, bien negando subvenciones a la enseñanza privada y considerando demasiado condescendiente la LODE, son posturas unilaterales que nos conducen directamente a la guerra escolar, que la mayoría quiere evitar.

De todas formas, los recelos despertados por los poderes otorgados al consejo escolar del centro concertado, disminuirían si se incluyese en el título IV de la ley un artículo que preceptuase el respeto al proyecto educativo y a las creencias de sus fundadores por parte del profesorado, a la vez que garantizase la libertad profesional del profesorado en el ejercicio de la docencia, su libertad de conciencia y la libertad de su vida extraescolar. Ambos tipos de deberes del titular y del profesor los establece en los centros privados mantenidos por el Estado en Francia la ley de 1977, que han mantenido los socialistas. El profesorado en nuestro país está interesado en que los titulares de los centros privados entren en el régimen de concierto y conviene para ello ofrecer un marco de estabilidad y de respeto mutuo.

Por otra parte, la LODE concentra tal cantidad de atribuciones en la Administración central, que no deja casi margen alguno de acción a las comunidades autónomas que como la Generalitat de Catalunya, tienen competencias plenas en materia, de enseñanza. En el primer texto de la ley, se establecen diecisiete reservas de reglamentación de temas diversos en manos del poder central.

Pero, por mucho que se perfeccionase la ley, los distintos sectores han de negociar un reglamento que no deje exclusivamente en manos del consejo escolar de un colegio concertado la responsabilidad y la potestad exclusivas en decisiones como las de sancionar o despedir a un profesor o cesar al director. Es necesario un pacto escolar. Sindicales, patronales, asociaciones escolares y corporaciones profesionales como los Colegios Oficiales de Licenciados -incomprensiblemente olvidados por la LODE- han de sentarse a negociar un pacto que establezca las reglas del juego de manera de los diversos sectores se ofrezcan garantías recíprocas.

Las patronales y asociaciones de escuelas y de padres católicos habrían de garantizar a los profesores que el respeto debido al proyecto educativo del centro no tendrá interpretaciones abusivas o inmovilistas. Las sindicales habrían de garantizar a los titulares que la participación e intervención de los distintos sectores en la gestión de los centros concertados no introducirán una lucha por el poder ni serán utilizadas para liquidar el proyecto educativo fundacional del centro, ni servirán de escudo a un profesor incompetente o abiertamente contrario a dicho proyecto o que desacate la autoridad del director, para evitar la sanción o el despido. Descartemos el tipo de dirección omnipotente, que algunos centros tienden a desarrollar, pero preservemos la estabilidad de las escuelas y los legítimos derechos de personas que han dedicado grandes esfuerzos y sacrificios a poner en marcha colegios que han tenido un papel relevante en la transformación de las mentalidades en el difícil proceso hacia la democracia.

Hay que abandonar las posiciones corporativistas de uno y otro signo que pretenden poner al Estado y a sus recursos exclusivamente a su lado. La experiencia histórica, sobre todo en Cataluña debe hacernos sensibles a la necesidad de pactos en los que la sociedad civil asume sus problemas sin confiar su solución exclusivamente al omnipresente Estado-Providencia.

Todo el mundo sabe que la mayoría de las escuelas privadas no pueden sobrevivir y mantener la calidad de la enseñanza sin el apoyo del Estado, a menos de enquistarse en un clasismo discriminatorio. El Estado debe fiscalizar que los recursos públicos son invertidos honestamente y provechosamente en la enseñanza concertada. Sin embargo no podrá atender todas sus necesidades ya que ha de garantizar con su acción directa la escolarización de zonas y sectores desatendidos o deficientemente atendidos. La LODE, sin embargo podría abrir un amplio campo.

Nadie debe olvidar que la renovación pedagógica empezó en Cataluña por un núcleo diverso de escuelas privadas democráticas y catalanas, que decidieron reanuadar bajo el franquismo la tradición renovadora interrumpida del primer tercio de siglo.

El pacto escolar no es una utopía, es una necesidad de una sociedad civilizada que quiere enterrar para siempre el fantasma de la guerra civil.

es vicedecano del Colegio Oficial de Licenciados en Letras y en Ciencias de Cataluña.