Todas las 'policías paralelas' de la Telefónica han sido desmontadas, según los responsables de la companía

La psicosis de espionaje clandestino a políticos y profesionales no cesa de Incrementarse, alimentada por las noticias que van produciéndose en torno a supuestas escuchas y grabación de conversaciones al margen de la ley. Los responsables de la Compañía Telefónica aseguran que toda intervención se hace con arreglo a normas muy estrictas y siempre por orden de la autoridad judicial o gubernativa, al tiempo que se ofrecen como garantes de que "ya no quedan" policías paralelas en sus instalaciones. En estos momentos se encuentran intervenidos legalmente en España 370 teléfonos, de los cuales un centenar lo son a petición de personas amenazadas o injuriadas a través de dicho medio.

Según los responsables de la Compañía Telefónica, los sistemas de policías paralelas existentes en tiempos pasados han sido des montados, tanto en lo que se refiere a la presencia física de funcionarios en las centrales, como a las estructuras, más o menos oscuras, de confidentes. Hasta hace unos meses bastaba abrir una puerta junto al cuadro general de teléfonos, en la sede central de la entidad, para encontrarse con personas ajenas a la compañía, cuyas actividades sólo eran discretamente conocidas por los empleados, y que constituían el residuo del montaje para escuchas procedente de la etapa predemocrática. Todo esto ya no existe o, para ser absolutamente exactos -dicen fuentes de la compañía- "aun queda algo", que "será retirado en cuestión de días".No ya el Gobierno, sino los responsables de la compañía, aseveran que las observaciones telefónicas efectuadas en la actualidad lo son con arreglo a las previsiones legales y a normas estrictas. Para ello se ha seguido un plan iniciado en la última etapa de gobierno de UCD, con Julio Camuñas y Salvador Sánchez Terán como delegado del Gobierno y presidente de la compañía, respectivamente, que han completado los actuales administradores socialistas, María Paz Fernández Felgueroso y Luis Solana.

Este último asevera que "estoy en condiciones de garantizar que no hay escuchas telefónicas ilegales en las centrales de la compañía", tras haberse efectuado la revisión de todas las instalaciones y personas que "pudieran significar un riesgo, en función de que llega ron a esta casa como producto de la estrategia del régimen franquista respecto a la Compañía Telefónica".

No todas las escuchas proceden de autos de investigación sobree delincuentes. Más de un centenar corresponden a las demandas de personas amenazadas o injuriadas por teléfono, que solicitan la intervención de la línea para averiguar quién es el autor de esos insultos o amenazas. Este sistema, llamado control de llamadas maliciosas, consiste en la conexión del teléfono a un circuito especial, con objeto de que el propio abonado provoque el funcionamiento de un mecanismo para retener el número desde el que se hace la llamada indeseada.

Según la compañía, "en este tipo de observación no se graba ni escucha la comunicación" y el único dato retenido es el número que produce la llamada. La petición para ello se presenta al juez o a la policía. Una norma interna de la CTNE indica que "en el caso de que sea solicitada por el propio abonado a la compañía directamente, se le informará que deberá cursar solicitud mediante la oportuna denuncia ante la autoridad judicial o gubernativa competente En supuesto de excepcional gravedad o urgencia, podrá dirigirse a la delegación del Gobierno (en la compañía), sin perjuicio de presentar simultáneamente dicha denuncia".

En estos momentos se encuentran intervenidos legalmente 370 teléfonos en España, según fuentes de la compañía. Esta cifra es inferior a la facilitada recientemente por el ministro del Interior al Congreso de los Diputados, que mencionó 244. La explicación obtenida por este periódico respecto a la diferencia reside en que el ministro sólo se refirió a las de carácter antiterrorista: el resto corresponde, según parece, a las escuchas autorizadas por jueces ordinarios para investigación de delitos comunes, y a las conexiones al circuito de llamadas maliciosas.

Las escuchas se efectúan normalmente en locales policiales ajenos a las centrales. Tanto los responsables de esta última como ingenieros y otros trabajadores coinciden en afirmar que se ha vaciado ya a la CTNE de instalaciones policiales. "Si el Gobierno lo pidiera", afirma el presidente, "estoy dispuesto a abrir todos los locales a una comisión parlamentaria, para que compruebe que no hay instalaciones policiales de ningún tipo en la Compañía Telefónica".

Autoridades que pueden ordenar escuchas

Físicamente, la derivación de la línea para establecer una escucha la hacen funcionarios de policía, prácticamente en todos los casos. El personal de la compañía se limita a mostrarles el cuadro correspondiente al teléfono mencionado en el auto judicial o policial que da lugar a la intervención. En los últimos años, y especialmente tras los asesinatos de dos delegados en Guipúzcoa y de la voladura de la central madrileña de Ríos Rosas, los representantes de los trabajadores han presionado para conseguir una creciente desvinculación respecto a las escuchas. Actualmente tienden a negarse a toda intervención si no reciben orden escrita, en lugar de la meramente verbal que funcionó tiempo atrás "por razones de urgencia".En España sólo hay dos autoridades gubernativas que pueden ordenar escuchas: son el ministro del Interior, José Barrionuevo, y el director de la Seguridad del Estado, Rafael Vera. El primero tiene la obligación de informar al Parlamento sobre las mismas, de acuerdo con lo establecido en la ley antíterrorista, que también señala taxativamente los cargos facultados para tomar la iniciativa de una observación por razones de urgencia y sujeta a confirmación o revocación por los jueces de la Audiencia Nacional.

A su vez, más de un centenar de autoridades gubernativas tienen capacidad para establecer la conexión de un teléfono al ya mencionado circuito de llamadas maliciosas. De acuerdo con las normas internas de la Telefónica, son "autoridad gubernativa competente" para ello el ministro del Interior, el director de la Seguridad del Estado, el director general de la Guardia Civil, el director general de la policía, los gobernadores civiles, los jefes superiores de policía, los comisarios provinciales y los jefes de comandancia de la Guardia Civil. Amén del propio delegado del Gobierno en la Telefónica, para "casos urgentes".

Las demás escuchas legales, mejor o peor reguladas, son responsabilidad de los jueces, que no están obligados a dar cuenta de sus resultados.

Todo parece indicar que las escuchas telefónicas constituyen sólo una parte de las comunicacíones privadas que, al parecer, resultan a menudo violadas en España. Existen varios sectores con capacidad técnica para efectuar escuchas: la policía gubernativa, la Guardia Civil, los servicios de inteligencia militar, un número indeterminado de servicios secretos extranjeros; amén de otras personas que montan sistemas de observación relacionados con el espionaje industrial, el contrabando de mercancías, las causas de divorcio y un variado surtido de objetivos.