El juicio por la catástrofe de Seveso se inicia hoy en Italia en un clima de abierto escepticismo

Primero fue la talidomida, después Séveso, y, en España, el síndrome tóxico. Son los permanentes desastres ecológicos e industriales que han golpeado sin cesar nuestra sociedad en los últimos años. En contadas ocasiones los responsables de estos graves incidentes han comparecido ante los tribunales de Justicia y cuando al fin se les ha obligado a sentarse en el banquillo de los acusados, la indignación popular y de los afectados aparecen diluidas por el paso del tiempo y por las generosas indemnizaciones. La catástrofe de la ciudad de Séveso no tendrá mejor suerte, a pesar de que hoy el Tribunal de Monza ha convocado a los abogados, a los cinco acusa dos y a los testigos con la intención de iniciar la vista oral del juicio.

Hoy a las nueve de la mañana se iniciará en el Palacio de Justicia de Monza el juicio contra cinco técnicos de la empresa ICMESA, responsables de la contaminación de dioxina que asoló la ciudad de Séveso en julio de 1976. En un plazo de un mes esta es la segunda ocasión en que los magistrados italianos convocan a los procesados, a los 25 testigos y a los cerca de sesenta abogados. Pero es muy posible que el juicio tampoco llegue a celebrarse hoy en Monza y que quede aplazado hasta el próximo viernes, día 13.La historia de este procedimiento judicial se remonta al 10 de julio de 1976 cuando una nube tóxica de dioxina salió de la empresa ICMESA, se extendió por los términos municipales de Séveso, Medea y Césaro Maderno, provocando un rosario de graves enfermedades a los vecinos de la zona. Cerca de 1.800 hectáreas de campiña resultados afectadas, mientras que unos 83.000 animales murieron a consecuencia del gas. Centenares de personas resultarían lesionadas por enfermedades dermatológicas, trastornos respiratorios y hepáticos.

Derribo de viviendas

Algunos sectores de la ciudad de Séveso, en concreto los barrios de San Pietro, Barrucane, Labale, Meredo y Molinelo tuvieron que ser evacuados. Las autoridades sanitarias y la Administración aconsejaron posteriormente el derribo de las viviendas del barrio de San Pietro. Hoy las nuevas casas de San Pietro se levantan en una colina, que bordea la autopista de Milán. Desde allí se puede divisar la fábrica de ICMESA solitaria, con las puertas cerradas y sin otra vigilancia que la de dos porteros que no permiten que nadie se adentre en el recinto.Alrededor de la fábrica de ICMESA, en el barrio de San Pietro, se extienden los campos yermos que fueron escenario de un tratamiento de saneamiento durante los años 1976 y 1977. Allí no crece ni un árbol, ni una planta, sólo de vez en cuando aparece entre las piedras una brizna de hierba. Son los efectos de la dioxina, un producto químico que se utilizó como defoliante en la guerra del Vietnam.

A raíz de estos hechos, la justicia italiana investigó la conducta de doce personas, en su mayoría técnicos de ICMESA y responsables de la multinacional suiza Guibandan. Al principio, se encontraban sumidos en la investigación un buen número de funcionarios del departamento de sanidad, incluso el propio alcalde de Medea, municipio donde se levanta la fábrica contaminante. Tres de estos ciudadanos investigados permanecieron, provisionalmente durante cinco meses en prisión.

Siete años después de que se iniciase este procedimiento judicial, el balance es desolador. En el Palacio de Justicia de Monza el polvo ha empezado a invadir los 56 tomos del sumario. Seis de los procesados se han visto apartados de la causa judicial, gracias a las amnistías dictadas por el Gobierno o porque el Tribunal ha considerado que no existen razones suficientes para continuar manteniendo la acusación. Un séptimo procesado -Paoletti Paolo, responsable de la producción de la fábrica- moriría el 5 de junio de 1980 tiroteado por la Primera Línea cuando salía de su casa de Monza.

Sólo cinco procesados se sentarán en el banquillo de los acusados para responder de los presuntos delitos de lesiones y daños y para intentar esclarecer el suceso. Pero nada de esto parece preocupar a los habitantes de la comarca.

Ni siquiera es seguro que el juicio se celebre. Los abogados defensores son partidarios de un aplazamiento. Los acusadores se manifiestan en el mismo sentido.

El pasado 18 de abril el juicio por la catástrofe de Seveso se suspendió al presentarse cerca de 200 vecinos que reclamaban compensaciones económicas. Los abogados defensores y los representantes de la multinacional Hoffman-Larroche-Guibaudan, propietaria de Icmesa, solicitaron la suspensión de la vista oral para poder negociar con los reclamantes. Trataban así acogerse al atenuante establecida en el código Penal italiano según la cual se puede reducir en un tercio la pena de los acusados si han resarcido económicamente a las víctimas antes de iniciarse el juicio oral.

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