Enfrentamiento entre PSOE y AP por la capital autonómica

La capitalidad autonómica de Castilla y León, que deberá decidirse durante la primera sesión ordinaria de las Cortes regionales, todavía no convocada, está provocando fuertes enfrentamientos entre los socialistas y AP, cada uno de los cuales pretende llevar las sedes a sus respectivas zonas de influencia. La rivalidad entre las nueve provincias de la cuenca del Duero por los mismos motivos ha generado también discrepancias internas en ambos partidos.

El comité regional del PSOE acordó el pasado fin de semana proponer a Valladolid como sede de los tres poderes autonómicos -cortes, ejecutivo y judicial-, alegando razones geográficas y de funcionalidad, aunque, para limar asperezas con las ejecutivas de León y Burgos, se dejó abierta la posibilidad de que las dos últimas ciudades puedan ser sedes ocasionales, de algunas sesiones del Gobierno o de las cortes. AP, por su parte, ha anunciado que no votará la propuesta de los socialistas, ofertando como alternativa una capitalidad compartida por Burgos y Valladolid.El hecho de que la designación de las sedes autonómicas requiera una mayoría de dos tercios en las Cortes castellano-leonesas hace inevitable un pacto entre el PSOE y AP, que disponen de 42 y 39 procuradores, respectivamente, sobre un total de 84. En medios políticos se considera que las negociaciones entre ambos partidos pueden bloquear indefinidamente las primeras sesiones del Parlamento regional, sin que se descarten problemas adicionales derivados de la rivalidad entre las distintas provincias. De momento, la decisión del comité regional socialista fue votada en contra por el PSOE de León, cuyos portavoces han acusado públicamente a sus compañeros de "poca sensibilidad al imponer la razón de los votos" y de cometer una "terrible injusticia".

Los representantes leoneses de AP también han criticado formalmente a los dirigentes regionales de su partido por olvidar a esta provincia en el reparto de las sedes. Estas acusaciones, sin embargo, tienen un trasfondo que va más allá de las discrepancias internas, por cuanto el partido de Fraga sigue defendiendo la segregación de León de la actual Junta autonómica para constituir dos comunidades diferenciadas -los viejos reinos de León y Castilla- o, al menos, una autonomía uniprovincial