El PSC propuso el traspaso del control de Catalana al sector público autonómico

La preservación de las raíces de Banca Catalana con su comunidad de origen, su mantenimiento como entidad de dimensión mediana o grande, y su traspaso al sector público como trampolín instrumental para convertirla en una entidad de carácter mixto y con amplia participación de un futuro sector público catalán, son las características del documento de 15 folios que los socialistas, catalanes entregaron en marzo al Gobierno. El presidente del Gobierno se refirió a este documento el miércoles en el Congreso.

Felipe González dijo que respetaba la posición incluida en el mismo, "pero no siempre la postura del Gobierno tiene que coincidir con la del partido" y añadió que el Gobierno "sigue en su política de no abrir un proceso de nacionalización". El Gobierno, en efecto, no utilizó el derecho de tanteo, aprobando la adjudicación de Banca Catalana a un pool de 13 bancos privados.El documento de marzo indicaba que existían dos opciones básicas para Catalana, ambas "posibles", por lo que la decisión "no es técnica, sino política", y apostaba por la primera. Esta consistía en "apostar por un banco de dimensiones apreciables, con voluntad de mantener una presencia cierta en Cataluña".

La otra consistía en "redimensionar la estructura de la entidad a la realidad actual de su negocio", lo que implicaba una "reducción drástica" de los gastos de personal y de los gastos generales a un plazo breve, posiblemente de dos años.

Tras establecer como objetivo la "consolidación de una entidad bancaria catalana, perfectamente saneada y rentable, de una dimensión mediana-grande", el documento propugnaba una serie de actuaciones financieras para sanear, recuperar depósitos y relanzar la entidad, y hacía una propuesta sobre la propiedad.

Las alternativas

Una alternativa era la transmisión de la propiedad a accionistas catalanes, instituciones o particulares, pero ya se habían demostrado las dificultades para reunir capital suficiente; una subvariante de ello era el traspaso a las cajas de ahorros, pero ello "contradice el programa" electoral del PSOE; otra subvariante estribaba en la entrada del sector público catalán, la Generalitat "pero las especiales vinculaciones de su actual titular con Banca Catalana han conducido a que dicha institución esté moralmente desautorizada para desarrollar una política activa en este sentido, en un plazo inmediato".La segunda alternativa era el traspaso a la gran banca. El documento objetaba a ello que significaba renunciar a la vinculación catalana de la entidad; era incoherente con el programa del PSOE (por las grandes cantidades destinadas al saneamiento, y porque la gran banca era la "beneficiaria de un proceso de saneamiento sin haber participado activamente en el mismo"); y equivalía a convertir definitivamente Banca Catalana en una entidad de dimensiones pequeño-medianas.

La tercera posibilidad es la que defendían los socialistas. catalanes: el traspaso al sector público central. "Es cierto", reconoce el documento, "que ello no garantiza a corto plazo la catalanidad de la titularidad patrimonial", pero ello es "reversible" e introduce además un elemento de "estabilidad y confianza".

Propiedad mixta

Para ello se hacía una triple propuesta. La primera consistía en la transmisión al Estado de las acciones propiedad del Fondo. La segunda era el establecimiento de un plan de reversíón de la participación mayoritaria de Banca Catalana a titulares catalanes. La aprobación de este plan y la voluntad política de llevarlo a cabo "debería comunicarse a la opinión pública" en el mismo momento de efectuarse la transmisión de la propiedad del FGD al Estado, "y constituiría la garantía básica del mantenimiento futuro de las raíces catalanas de la entidad".El plan debía fundamentarse en la creación de una institución financiera pública catalana, creada y gestionada por la Generalítat. Los recursos 4e este ente público se habrían obtenido por la emisión de algún tipo de pasivo computable, que fuera suscrito por las Cajas. Una de las funciones de este ente público era precisamente contribuir a la política dé reflotamiento del sector financiero, en la cual "se inscribiría la suscripción de las acciones de Banca Catalana, a largo plazo, a razón de 596,3 millones anuales durante diez años o de 1.192,7 millones durante cinco años".

El resultado de la composición de la propiedad, al cabo de este plazo (5 o 10 años) consistía en la presencia de unos minoritarios privados, una institución de sector público catalán, y la presencia del Estado central, si se juzgaba oportuno. Para llegar a ello había una dificultad, indica el texto socialista, el actual ocupante de la Generalitat. Por ello, "se debería centrar el peso de la iniciativa legislativa más; en el Parlamento de Cataluña que en el ejecutivo".

La tercera propuesta era la adopción de formas de descentralización en la gestión por parte del Estado, mientras se fuera desarrollando ese proceso de reversión hacia el incipiente sector público catalán, lo que suponía, además, el cumplimiento de las previsiones del Estatuto de, Cataluña sobre participación, de la Generalitat en la empresa pública radicada en esta comunidad autonómica.