¿Ciudadanos de segunda?

Sucede en este país de nacionalidades que hay ciudadanos de primera clase. Son los de las distintas autonomías con idioma propio, que se encuentran favorecidos por la Administración central -curiosa paradoja- para poder aspirar a formar parte de su funcionariado en cualquier parte del territorio español, amén de tener la exclusiva en el suyo propio.Existe, por el contrario, otro tipo de ciudadanos, de calidad inferior -mesetarios ellos, andaluces, extremeños, etcétera-, que no pueden optar a oposiciones convocadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, o del ente público RTVE -por poner sólo dos ejemplos-, cuando estas plazas se encuentran en esas comunidades y no se posee, obviamente, el dominio de la lengua del lugar, aunque ésta pueda adquirirse con posterioridad. Cabría preguntarse aquí si el artículo 139 de nuestra Constitución, en su párrafo segundo, se siente tocado en esto, cuando del establecimiento profesional se refiere.

Quizá esto sea así porque a nuestra Administración le resulta más cómodo que los ciudadanos de esta segunda clase optemos por derroteros con menos simplezas lingüísticas, como los países de Iberoamérica, donde es seguro que, al menos a priori, no nos van a exigir el dominio del quechua o del guaraní. /