Dirigentes sindicales de la policía sospechan que sus teléfonos están intervenidos
Los cuadros dirigentes de los diversos sindicatos policiales han expresado a EL PAIS sus sospechas de tener intervenidos sus teléfonos, controles que, en general, atribuyen a servicios ajenos a la propia Policía. Los dirigentes de los sindicatos policiales Unión Sindical de Policía (USP) y Sindicato Profesional de Policía (SPP) tienen fuertes sospechas de que las líneas de sus sedes y de sus respectivos domicilios se hallan intervenidos, control que atribuyen a servicios secretos no civiles.
El propio Manuel Novás, dirigente del SPP, asegura haber Regado a comprobar mediante un aparato especial que su teléfono particular se encuentra pinchado, por un sistema de alta sofisticación que no permitía eludir la intervención. Policías nacionales, dirigentes del clandestino Sindicato Unificado de Policía, expresan idénticas sospechas sobre la intervención de sus teléfonos por servicios civiles y militares. Los miembros de la Plataforma Unitaria de Policía tampoco son ajenos a estas sospechas, aunque muestran una menor preocupación.Algún mando de la Brigada de Interior no tiene reparo en confesar, en privado, que su teléfono se halla intervenido por el CESID (Centro Superior de Información de la Defensa). Precisamente, en medios policiales se atribuye el grueso de las escuchas a dicho organismo, por su mayor grado de autonomía y abundancia de medios financieros y, en menor medida, a la propia Guardia Civil.
Baniandrés: "No he hecho escuchas ilegales"
Por su parte, Mariano Baniandrés, recientemente destituido como responsable de la Brigada de Interior, niega rotundamente la veracidad de las afirmaciones vertidas contra su persona en el sentido de que utilizaba escuchas policiales para proporcionar información al vicepresidente Alfonso Guerra. Baniandrés asegura que la citada Brigada, durante el tiempo que ostentó su mando, no realizó escuchas ilegales. "Si alguién está capacitado materialmente para realizar las escuchas ilegales, no es la Policía", agrega.
No niega tampoco que haya podido ser objeto de cierto control por servicios secretos no civiles, por intereses obvios sobre la información que poseía en materia involucionista. Tampoco se atreve a precisar la finalidad que dichos servicios darían a dicha información absorbida, aunque tampoco descarta motivos de autodefensa.
Fuentes policiales de muy diverso signo no dudan en señalar que el Gobierno y concretamente, el vicepresidente Alfonso Guerra, no es el destinatario de la información generada por las escuchas, toda vez que éstas escapan a su propio control. Apuntan, en todo caso, que éste no utiliza para ello los medios policiales y se inclinan más a creer que el Gobierno es más controlado que controlador.
El dirigente de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, abona esta tesis y afirma su convicción de que ni Guerra ni los ministros se dedican a controlar los teléfonos; muy al contrario, piensa que éstos son controlados por ciertos "servicios autónomos", temor que afirma le ha sido confesado por más de un ministro.
En esta guerra de espionajes, hace alrededor de un mes fue robado un cuadro del Hotel Carlton en el que estaba representado el organigrama de la planta baja, con sus entradas y salidas. Un miembro de la Brigada de Interior no duda en atribuir tan insólito robo a ciertos servicios secretos españoles, no policiales, que deseaban conocer la distribución del mismo de cara a implantar controles telefónicos. Según las mismas fuentes, un robo de características similares se ha producido en un lujoso hotel madrileño, frecuente escenario de convenciones, si bien la dirección del mismo no ha confirmado la noticia.
Mandos de la Brigada de Interior se lamentan precisamente de la carencia de medios para efectuar las escuchas, frente a la Guardia Civil y CESID. Según dicha versión, sólo el CESID posee medios sofisticados para realizar las intervenciones telefónicas de los centros de la cúspide del poder que poseen secráfono -dispositivo que vuelve ininteligible las conversaciones telefónicas, salvo para el teléfono destinatario que posea el mismo-. Consideran, asimismo, revelador que baio el Instituto de Semillas Selectas de la Moncloa, donde tienen sus despachos el presidente y el vicepresidente del Gobierno, estén ubicadas unas dependencias a las que sólo tiene acceso personal militar, perteneciente al CESID según fuentes policiales.
Cabe precisar que, consultado al respecto un portavoz autorizado del citado organismo militar, ni confirmóni desmintió que dichas dependencias fueran controladas por el CESID. A título personal, el portavoz explicó que es normal en otros países el que los servicios de inteligencia militar proporcionen a los jefes de Gobierno un sistema que garantice sus comunicaciones en caso de emergencia nacional.
El semanario Cambio 16 informa, en su último número, que una reciente investigación policial comprobó la existencia de derivaciones de las redes de transmisiones oficiales del Gobierno hacia dicho sótano y recuerda que en relación con la intentona golpista del 23 de junio de 1981 fue detenido el teniente coronel Antonio Sicre Canut, hasta el día anterior responsable máximo de las comunicaciones de la Moncloa.
En esta guerra de escuchas, mandos de la Brigada de Interior, dedicada a combatir la involución, se quejan de que mientras a ellos les está vetado intervenir teléfonos de militares, el CESID tiene posibilidad de intervenir sus líneas. Fuentes solventes policiales aseguran que ni todas las escuchas de la Policía se realizan en dependencias oficiales -existen locales secretos-, ni todas tienen carácter legal.
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