La CEE quiere aislar el 58% de la agricultura española durante tres o cuatro años

La Comisión Europea, órgano ejecutivo y burocrático de la CEE, pretende, tras la adhesión de España, aislar durante tres o cuatro años -prorrogables dos más con el acuerdo unánime del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CEE y el Gobierno español- al 58% de la agricultura española de la integración en la CEE, incluido todo el sector de frutas y hortalizas, según indicaron ayer fuentes próximas a la Comunidad.

La CEE también quiere imponer durante esta etapa preliminar una tutela sobre los precios de estos productos en España y sus niveles de producción para que se aproximen ambos regímenes. De acuerdo con el borrador de documento, que sirve de punto de partida para fijar la posición definitiva de la Comunidad, el período transitorio total de integración de la agricultura española sería de 10 años prorrogables a 12. De esta manera, España tendría que desmantelar sus aranceles industriales sin gozar, en esta primera etapa, de las ventajas agrícolas que ofrecen las instituciones comunitarias.El primer documento global agrario de la CEE está dividido en tres apartados: un análisis estadístico, una recopilación de anteriores declaraciones comunitarias sobre derecho derivado y un tercero sobre las etapas. En la primera etapa quedarían fuera las frutas y hortalizas -lo cual es perjudicial para España-, mientras que otros sectores como los cereales, los productos lácteos, el arroz y la carne porcina quizás podrían beneficiarse de la situación. La integración del vino queda a opción de España, siempre: que renuncie a la producción de vinos mezclados.

El borrador del documento agrícola no se pronuncia sobre el régimen de los aceites de oliva y de semilla competitivos. A este respecto, las últimas propuestas emanadas del Consejo de Ministros de la CEE hablan de congelar el régimen de estos aceites en España durante 10 años.

Sobre las cuotas de producción, el borrador de documento no cita cifras ni mecanismos, pero vuelve a la carga sobre el potencial de regadío en España, especialmente en la producción de vino. Se trataría de instaurar un régimen de libertad condicional para la producción agrícola española.

El borrador será de nuevo debatido hoy por los jefes de gabinetes de la Comisión para pasar después al pleno de los comisarios.

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