El Estado puede ahorrar este año 20.000 millones de pesetas por el cambio en la financiación del déficit público

Unos 20.000 millones de pesetas puede ahorrar el Estado durante el presente año por el cambio en el sistema de financiación del déficit público, consistente en sustituir el recurso al Banco de España por deuda a corto plazo, según medios financieros. Al margen de esta reducción -que se sumaría a otros 30.000 millones de pesetas de menor coste de la política monetaria generado por las dos últimas elevaciones de coeficientes para bancos y cajas-, los intereses de la deuda estatal acumulada subirán desde 83.891 millones de 1982 a 188.494 millones previstos para este año. Sin embargo, para no perturbar el mercado y no desequilibrar los resultados de las entidades de crédito, dicho ahorro será amortiguado en parte.

En varias reuniones mantenidas con empresarios, el presidente de la Asociación Española de la Banca Privada (AEB), Rafael Termes, ha calificado la medida como "un cambio enorme en cuanto a la financiación del déficit y su coste.La variación prevista consiste en emitir deuda pública a corto plazo por valor de 650.000 millones de pesetas, lo que, teóricamente, habrá de reducir en igual cuantía la colocación de certificados de regulación monetaria entre las entidades financieras para que el recurso del Tesoro al Banco de España no aumente la masa monetaria.

Con la deuda a corto, el Estado recurre directamente a los ahorradores, mientras que con los certificados de regulación son fundamentalmente los bancos y cajas de ahorro quienes ponen el dinero que han captado entre su público. La diferencia de coste para el Estado entre uno y otro camino será de tres o cuatro puntos, según estimaciones del propio Rafael Termes.

Objetivo demorado

Mientras que los certificados de regulación monetaria colocados por el Banco de España entre las entidades que acceden al mercado monetario tendrán este año tipos de interés que oscilarán entre el 18% y el 20%, la deuda a corto plazo emitida en forma de pagarés del Tesoro se situará entre el 14% y el 15%.Por eso, durante los últimos años la banca ha tratado de impedir mediante diversas vías -entre ellas, la monopolización de la demanda- esta competencia incipiente, apoyada, sobre todo, en la fuerza que le da su red comercial.

En principio, el objetivo declarado por la Administración pública en diversos documentos de trabajo es llegar a sustituir en un futuro los certificados de regulación monetaria (antes bonos del Tesoro y certificados de depósito en el Banco de España) por las emisiones de deuda pública a corto plazo. El saldo de dichos certificados llegó a rozar a finales de febrero pasado el billón y medio de pesetas, con tipos de interés crecientes, respecto a la media del 15,8% registrada a lo largo de 1982.

Por las mismas fechas, los pagarés del Tesoro superaban los 300.00ó millones de pesetas, con aumento de 200.000 millones en el primer trimestre, aunque la estrategia de la banca se basa en quedarse con ellos y, en todo caso, recolocarlos entre su clientela, como ha hecho siempre con la deuda pública a medio y largo plazo.

De acuerdo con aquel objetivo, el Gobierno ha previsto financiar este año el déficit estatal de 1,11 billones de pesetas con 650.000 millones de deuda a corto, 240.000 millones de deuda pública -a medio y largo plazo, 140.000 millones con préstamos del exterior y 81.196 millones con recurso al Banco de España (éste superó los 600.000 millones en 1982).

Las previsiones de déficit total de las administraciones públicas son mayores, y fuentes privadas y de la Administración coinciden en que se aproximará a 1,4 billones (6% del producto interior bruto).

Sin embargo, medios solventes de la Administración han aceptado como muy probable que la deuda a corto quede lejos de aquellos límites, recordando que los 650.000 millones son un tope máximo. Aunque el criterio imperante en el Gobierno tiende a subrayar que no son los tipos de interés el origen de la atonía inversora, y menos los de a corto plazo, altos cargos han recomendado la conveniencia de no forzar los mercados interiores de capitales, con el fin de evitar mayores tensiones alcistas. Pero el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, considera incluso necesario mantener ahora altos los tipos a corto, para atraer capitales hacia España, con el fin de financiar el déficit de la balanza por cuenta corriente y contrarrestar así las presiones contra la peseta.

La banca se defiende

Desde la gran banca se han puesto de relieve los inconvenientes que tendría una política agresiva de deuda pública a corto en las instituciones financieras. Como los gastos provocados por la expansión de bancos y cajas durante los últimos años se están desacelerando a duras penas -si bien en un momento en que requiere ingentes recursos para afrontar la morosidad interior y exterior, así como para seguir el actual proceso de concentración, que ha favorecido la crisis de bancos pequeños y medianos-, el sector financiero traslada con bastante rigidez a su clientela toda minoración de ingresos.Una brecha sensible -en torno a los 30.000 millones de pesetas de menores ingresos para bancos y cajas durante 1983- ha sido abierta por el Gobierno socialista con las dos modificaciones de coeficientes (tras la devaluación de diciembre y en primavera pasada). Estas medidas han inmovilizado directamente el 2% de los depósitos o han reducido su rentabilidad (desde el rendimiento normal al 8% pagado por el Banco de España a los depósitos obligatorios).

Contener los Intereses

Ambas reducciones, unidas al cambio de certificados de regulación monetaria por deuda a corto, detendrán el fuerte crecimiento de los intereses pagados a bancos privados y cajas de ahorro, que suponen reducción de los beneficios anuales del Banco de España y, por tanto, menores ingresos para el Estado.Durante 1982, los bancos engrosaron sus rendimientos del Banco de España desde unos, 65.000 millones a unos 116.000 millones de pesetas, en tanto que los ingresos de las cajas de ahorro por este concepto pasaron de 30.000 millones a 63.000 millones de pesetas.

Compensando estas cantidades por lo que tuvieron que pagar al banco emisor por el dinero tomado del mismo -44.000 millones la banca privada y 3.000 millones las cajas-, la primera tuvo una ganancia neta de 72.500 millones, el doble que en 1981, y las cajas de 60.600 millones, casi el triple que el año anterior.