Juristas catalanes temen que la ley del Poder Judicial menoscabe la autonomía

El temor a que la futura ley orgánica del Poder Judicial pueda menoscabar las competencias que la Constitución y el Estatut confieren a la Generalitat, centró el debate de ayer en las Jornadas sobre Administración de Justicia en Cataluña, que se celebran en Montserrat con la asistencia de 70 prestigiosos juristas. La preocupación, explícitamente manifestada por los dos ponentes de ayer, el abogado Josep Vilaseca Marcet y el diputado Luis Valentín Hernández de Velasco, se había puesto ya de manifiesto en el debate que cerró la sesión de anteayer sobre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.El origen del temor y la subsiguiente controversia radica en la dificultad de establecer con precisión cómo deben interpretarse los artículos de la Constitución y del Estatut que se refieren a esta materia. La polémica de ayer augura que la nueva ley orgánica del Poder Judicial terminará en el Tribunal Constitucional si persisten las dos diferentes interpretaciones que de estos artículos se hacen.

El Estatut y la futura ley del Poder Judicial tienen ambas rango de ley orgánica, lo que plantea el problema de que la segunda puede modificar la primera. Si la modifica o no dependerá de la interpretación que se dé a la Constitución y al Estatut.

La primera dificultad radica, como puso de manifiesto Josep Vilaseca, cuyo nombre suena para el cargo de Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), en definir qué se entiende por Administración de Justicia, que el artículo 149. atribuye como competencia exclusiva al Estado. Vilaseca rechazó este término como origen de confusión jurídica. Consideró que la materia exclusiva del Estado, a que se refiere el artículo, es en realidad la contenida en el poder judicial: los jueces y magistrados en su función de juzgar.

El ponente sostuvo que serán transferibles a la autonomía catalana las funciones ejecutivas que recaigan sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia y los medios materiales para su funcionamiento, así como la determinación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales de Cataluña.

Traspasos a la Generalitat

En la línea de una comunicación presentada por el juez Massa, se atrincheró la segunda posición, que interpreta como Administración de Justicia tanto el poder judicial -integrado por jueces y magistrados- como los medios materiales y humanos. Lo que implica que no corresponde a las comunidades autónomas prácticamente ninguna competencia en materia de Justicia. La sesión finalizó con un nuevo debate relativo a si deben traspasarse o no a la Generalitat, antes de la aprobación de la nueva ley, las competencias definidas por el ponente Vilaseca.La posición del Gobierno en la comisión mixta de traspasos es esperar a la promulgación de la nueva ley, postura que ayer defendieron en el debate el diputado socialista Francesc Casares y el magistrado José Antonio Oscariz. En la postura contraria se alinearon otros asistentes como el decano del Colegio de Abogados, Antonio Plasencia.