Los delegados del Gobierno y las comunidades autónomas, obligados a comunicarse entre sí

La información entre el delegado del Gobierno y la comunidad autónoma en la que ejerza sus funciones será una obligación recíproca, según acordó ayer el Pleno del Congreso, que modificó en este punto el dictamen de la Comisión Constitucional sobre el texto que desarrolla el artículo 154 de la Constitución. En comisión se había establecido solamente la obligatoriedad de informar por parte del delegado del Gobierno a los órganos de la comunidad autónoma. El pleno aprobó definitivamente el proyecto que fija la jornada máxima legal en 40 horas semanales y autorizó la ratificación de la convención contra la discriminación de la mujer.

La única modificación introducida por el pleno del Congreso en la proposición de ley sobre el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma se produjo como consecuencia de una enmienda del Grupo Popular al texto aprobado en comisión según el cual el delegado del Gobierno "podrá solicitar para el cumplimiento de sus fines la información que necesite a los organismos de la administración de la comunidad autónoma" y "facilitará al consejo de gobierno de la comunidad y, a través de él, a su asamblea legislativa, la información que esta precise".José María Aznar, por el Grupo Popular, denunció la falta de un deber correlativo entre el delegado del Gobierno y la comunidad autónoma, contrario a la necesaria colaboración y cooperación entre las distintas administraciones, central y autonómica, del Estado. El socialista Antonio Sotillo ofreció una enmienda transancional para resolver el problema de la "bilateralidad de la información".

El pleno aprobó la enmienda citada, en la que se establece que el delegado del Gobierno facilitará al consejo de gobierno de la comunidad y, a través de él, a su asamblea legislativa, la información que precise para el mejor ejercicio de sus competencias y, asimismo, que los órganos de gobierno de la comunidad autónoma facilitarán al delegado del Gobierno central, a través del presidente de la comunidad, la información que necesite.

Una enmienda defendida, en nombre de la Minoría Catalana, por Miquel Roca, para que se suprimiera la mención a los gobernadores civiles, fue rechazada por los socialistas. Igualmente fue rechazada la propuesta del diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Francesc Vicens, quien solicitaba que el delegado del Gobierno presida los actos oficiales del Gobierno o de la Administración civil del Estado en el territorio de la comunidad autónoma "salvo cuando asista el presidente del Gobierno del consejo o de la asamblea legislativa de la misma".

Peces-Barba y el catalán

En la discusión de esta última enmienda, el socialista catalán Joan Marcet señaló que la fijación de preeminencias no está establecida en otras disposiciones, como en la ley -dijo en catalán- del Parlament i consell executiu. El presidente de la Cámara, Gregorio Peces-Barba, pidió a Marcet que ofreciera la traducción en castellano de esta denominación. Así lo hizo Marcet. En su siguiente intervención Roca, con gran ironía, se refirió a Marcet, en catalán Marset, y a continuación ofreció su traducción en castellano, pronunciando Marcet con ce. Peces-Barba replicó como un rayo: "Señor Roca, los apellidos no necesitan traducción, pero sí, en cambio, las denominaciones de las leyes".

El Pleno del Congreso otorgó su autorización entre otros convenios al que elimina todas las formas de discriminacion contra la mujer, en el que existe una reserva del Gobierno para que no afecte a las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la Corona española; esto es, la exclusión de la mujer en la línea sucesoria. Las diputadas Carmen Llorca, del Grupo Popular y Carmela García Moreno, del Grupo Socialista, resaltaron su importancia.

Fueron aprobados definitivamente los proyectos de ley sobre el derecho de reunión y de fijación de la jornada máxima legal en cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en treinta días. En relación con este último proyecto, se aprobó la enmienda del Senado por la que el denominado tiempo del bocadillo se considerará de trabajo efectivo cuando por acuerdo individual o colectivo entre empresarios y trabajadores así esté establecido o se establezca".