Aprobada la enmienda de Minoría Catalana para limitar plantillas en la Administración

"Durante 1983 no se tramitarán expedientes de ampliación de plantilla de personal ni disposiciones o expedientes de creación o reestructuración de unidades orgánicas, si el incremento del gasto público derivado de los mismos no queda compensado mediante la reducción de otros gastos o la obtención de ingresos adicionales a generar en virtud de las referidas ampliaciones, cireaciones o reestructuraciones". Esta limitación de plantillas, propuesta por una enmienda de Minoría Catalana, fue aprobada por el pleno del Congreso e incluida como artículo 11 bis en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.Al margen de la inclusión de este artículo, el pleno debatió y aprobó en un solo bloque los artículos comprendidos entre el 2 y el 11 del citado proyecto de ley, referidos a las percepciones de los funcionarios. Por el Grupo Centrista, José Miguel Bravo de la Laguna dijo que era falso que se incrementaran los salarios de los funcionarios un 12%, ya que se les detraía un 0,5% para fondo de solidaridad con el paro y otro 2,5% para distrubuirlo en función de determinadas circianstancias.

Según el diputado centrista, la subida real era del 9% y su grupo proponía que se elevara la misma a un 10,5%. En nombre del Gobierno, Francisco Ramos, secretario de Estado para la Función Pública, defendió el texto del proyecto de ley, hizo hincapié en la necesidad urgente de haber destinado mayores dotaciones para el sector docente y personal de Justicia, y dijo que los problemas del funcionariado no se pueden arreglar todos en un solo año.

A continuación intervino el representante del Grupo Popular, Juan Ramón Calero, que preguntó al Gobierno hasta qué punto se iba a reducir el abanico salarial de los funcionarios y puso en duda que estos aceptaran sin más la actual detracción de un 0,5% para el fondo de solidaridad con el desempleo. Por el Grupo Socialista, Justo Tomás Zambrana precisó que se reduce el abanico de retribuciones básicas, pero no el del total de las retribuciones de los funcionarios.

En este punto del debate se produjo un pequeño incidente, al defender Agustín Rodríguez Sahagún, del CDS, una enmieda que había sido desechada con anterioridad. Cuando iba a replicarle el portavoz socialista, el presidente del Congreso se dio cuenta de que tal enmienda no estaba incluida en el proyecto de tramitación, y evitó que los argumentos expuestos por Rodríguez Sahagún fueran contestados.

A continuación, se debatió el artículo 12, relativo a la participación de los municipios en los inipuestos del Estado y que, según el proyecto de ley, se fija enun 8% de la recaudación líquida que el Estado obtenga de tributos no susceptibles de cesión a comunidades autónomas. Todos los grupos protestaron por la distribución de estos fondos, que: a su juicio favorece a las grandes ciudades en detrimento de las que tienen menor número de habitantes. Francisco Fernández Marugán, del PSOE, justificó la actual redacción del artículo como un paso adelante dentro de una estrategia en la que están previstas dos,leyes específicas, para resolver los problemas financieros de los municipios.