El Gobierno presentará el mes próximo el proyecto de defensa de los consumidores
La Administración socialista espera presentar a finales de junio el proyecto de ley general de defensa de los consumidores y usuarios, una vez que haya recogido las críticas y opiniones de los expertos, tanto de las asociaciones de consumidores como de los empresarios.
En el borrador del proyecto, que en estos momentos se encuentra todavía en fase de consulta, y al que ha tenido acceso El PAIS, la actual Administración ha diseñado lo que puede ser una ley marco de protección de los consumidores. En caso de cumplirse los plazos previstos, el proyecto podrá ser discutido y aprobado durante los meses de septiembre y octubre.A juicio de los expertos, este proyecto se presenta como uno de los más avanzados de los ocho textos legales sobre defensa de los consumidores que existen en el mundo. Entre sus aportaciones se puede citar la creación de las Oficinas Municipales de Información y la creación del beneficio de po breza para litigar, aunque los críticos echan de menos la pro fundización del proyecto en otros temas de consumo que no sean de alimentación. El actual borrador empieza por recoger los cinco derechos fundamen tales definidos en 1970 por el Consejo de Europa y la Comunidad Económica Europea, que son: el derecho a la informa ción, a la salud, a la protección de los intereses económicos, a la representación y a la repara ción de daños.
Como novedad se introduce el derecho a la protección jurídica, en los casos de inferioridad o indenfensión, que comprende a lo que en Europa se denominan grupos socialmente vulnerables y que son la infancia, la familia y la tercera edad.
Tanto las asociaciones de consumidores, consultadas por EL PAIS, como los representantes de los productores han valorado en actual proyecto como un avance en relación con el que presentó el anterior Gobierno, aunque no acaba de convencer en todos sus puntos. Para la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC), el actual borrador se queda a medio camino entre lo que debería ser una ley marco y el anterior proyecto socialista que desarrollaba con minuciosidad, toda una serie de reglamentaciones.
Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios se muestra preocupada por como se van a desarrollar las distintas competencias cedidas a las Autonomías y a las Corporaciones Locales, mientras que Garcia Pablos, presidente de ACUDE, destaca la importancia de desarrollar conjuntamente aspectos juridicos que no se recojen detenidamente en el proyecto.
La Federación Española de Consumidores plantea cual va a ser la efectividad de la ley, una vez elaborada, ya que en ningún momento se señala un plazo para elaborar el Reglamento General que la debe desatrollar. Por otro lado, la Federación Española de Empresarios de Alimentación y Bebidas ha acogido con agrado la desaparición de los Tribunales de Arbitraje, tal y como estaban concebidos en el anterior proyecto socialista.
