La vía del escándalo
AUNQUE EL procesamiento de José María Ruiz-Mateos no le prive de su derecho constitucional a la presunción de inocencia, y aunque el hallazgo por el juez instructor de indicios racionales de culpabilidad en su conducta no equivalga en modo alguno a su condena, los comentarios y los análisis extrajurídicos en torno a esa decisión y a sus consecuencias resultan aleccionadores. A medida que transcurren las semanas, las actuaciones públicas del fundador de Rumasa, refugiado en su exilio londinense, refuerzan la posición del Gobierno y debilitan su propia situación. Dejando a un lado el debate sobre la constitucionalidad del decreto-ley de expropiación de 23 de febrero de 1983 -materia sobre la que deberá pronunciarse en su día el Tribunal Constitucional-el fondo del asunto Rumasa abandona progresivamente el ámbito del derecho de la propiedad y del Código Mercantil para adentrarse en el territorio de las cuestiones de orden público y del derecho penal. Y las dudas crecen entre los ciudadanos lo mismo sobre cómo ha sido posible que se levantara Rumasa que los motivos para nacionalizar algo que se asemeja ya mucho a un desastre.José María Ruiz-Mateos contaba, en un principio, con la imagen, simpática para no pocos, de un desclasado y de un empresario emprendedor. La ha ido trocando él mismo por la de un megalómano temperamental, acostumbrado a crearse su propio y particular código de moralidad, que a duras penas encaja con lo que por moralidad se entiende en la ley. Su marcha a Londres suscitó ya las primeras dudas serias de que estuviera, como siempre había dicho, dispuesto a afrontar sus responsabilidades. Su negativa a regresar a España para prestar declaración ante el juzgado que le había citado confirmaba que no quería hacerlo. La acumulación de injurias, calumnias, reticencias y pellizcos de monja dirigidos contra las más altas instituciones del Estado y del poder judicial en sus declaraciones a la Prensa (véase EL PAIS de 6 de julio de 1983) tras su procesamiento por el juez Lerga, que ha fijado una fianza de 100.000 millones de pesetas para asegurar las responsabilidades pecuniarias a que hubiera lugar, reduce a mínirnos su credibilidad y traza retrospectivamente un signo de interrogación sobre la capacidad de tan inestable personalidad para administrar un imperio industrial y bancario que manejaba importantes recursos de terceros y daba empleo a gran número de trabajadores.
A partir del procesamiento de José María Ruiz-Mateos, corresponde a los tribunales, y sólo a ellos, establecer las eventuales responsabilidades penales en que haya podido incurrir el inculpado como dueño y gestor de Rumasa. Pero la opinión pública puede extraer sus propias conclusiones de su huida al Reino Unido, país que no tiene tratado de extradición con España, y de sus explo sivas declaraciones, orientadas a sembrar la cizaña y a repartir las sospechas mediante vagas alusiones e imprecisas acusaciones. Un entrenador británico dijo en una ocasión a sus jugadores que la mejor defensa es un buen ataque. Pero no siempre las tácticas del fútbol son las más apropiadas para cuestiones en las que andan en jue go el honor de las personas, la dignidad de las instituciones, los puestos de trabajo de decenas de miles de em pleados y los fondos públicos sufragados por los contribuyentes. La nacionalización de Rumasa fue una decisión desde el principio discutible por lo atípico de la respuesta gubernamental al problema planteado, por la sospecha de que se entremezclaban en la decisión pulsos de signo personal y porque a la postre supone una factura de cientos de miles de millones de pesetas que tendrán que pagar todos los españoles. Pero lo que resulta ya diáfano como el día es la actitud indigna y lamentable de alguien que presumía de ser un capitán de empresa y se comporta, a la luz del día, como un padrino histriónico de cualquier mala película de cine negro. Es imposible por eso que Rumasa sea sólo el resultado de un megalómano inestable: fue el resultado de un sistema de crecimiento y comportamiento extendido en la empresa española, como no sin razón el propio Ruiz-Mateos señala. La ex propiación de Rumasa ha sido la expropiación del siste ma mismo. La pregunta es hasta dónde están dispuestos los jueces y el Gobierno a tirar de la manta. Porque está claro que Ruiz-Mateos no puede ser el único responsable. Y él ha escogido ya la vía del escándalo.
