El fiscal pidió 47 años por el fraude del Consorcio de la Zona Franca

El ministerio fiscal solicitó ayer que se impusiera un total de 47 años de prisión y una indemnización conjunta de 1.250 millones de pesetas, a los tres procesados por el fraude del Consorcio de la Zona Franca. La petición fue corroborada por los abogados querellantes Rafael Jiménez de Parga, en nombre del Ayuntamiento de Barcelona, y Manuel Tintoré Cazurro, que representaba al Consorcio. El juicio quedó visto para sentencia.Con esta petición de los magistrados Hernandez Pardos, Fernández Oubiña y Barrera Cogollos, finalizó la sesión de la mañana en la que se configuró la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación en documento oficial, encubrimiento y receptación. Por tales delitos se reclama para José Luis Bruna de Quixano 26 años de prisión, 12 años a Rafael del Barco y 9 para Fernando Serena. El ministerio público y los dos aboga dos querellantes argumentaron esta petición incidiendo en el carácter público del organismo.

Según el fiscal, el escándalo acaecido en el Consorcio de la Zona Franca tuvo su origen en octubre de 1976, cuando la Administración se dio cuenta de que el proyecto CITA (Centro Integral de Transportes y Almacenamiento) estaba abocado al fracaso, ya que los terrenos en los que se había proyectado su construcción estaban calificados como zonas agrícolas. El fiscal recalcó que los procesados José Luis Bruna de Quixano y Antonio de la Rosa -este último huido- estuvieron de acuerdo desde el primer momento en la gestación del fraude.

El letrado Rafael Jiménez de Parga destacó el papel de Fernando Serena y Rafael del Barco en el fraude. Afirmó que conocían perfectamente el origen fraudulento del dinero que Antonio de la Rosa aportaba a los negocios comunes. Este hecho les llevó a cooperar con el huido.

Los abogados encargados de la defensa iniciaron sus parlamentos a las 5.30 de la tarde, señalando que sin la presenciad e Antonio de la Rosa no se podía enjuiciar a nadie. Octavio Pérez Vitoria, encargado de la defensa de José Luis Bruna, basó sus argumentos en la falta de pruebas de la acusación y en el carácter privado del Consorcio. Pérez Vitoria dio como prueba de esta privácidad una orden del Ministerio de Hacienda, en la que se especifica que "el consorcio es una entidad de carácter privado, concesionaria de servicio público, que tiene un fin de lucro". "Si el consorcio", añadió Pérez Vitoria, no es una entidad pública, no ha podido producirse malversación de fondos públicos".

Gonzalo Quintero, en defensa de Rafael del Barco, señaló que los argumentos de la acusación se basaban sólo en la suposición de que su defendido conocía el delito.