Un camino peligroso para el PNV

LA PRESENCIA del lendakari Garaikoetxea en los actos burgaleses de la Semana de las Fuerzas Armadas fue utilizada de manera injusta y casi provocadora por algunos medios al servicio de intereses claramente partidistas. Lejos de subrayar el positivo papel que desempeñó la participación del presidente de la comunidad vasca en el homenaje a la bandera, al lado del Rey y del Gobierno, no han faltado los comentarios obsesionados por denunciar las insuficiencias gestuales del lendakari en la ceremonia. El presidente de la comunidad autónoma vasca realizó un esfuerzo para hacer compatible su viaje a Latinoamérica con la asistencia a los actos celebrados en Burgos, y la fórmula de humillar a los huéspedes no es el mejor procedimiento para debilitar sus reticencias a la hora de aceptar invitaciones. Afortunadamente, tanto el Rey como el presidente del Gobierno hicieron todo lo posible para evitar ese cerco de antipatías o desprecios al lendakari.La ambigüedad en los comportamientos de algunos dirigentes del PNV no parece tanto una estrategia planeada como una consecuencia -guste o disguste- de las tensiones y conflictos entre las razones y las emociones, entre el realismo político y las ensoñaciones metahistóricas que desgarran, desde la época de Sabino Arana, al nacionalismo vasco moderado. La táctica de acabar drásticamente con esas ambigüedades, forzando a los nacionalistas vascos a elegir expresamente entre el independentismo pasional y la integración emocional en la comunidad histórica española, comete el error de suponer que la dificultad para tomar esa decisión proviene de la mala fe o del capricho. Al igual que el mejor remedio para combatir los síntomas de vértigo de un paciente no es obligarle a saltar al vacío desde un balcón, las ambigüedades del nacionalismo vasco no se pueden curar con la receta de un imperios6 lo toma o lo deja. Sólo el transcurso de los años y la transformación de las normas constitucionales en hábitos de convivencia podrán debilitar ese conflicto que desgarra al PNV.

No se trata, por lo demás, de absolver de responsabilidad al PNV, cuyos dirigentes utilizan en ocasiones esa misma ambigüedad para mejorar sus posiciones en una negociación o favorecer su implantación electoral. En este sentido, la noticia de que el Gobierno de Vitoria podría pedir la reforma del Estatuto de Guernica, como protesta contra la LOAPA o para forzar las transferencias, es una peligrosa manera de jugar con fuego, argucia explicable, aunque no disculpable, por la proximidad de los comicios autonómicos. La reforma del estatuto sería jurídicamente inviable sin un pacto previo entre las mayorías parlamentarias de las Cortes Generales y de la Asamblea vasca, por lo que el lanzamiento de esa consigna contra el Gobierno de Felipe González tiene un carácter puramente agitatorio y se colorea con tintes de provocación.

La reforma del Estatuto de Guernica está regulada por el título IV de ese mismo texto. Tres son las instancias legitimadas para la iniciativa: el Parlamento vasco (a propuesta de una quinta parte de sus componentes), el Gobierno vasco o las Cortes Generales. La propuesta tiene que ser aprobada por el Parlamento de Vitoria (por mayoría absoluta) y por las Cortes Generales (mediante ley orgánica), y requiere la ratificación posterior de un referéndum. El Gobierno vasco necesita para convocarlo una delegación expresa del Estado.

La lectura del Estatuto de Guernica hace evidente que la se forma de su articulado sería inviable si el PNV no pacta con el PSOE. ¿Qué función cumpliría una iniciativa de los nacionalistas condenada de antemano a no disponer de los votos precisos en el Congreso y en el Senado? ¿No significaría una maniobra desestabilizadora en cuya estela podrían instalarse, con su cínico oportunismo habitual, los terroristas de ETA y sus cómplices electorales?

La reforma constitucional fue enarbolada como bandera, a lo largo de la anterior legislatura, por Alianza Popular, interesada en restablecer la pena de muerte y en abolir el término nacionalidades. Nada hay, en el plano puramente formal, que impida a cualquier grupo hacer suya una reivindicación reformista. Sin embargo, la propuesta de Alianza Popular fue criticada no sólo por su contenido concreto, sino también por las implicaciones asociadas a una reforma prematura y partidista de nuestra norma fundamental. Las instituciones de la Monarquía parlamentaria necesitan de un período de rodaje para consolidarse y para familiarizar a los ciudadanos con sus reglas de juego y sus valores. El razonamiento se puede hacer extensivo al proceso de elaboración del Estatuto de Guernica y a una eventual reforma de su articulado. Los dirigentes del PNV suelen insistir en el pacto histórico que subyace a ese texto, discutido y negociado por todas las fuerzas políticas de ámbito estatal y apoyado en el País Vasco por el PNV, el PSE-PSOE y Euskadiko Ezkerra. La pretensión del Gobierno de Vitoria de lanzar una campaña en pro de la reforma del estatuto con el propósito de hostilizar electoralmente a los socialistas sería una insensatez. La demagógica propuesta, destinada a frustrarse irremediablemente en las Cortes Generales, podría constituir el punto de no retorno de la crispación política en Euskadi y condenar a la sociedad vasca a los horrores de una vida cotidiana desgarrada por el enfrentamiento entre dos comunidades.