Gómez Mendoza niega que se manipulara el convenio de centros sanitarios de la diputación

María Gómez Mendoza, presidenta del Consejo de Administración del hospital Provincial y probable consejera de Sanidad de la Comunidad autónoma, rechazó ayer la acusación de Eduardo Madariaga de haber sustituido el texto del convenio colectivo, aprobado el 25 de abril, por otro presentado ante la Dirección Provincial de Trabajo el 4 de mayo sin su firma ni la del presidente del convenio, un magistrado de Trabajo. Madariaga es representante laboral y afiliado a CC OO.

Gómez Mendoza afirmó que el primer texto era un simple borrador y que el convenio definitivo es el presentado oficialmente. A su vez, la diputada socialista acusó a Madariaga de montar una campaña en su contra para desviar la atención sobre sus problemas laborales en su centro de trabajo. La denuncia se presentó el pasado 25 de mayo en el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid, y en la misma se implica no sólo a María Gómez Mendoza, sino también al presidente de la Diputación, César Cimadevilla; al director gerente del hospital Provincial, José Antonio Moreno; a varios cargos directivos y a los restantes miembros de la comisión negociadora.Según la denuncia, en los documentos presentados ante la Dirección Provincial de Trabajo se aprecian "sustanciales diferencias entre el acta realmente firmada al término de las negociaciones", referidas a diferencias salariales, cambios en la estructura salarial y creación de nuevas categorías laborales. Asímismo, las horas de trabajo pactadas para los puestos directivos del Instituto de Salud Mental (Insam) se han reducido, desde las 1.752 horas acordadas en el texto firmado el 25 de abril, a 1.687. Una serie de modificaciones al texto del convenio, propuestas por la secretaria del comité de empresa del hospital Provincial en fecha 29 de abril, figuran en el texto presentado ante Trabajo, a pesar de que dicho texto lleva la fecha en que fue firmado, el 25 del mismo mes.

El denunciante estima que estas presuntas anomalías son lo suficientemente graves para ponerlas en conocimiento del juez, "por si fueran constitutivas de delito".

María Gómez Mendoza rebatió ayer las acusaciones. Según sus palabras, el texto primitivo, que el denunciante califica como convenio, no era más que un borrador, que sufrió posteriores modificaciones hasta quedar configurado definitivamente y fue presentado ante la Dirección Provincial de Trabajo. El convenio ha sido ya homologado por Trabajo y se está a la espera de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Respecto a la falta de las firmas del denunciante y del presidente del convenio, Gómez Mendoza aseguró que ninguna de ambas es imprescindible, porque para la aprobación de un convenio basta con el asentimiento del 60% de los miembros de la comisión negociadora, requisíto éste cumplido en el caso del convenio en cuestión.