El ayuntamiento levantó el domingo 41 actas por fraude en el peso del pan

Los servicios de inspección de la delegación municipal de Abastos y Mercados del Ayuntamiento de Madrid levantaron el pasado domingo 41 actas de infracción a otros tantos establecimientos de venta de pan, de un total de 171 visitados. La inspección fue pedida por el Gobierno Civil para comprobar si resulta cierta la acusación, mantenida por los sectores que piden el cierre de las panaderías los festivos, según la cual el domingo es el día en que se comete más fraude en el peso del pan, ante la ausencia de inspectores y de normativa específica.Fuentes oficiales del Gobierno Civil informaron ayer que las inspecciones se realizaron en los distritos de Latina, Carabanchel, Salamanca, Arganzuela, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas, Fuencarral y Tetuán.

De las actas levantadas, nueve correspondieron a casos graves, tales como una falta de peso de 380 gramos en módulos de 2.580 gramos o de 4 10 gramos en módulos de 3.750 gramos. Los módulos son grupos de barras que han de tener un peso total determinado. En uno de los casos se encontró la báscula averiada y en otro se descubrió que el establecimiento carecía de báscula y de licencia. Las actas levantadas serán enviadas ahora a la Jefatura Provincial de Comercio Interior para su estudio y propuesta de sanción.

La realización de esta inspección fue solicitada por el gobernador civil, José María Rodríguez Colorado, después de que la semana pasada se entrevistara con todos los representantes de los distintos sectores y consumidores. El gobernador pidió a todos los representantes un informe sobre su postura respecto al cierre dominical de las panaderías. Con estos informes, Rodríguez Colorado, una vez oída la postura del Ayuntamiento de Madrid, decidirá al respecto esta misma semana. Caso de que las panaderías cierren los días festivos, otros comercios, como tiendas de ultramarinos o lecherías, que aprovechan la venta de pan para expender otros productos, tendrían que cerrar igualmente.

En caso de que las faltas detectadas se consideren leves, las sanciones oscilarían entre las 20.000 y las 30.000 pesetas. De considerar se graves, la Dirección General de Consumo podría imponer sanciones superiores a las 100.000 pesetas.